Denuncias de desvío de fondos y presiones a empleados salpican al partido oficialista, mientras el gobierno de Javier Milei se desentiende del escándalo.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), con un presupuesto anual de aproximadamente cinco billones de pesos, se encuentra en el centro de una tormenta política. Diversas denuncias apuntan a que funcionarios del partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA), habrían utilizado recursos del organismo para financiar actividades partidarias, incluyendo presiones a empleados para que aporten parte de sus salarios.
Una trama de desvíos y presiones
El escándalo que envuelve al PAMI no es un hecho aislado ni una simple acusación sin fundamentos. Diversas fuentes y testimonios coinciden en señalar un patrón de comportamiento que se repite en varias provincias del país. Funcionarios designados por La Libertad Avanza habrían exigido a empleados del PAMI y de la ANSES que entreguen entre el 5% y el 15% de sus salarios para financiar actividades del partido. En algunos casos, las presiones habrían llegado al punto de solicitar sumas fijas, como el caso de la diputada Viviana Aguirre, quien denunció que le exigieron un millón de pesos al asumir su cargo en la sede de La Plata .
Estas prácticas no solo son éticamente cuestionables, sino que también podrían constituir delitos penales. El uso de fondos públicos para fines partidarios está expresamente prohibido por la legislación argentina, y las denuncias ya han motivado investigaciones judiciales en varias provincias, incluyendo Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco.
La respuesta oficial: negación y desentendimiento
Ante la gravedad de las acusaciones, la respuesta del gobierno de Javier Milei ha sido, cuanto menos, insatisfactoria. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que «no tenemos absolutamente nada que ver» con los hechos denunciados y que «si hay algo más que decir, tiene que decirlo la Justicia» . Esta postura de desentendimiento contrasta con la magnitud del escándalo y con la necesidad de una respuesta política contundente.
Además, el PAMI anunció la realización de una auditoría interna para esclarecer las irregularidades, pero hasta el momento no se han conocido resultados concretos ni sanciones a los responsables . La falta de transparencia y de acciones efectivas alimenta la sospecha de que se trata de una maniobra para ganar tiempo y diluir el impacto del escándalo.
Una estructura partidaria financiada con fondos públicos
El caso del PAMI no es el único que involucra a La Libertad Avanza en prácticas de financiamiento irregular. Según informes, el partido habría utilizado recursos de otros organismos estatales, como la ANSES, para financiar su estructura partidaria . Estas prácticas incluyen la designación de militantes en cargos públicos a cambio de aportes económicos y la exigencia de «diezmos» a empleados estatales.
En algunas provincias, como La Pampa, se ha identificado a personas específicas como responsables de la recaudación de estos fondos. Por ejemplo, Julio Jamad, vocal del Consejo Ejecutivo Provincial de La Libertad Avanza, fue señalado como «el recaudador» porque aparece como el titular de una cuenta en la que funcionarios depositan el 15% de sus salarios para financiar las actividades de campaña.