Un caso de homicidio en Santa Fe ha destapado una historia escalofriante sobre la impunidad y el colapso del sistema de justicia en Entre Ríos. Ignacio Sebastián Ramos, un individuo con más de 50 detenciones previas y una condena por extorsión, fue detenido por el asesinato de José Ricardo Cejas, un estilista de Santa Fe.
La historia de impunidad
Ramos había sido condenado en 2017 por extorsionar a la entonces presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, y otros empresarios y profesionales. Sin embargo, gracias a un acuerdo abreviado, Ramos quedó en libertad y nunca cumplió prisión efectiva.
La pregunta es: ¿cómo pudo ocurrir esto?
La Procuración General de Entre Ríos, encabezada por Jorge García, no solicitó prisión preventiva para Ramos ni activó mecanismos de control posterior. El sistema de justicia parece haber fallado en su deber de proteger a la sociedad y garantizar la seguridad ciudadana.
Un sistema que protege a los suyos
Mientras Ramos quedó en libertad y cometió un delito grave, un abogado denunciante, Carlos Guillermo Reggiardo, enfrenta un pedido de prisión efectiva por denunciar irregularidades en el Poder Judicial entrerriano. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué el sistema de justicia parece proteger a los suyos y perseguir a quienes denuncian irregularidades?
La sociedad entrerriana exige respuestas
La ciudadanía entrerriana tiene derecho a saber cómo pudo ocurrir esto y qué medidas se tomarán para evitar que se repitan casos similares. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el sistema de justicia.
El daño está hecho. La Justicia, también
La víctima se llama José Ricardo Cejas. Pero también es víctima la sociedad entrerriana, que ve con impotencia cómo se libera a delincuentes probados mientras se condena a quienes exigen justicia.
Y la pregunta final no es si Ramos debió estar preso. La pregunta es: ¿quiénes lo protegieron, por qué, y hasta cuándo?
Procuración o protección
El caso Ramos no es un accidente judicial. Es la consecuencia de un esquema funcional sin control externo, sin transparencia, sin límites. Un aparato que, lejos de actuar con ecuanimidad, protege a los propios y persigue al disidente. Una Procuración que pelea con el Superior Tribunal por cuotas de poder, pero no articula política criminal para defender a la sociedad. Una estructura que prioriza las internas, los ascensos, los concursos digitados y las amistades políticas por sobre la seguridad ciudadana.
Cuando alguien con más de 50 causas y una condena por extorsionar a una jueza de Corte termina siendo el autor de un homicidio, no hablamos de error judicial. Hablamos de encubrimiento funcional. Hablamos de un sistema que eligió no hacer nada.
Y cuando ese mismo sistema pide cárcel para un abogado denunciante, la gravedad se vuelve intolerable. (Entre Ríos 24)