A través del Decreto 373/2025, se estableció que el Gobierno nacional transfiere la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de mantener la ejecución directa de las políticas de asistencia. Por su parte, el Ejecutivo nacional tendrá sólo la responsabilidad de “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.
El decreto modifica la Ley 27.654, de Situación de Calle y Familias sin Techo (2021), creada originalmente para proteger los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de perder su vivienda en el país. El Poder Ejecutivo pudo reformar una ley por decreto por facultades que le otorgó el Congreso a través de la Ley Bases.
Se estableció, además, que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendrá la función de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional. El artículo 1º del decreto establece que las distintas jurisdicciones “elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios”.
Además, deroga el inciso A del artículo 12 de la ley que establecía que todos los programas existentes sobre personas en situación de calle debían ser mantenidos o integrados a los nuevos, sin disminuir su alcance. “Constituye un obstáculo normativo que impide la revisión crítica, el rediseño y la optimización de los programas, promoviendo la acumulación de acciones ineficaces y redundantes”, justificó.
¿Qué implica la nueva medida del Gobierno nacional?
“Esta nueva medida no tiene un impacto directo como la caída de un programa, sino más bien un deslinde de responsabilidades”, señaló a Chequeado Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Y agregó: “Se diluye el rol que cumple el Estado nacional en esta problemática. Ahora es un coordinador de las políticas locales. Uno de los grandes reclamos de las organizaciones de base es que, desde que se sancionó la ley, no hay una política de cumplimiento. Por ejemplo, se reclama un relevamiento de las personas en situación de calle a nivel nacional. Con esta modificación, se pierde también aquello que reclaman las organizaciones”.
Consultada por este medio, Mariam López Dualde, trabajadora de la Red Puentes -organización que realiza un abordaje comunitario e integral de los consumos problemáticos y situación de calle-, destacó: “Lo que hace la ley nacional es involucrar a actores nacionales, haciendo cargo de las personas en situación de calle a mucha gente que en las leyes de la provincia de Buenos Aires y CABA no están. En el decreto, ahora, aparecen las leyes de estas jurisdicciones como si fuesen modelo de cómo tratar la población en situación de calle, pero es importante pensarla a nivel nacional. No es lo mismo pensar la territorialidad de Chaco que la de la provincia de Buenos Aires”.
Sobre la derogación del inciso A del artículo 12 de la ley que prohibía desarmar los programas vigentes, López Dualde señaló: “Ahora se pueden cortar todos los programas que ya existen. El subsidio habitacional, por ejemplo, es el hincapié para que una persona pueda proyectarse bajo un techo. Cortar este programa imposibilita pensar un proyecto de vida integral a largo plazo para las personas en situación de calle. Es un desguace a cómo pensamos las organizaciones”.