La Cámara Nacional Electoral resolvió revocar la autorización que permitía al frente encabezado por Carolina Gaillard y Paola Rubattino competir con el nombre “Ahora la Patria”. El fallo deshizo lo dispuesto por el juez federal con competencia electoral en Entre Ríos, Leandro Damián Ríos, y terminó beneficiando al binomio oficialista Adán Bahl–Guillermo Michel.

El argumento central fue la supuesta confusión con la marca “Fuerza Patria”, utilizada por el peronismo en 14 distritos del país y presentada en la provincia como “Fuerza Entre Ríos”. Sin embargo, desde el sector de Gaillard sostienen que se trató de una excusa jurídica para limitar la competencia política y debilitar a una lista que buscaba instalar una identidad propia.

En un duro comunicado, el espacio de la diputada nacional denunció la “instrumentalización de la Justicia Electoral” para dirimir internas partidarias. “Michel manipula a los tribunales para sacar del juego a quienes no forman parte de su armado”, remarcaron.

El caso no es aislado. En los últimos años, distintos fallos en Entre Ríos despertaron sospechas de favoritismo hacia sectores oficialistas. Entre ellos, la habilitación exprés de alianzas con escasa representación territorial o la demora en reconocer a partidos de oposición con presencia consolidada en varios departamentos. Cada una de estas decisiones fue interpretada como señales de un Poder Judicial que actúa más como actor político que como árbitro imparcial.

La resolución contra Gaillard no solo complica la estrategia electoral de ese espacio, sino que también profundiza la percepción de que los tribunales intervienen de manera selectiva, reforzando al oficialismo y debilitando cualquier alternativa que amenace su hegemonía.

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