En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Entre Ríos celebrada hoy, se formalizó el ingreso del pedido de juicio político presentado por el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, contra la jueza Gisela Schumacher. La solicitud se fundamenta en la presunta arbitrariedad de la magistrada al modificar su postura en dos fallos relacionados con el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción en el denominado «megajuicio».
Según Rossi, en mayo de este año, Schumacher rechazó un recurso extraordinario federal interpuesto por Urribarri, argumentando la inexistencia de agravios suficientes para justificar la intervención de la Corte Suprema. Sin embargo, en octubre, la jueza cambió su criterio y concedió el recurso, señalando posibles violaciones al debido proceso que ameritaban una revisión. Este cambio de postura, sin una fundamentación sólida, es interpretado por Rossi como una vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido proceso.
El periodista Hernán Blazquez, presente en la sesión, entrevistó a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gabriela Lena, y al diputado provincial por el Departamento La Paz, Bruno Sarubi, ambos de Juntos por el Cambio. Aunque evitaron referirse específicamente al caso, manifestaron que se ha dado curso al trámite y que, a partir de la próxima semana, se iniciarán las citaciones correspondientes para el desarrollo del proceso de juicio político.
Roque Fleitas de la Liberta Avanza prefirió no hablar se presume que la bancada libertaria tiene un acuerdo para hacer caer el juicio político por la vinculación con dirigentes del PJ con intereses en las causas.
Es relevante mencionar que la jueza Schumacher es pareja de Ángel Giano, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex candidato a intendente de Concordia. Giano ha sido señalado por presuntas irregularidades en designaciones durante su gestión, aunque actualmente no ocupa ningún cargo público.
Este proceso de juicio político pone en el centro del debate la independencia y coherencia del Poder Judicial en Entre Ríos, y su desarrollo será seguido de cerca por la ciudadanía y los actores políticos de la provincia.