El vocero presidencial aseguró que el Presidente firmará el DNU durante la próxima semana. Aseguró que la empresa tiene «un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones de todos los gobiernos populistas” que “ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
El Presidente Javier Milei firmará la próxima semana un decreto para declarar a Aerolíneas Argentina sujeta a privatización. La confirmación oficial la realizó el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.
Luego de una semana de suma tensión por el conflicto con el gremio de Aeronavegantes a raíz de las protestas por reclamo salarial sumado al debate en la Cámara de Diputados por la privatización de Aerolíneas Argentinas, Milei avanzará de forma unilateral con la intención de privatizar la compañía.
La noticia la confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien contó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que la compañía «arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones de todos los gobiernos populistas y que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal».
En la misma línea, Adorni detalló que este decreto se firmará «en los primeros días de la semana que viene».
El vocero enumeró las causas que, según él, son las que precipitan el déficit de Aerolíneas Argentinas. Entre ellas destacó «la estructura sobredimensionada con 1204 pilotos de línea para 81 aviones, siendo un número excesivo comprado con el promedio de la industria».
Luego hizo referencia a los beneficios que usaba la empresa: «Pago de los traslados, pago del tiempo de traslados, beneficio por cumpleaños, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, uniformes, bonos en dólares, condiciones de descanso diferentes a la industria, períodos festivos, comisiones prolongadas, pasaje por matrimonio, pasajes cuando tenían hijos y pasajes si estaban jubilados con tarifa mínima; entre otros».
Diputados comenzó a debatir la privatización de Aerolíneas Argentinas pero el oficialismo aún no consiguió dictamen
En medio de la tensión con los aeronavegantes, la Cámara de Diputados abrió la discusión sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas con los proyectos de Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Inicialmente, el objetivo del oficialismo era obtener las firmas para el dictamen de mayoría en un debate express, sin embargo, habrá otras reuniones informativas con invitados de varios sectores antes de avanzar con una decisión definitiva.
Luego del fallido intento de privatización que formó parte de la Ley Bases –que retiró de la lista a AA en el Senado-, el Gobierno decidió propiciar la venta la aerolínea de bandera a raíz del fuerte conflicto que mantiene con los gremios del sector, el cual se agravó en las últimas semanas con los paros por reclamos salariales que provocaron suspensiones o demoras en los vuelos.
El debate comenzó con la intervención de los autores de los proyectos y luego brindaron un informe, para defender la privatización, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Rolandi hizo especial énfasis en el “el déficit crónico que Aerolíneas presentó desde el momento de su reestatización” y el “avasallamiento que la dirigencia de Aerolíneas Argentinas realizó sobre todo el sector”.
El funcionario señaló que «desde 2008 todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de u$s8 mil millones” y lo comparó con American Airlines que, según Rolandi, tiene un costo de «u$s7 mil millones» y «opera 970 aviones». «Nosotros en Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones. ¿Dónde están los 900 aviones que faltan? Perdimos 900 aviones», aseveró.
diputados comisión privatización aerolíneas frente de izquierda
Por su parte, Mogetta explicó: «No estamos haciendo un ataque ni una exposición contra Aerolíneas Argentinas; lo que queremos es que compita, que sea sana comercialmente para que compita con las mismas reglas con las que funcionan las otras aerolíneas”.
En tanto, Fabian Lombardo, presidente de la empresa estatal, no participó del encuentro, pese a los reclamos por su presencia por parte de la oposición.
Mientras que los autores de las iniciativas hicieron hincapié en los beneficios que tendría privatizar Aerolíneas Argentinas para «viajar mejor y más barato», sus detractores reivindicaron el rol de la empresa durante la pandemia para el traslado de las vacunas y resaltaron que el debate es “antirreglamentario porque ya se dio este año con la Ley de Bases.
Sobre uno de los argumentos principales del Gobierno, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano ironizó: «En cuanto al déficit del cual se habla tanto en estos días, primero tienen que ponerse de acuerdo, porque el ministro de Economía primero planteó que el déficit de Aerolíneas del último semestre era de u$s273 millones. Pero el presidente de Aerolíneas, que depende del ministro, salió al otro día a decir que el déficit era de 84 millones… O sea: le erraron por 189 millones de dólares en dos días. ¡189 millones de dólares de error en el mismo Gobierno!”.
En una postura más moderada, el diputado de Hacemos Coalición Nicolás Massot, propuso «desideologizar la discusión” y se explayó: «Es cierto que nada tiene que ver la tenencia accionaria de la compañía aérea con la soberanía o la defensa de los puestos de trabajo o la conectividad», en detrimento de parte de los argumentos de Unión por la Patria o la izquierda. Sin embargo, advirtió que tanto el proyecto de Lombardi como el de López “son una copia de la privatización de la Ley Bases”.
Massot planteó que, con estas propuestas, se le da al Gobierno «la total libertad para que tenga igual condición en un desguace de activos o en un contrato de administración, en una privatización parcial o una privatización total que puede derivar, o no, en que un próximo comprador la desguace». Es decir que, ninguna de las iniciativas contempla la metodología para la privatización, sino que la deja en manos del Ejecutivo.
Los radicales, que probablemente sean quienes tienen la llave para facilitar o trabar el dictamen para la privatización, no tuvieron gran participación durante la reunión. El único orador fue Fernando Carbajal, quien se manifestó en contra de la privatización tal como se detalla en los proyectos en tratamiento, pero no forma parte de las comisiones. Las diferencias dentro de la UCR mostraron matices en esta discusión, ya que una parte del bloque está dispuesto a apoyar este proyecto mientras que un puñado de sus integrantes no.
Los proyectos en tratamiento
La decisión de apretar el acelerador para tratar de aprobar la privatización de la empresa se adoptó en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diputados de la La Libertad Avanza (LLA), PRO y el MID. La intención es trabajar en base a las iniciativas presentadas por los diputados Hernán Lombardi, del PRO, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
El proyecto de Lombardi establece declarar «sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A». Además, se autoriza a «establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1°».
En cambio, la iniciativa de la Coalición Cívica pide que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).
En ese sentido, la ley fija que la comisión deberá ser informada de cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Ejecutivo en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696.
También de las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de «transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión».
Además, fija que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de 120 días hábiles. (C5N)