El mandatario cumplió con lo que se había anunciado apenas fue sancionada la ley. Es la primera vez que utiliza este recurso. Será publicado el lunes en el Boletín Oficial.
A poco más de una semana se haberse aprobado la ley de Movilidad Jubilatoria, el presidente Javier Milei firmó el veto total a la norma que establece una mejora en los haberes para jubilados. La decisión será publicada el próximo lunes en el Boletín Oficial.
Es la primera vez que el mandatario libertario utiliza este recurso y desde Casa Rosada observan con atención cuál será la reacción del Congreso.
El jefe de Estado mantuvo por la tarde un encuentro con bloques aliados del PRO y del MID con el objetivo de garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.
Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita «ampliada» con el resto de los legisladores que integran esas bancas.
Si se contempla el acompañamiento de los bloques de Carolina Píparo y Lourdes Arrieta junto a otros bloques que nunca votaron distinto al Gobierno, el oficialismo cuenta con 86 votos: considerando la composición de 256 de la Cámara baja, esa cuenta evitaría que el abanico opositor alcance los 172 apoyos que representan dos tercios.
«El Presidente nos informó sobre su decisión de vetar totalmente la ley previsional debido a su impacto insostenible en el plano fiscal. Además, expresó su intención de mejorar la coordinación y establecer más y mejores instancias de diálogo. En respuesta, propusimos un esquema de trabajo donde, antes de enviar proyectos al Congreso, tengamos una instancia previa de coordinación y trabajo conjunto entre los bloques», señalaron fuentes del PRO a los medios luego de la reunión en Casa Rosada.
Qué dice el veto a la reforma jubilatoria que firmó Javier Milei
C5N pudo acceder al texto del veto que se publicará el lunes en el cual se advierte en los considerando que «el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento» y se marca: «Que las disposiciones citadas tienen por fin limitar la discrecionalidad del PODER LEGISLATIVO, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional».
El texto de 16 páginas, tiene 15 páginas de considerando y en el articulado se veta completamente la ley jubilatoria y lo envía al Congreso.
En otra parte del veto, se detalla que la ley «en caso de ser aplicado, implicaría para el Estado un gasto adicional al previsto de aproximadamente 6 billones para el año 2024; y de 15 billones para el año 2025, que los citados importes equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante».
En otro fragmento, advierten que «dar cumplmiento a la medida dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos».
También el Gobierno planteó en los considerando que «la promulgación traería aparejada futuros incumplimientos, lo cual desnaturalizaría el sentido mismo de contar con un sistema de previsión social; sistema que, tras apenas 8 meses de mandato, ya ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo».
Además, se advierte que «el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación».
En otra parte de documento, el Gobierno afirma que se llevaron adelante «todas las medidas posibles para asegurar el equilibrio fiscal, es deber también del Congreso no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan».
Y sentencian: «La sanción del proyecto de ley constituye un acto irresponsable mediante el cual se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes». (C5N)