Al conmemorarse 18 años desde la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional, la Diputada Nacional Blanca Osuna, puso en valor el recorrido que hizo la iniciativa y el impulso que se le dio durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Recordemos que dicha Ley 26.058 fue sancionada en en Senado de la Nación un 7 de septiembre de 2005. «Previamente, habíamos dado tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Y finalmente culminó promulgada por el Presidente Néstor Kirchner», indicó Osuna.
«Néstor puso a la educación como política de estado y como prioridad dentro de un proyecto de país con inclusión y justicia social. Esa decisión la construyó desde el inicio de su gestión yendo a Paraná. Y después promoviendo leyes que definieron una arquitectura normativa clave: Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley de Garantía del Salario Docente, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Sexual Integral», destacó la legisladora entrerriana.
Pero ¿por qué fue necesaria esta ley? Concepción, gestación y nacimiento
Se puede decir que la educación técnica en Argentina nació en 1899 con la fundación de la primera escuela técnica del país por el ingeniero Otto Krause. Durante los primeros años del siglo XX surgió la necesidad de crear más instituciones técnicas y de formación en oficios ante las demandas de diferentes sectores industriales. Así, se crearon instituciones en todo el país. La creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CoNET), en 1959, permitió uniformar y agilizar su enseñanza.
En los años 1990, con la sanción de la Ley Federal de Educación (N° 24.195), las instituciones de enseñanza técnica y profesional fueron subsumidas por el Polimodal -ciclo posterior al de la educación obligatoria de 9 años (que incluía Educación Inicial y General Básica de 1° a 8° año). En la práctica, esto significó la destrucción de la educación técnica y tecnológica a través de la sostenida desinversión en recursos físicos, humanos y de gestión. El traspaso de las escuelas industriales a los polimodales implicó la dilución de la formación en el nivel secundario, y la ausencia de una validez nacional de los títulos técnicos. Desde varias entidades sectoriales y sindicales se oyeron reclamos que buscaban incluir la formación profesional a contraturno en los últimos años de la EGB e implementar los Trayectos Técnicos Profesionales luego del Polimodal. Finalmente, esta ley fue derogada en 2006 y reemplazada por la Ley Nacional de Educación (Nº 26.206), vigente actualmente.
A partir del año 2003, distintas expresiones de la sociedad civil se sumaron a la voluntad gubernamental de avanzar en programas de recuperación de la enseñanza técnica. Para la discusión del proyecto de ley, se implementaron dos circuitos de consulta a nivel nacional: encuentros federales y el entonces CoNET. A estos se sumaron ministerios provinciales, entidades gremiales, docentes y de sectores productivos; cámaras empresarias; colegios profesionales de técnicos; gobiernos provinciales; y también directivos; docentes y estudiantes.
Al año siguiente, el Consejo Federal de Cultura y Educación (Resolución 215/04) estableció los lineamientos y estrategias para iniciar, en forma sistemática, un proceso de análisis, discusión y consenso con vistas a elaborar un proyecto de Ley de Educación Técnico Profesional, que también cumpliera en los tiempos requeridos para que tomara estado parlamentario en el período legislativo 2004. Hacia fines de ese año, ya estaba elaborado el documento base e ingresó a la Cámara de Diputados para su discusión.
Entre sus puntos elementales, esta Ley de Educación Técnico Profesional fijó un piso de inversión y un Fondo obligatorio para la jerarquización de la formación técnica, para el desarrollo de la investigación y las tecnologías, y para la creación de trabajos en la industria. De esa inversión, entre el 2016 y el 19 apenas fue ejecutado el 0,2%.
El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, resaltó hoy que la Ley de Educación Técnico Profesional “permitió un crecimiento del 111% en la matrícula de estudiantes y la creación de nuevas 136 instituciones desde el 2006” y sostuvo que “eso fue posible por la presencia del Estado”.
«A 18 años compartimos memoria. Y tenemos el desafío de decidir en octubre si queremos profundizar estas políticas educativas, y ampliar derechos a las y los estudiantes y a la comunidad o clausurar esa posibilidad y liquidar el futuro. Está en nuestras manos», completó Blanca Osuna.
