El gobierno bonaerense decidió volver a acudir a la Corte Suprema para exigir que el Estado nacional le pague una deuda de $12,1 billones correspondiente al déficit del sistema previsional de 2023.
Según detallaron, el gobierno nacional —bajo la gestión de Javier Milei— no transfirió los fondos acordados con la ANSES, a pesar de que la Provincia cumplió con todos los requisitos del convenio.
Esta es la segunda vez en poco tiempo que la administración de Axel Kicillof recurre a la Justicia por el mismo motivo. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que el incumplimiento afecta gravemente las finanzas bonaerenses y advierten una posible discriminación en la distribución de recursos hacia las provincias no alineadas con el Gobierno nacional.
Las deudas del Gobierno nacional con la Provincia
El documento compartido por la administración bonaerense presenta un detallado informe sobre las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, con cifras actualizadas a junio de 2025. Según el relevamiento, el monto total adeudado asciende a $ 12,1 billones y está compuesto por tres grandes rubros: deudas directas, saldos impagos de obras públicas comprometidas y fondos correspondientes a programas nacionales discontinuados o demorados. La información está organizada por organismo, tipo de fondo y destino específico, con el objetivo de dar visibilidad al impacto financiero de estas transferencias incumplidas.
Las deudas directas alcanzan los $ 3 billones e incluyen partidas como transferencias de Anses a la caja provincial, compensaciones del Consenso Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y convenios de asistencia financiera. También figuran fondos para salud sexual y reproductiva, medicamentos, equipamiento sanitario y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otros.
El segundo bloque, correspondiente a obras públicas comprometidas y no saldadas, suma $ 6,9 billones e involucra convenios con municipios, programas de vivienda como Procrear y Casa Propia, obras educativas, sanitarias y de infraestructura urbana en toda la provincia.
Por último, el informe estima una deuda adicional de $ 2,2 billones por la paralización o retraso de programas nacionales como Acompañar, Potenciar Trabajo, Clubes a la Obra y Remediar, además de asistencia alimentaria y emergencias climáticas. Esta categorización busca evidenciar no solo las cifras, sino también el alcance social y territorial de las obligaciones incumplidas por Nación.