La Jefatura de Gabinete se negó a otorgarle a la Corte Suprema un pedido de ampliación de partidas presupuestarias para dar nuevos aumentos salariales en el Poder Judicial. En una nota que envió en respuesta a un requerimiento de fondos de los supremos, el jefe de ministros, Agustín Rossi, les dijo diplomáticamente que ellos ya que tienen un «fondo anticíclico» con ahorros por 151.711 millones de pesos, dato que es público, y que es una buena oportunidad para aprovecharlos. Les pidió que tengan en cuenta que es crítica la situación del Tesoro Nacional en el escenario mundial y el contexto «macroeconómico imperante».
Es claro que el Gobierno y el alto tribunal están en un guerra total, en medio del juicio político a los cortesanos que se agrava y la decisión de una mayoría de ellos (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) de subir la apuesta a punto tal de meterse en el proceso electoral y suspender comicios en Tucumán y San Juan, y se verá si hacen lo mismo respecto de otra provincia. Por si fuera poco el ministro Rosatti cuestionó la política de emisión monetaria ante empresarios en una convención de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y sugirió un problema constitucional. Es posible que esta negativa de la Jefatura de Gabinete eche leña al fuego, por más que hubiera sido bienvenido un gesto de austeridad o auto-sustentación de la Corte, y ahora el enigma es si habrá respuesta desde el cuarto Piso de Tribunales.
Los ahorros supremos
La cuestión de los voluminosos ahorros que tiene la Corte Suprema en cuentas bancarias y plazos fijos es conocida en el mundo judicial, pero se amplificó cuando fue a declarar a la Comisión de Juicio Político de la Cámaras de Diputados el exsecretario de Administración, Héctor Daniel Marchi, que fue echado del tribunal después de presentar informes que desnudaban irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) que llegan hasta el presente. Marchi hizo gala de haber dejado todo ese colchón de plata para la Corte cuando lo despidieron, y ninguna deuda. Lo que denunció es que hubo dinero de la OSPJN que se perdió (cerca de 3.000 millones de pesos) en beneficio de los bancos, porque quienes debían administrarlo no renovaron plazos fijos. Pero también detalló la falta de control, balances y presupuestos que llevan a pensar que es imposible saber qué ocurrió con los aportes de los afiliados que en los últimos años padecieron la degradación de ese sistema de salud.
El «fondo anticíclico» fue creado en noviembre de 2008 «para garantizar los recursos financieros necesarios para cubrir hechos generados por la reducción de los recursos previstos y situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos», según explicaba el Centro de Información Judicial (CIJ). En aquel entonces Ricardo Lorenzetti presidía la Corte y Marchi, un aliado suyo, se ocupaba de la plata.
Al año siguiente se produjo la única ocasión en la que el ex poderoso administrador dispuso el uso de parte de esos ahorros porque al Consejo de la Magistratura le faltaban fondos. El organismo nunca los devolvió y esto es hasta el día de hoy motivo de queja en el tribunal. Es una gran paradoja teniendo en cuenta que su presidente, Horacio Rosatti, también preside el Consejo, gracias a un fallo que él mismo firmó (que cambió la composición reponiendo una ley derogada). A valores históricos la deuda sería de 30.000 millones de pesos. Hoy serían unos 100.000 millones, según informaron funcionarios judiciales a este diario. El Consejo, por su lado, pidió este año crédito y recursos. Desde el Ministerio de Economía les adelantaron 5000 millones de los 16.500 que pidieron para mayo y junio.
En varias ocasiones, distintos gobiernos –incluido el de Mauricio Macri– rechazaron reclamos de ampliación presupuestaria de la Corte para aumentar salarios pero por lo general se buscaba un acuerdo para adecuar el monto reclamado. No hubo respuestas tajantes que mandaran a los cortesanos a usar el fondo anticíclico ni tampoco fue utilizado con esta finalidad.
El pedido y la respuesta
La Corte mandó su pedido de ampliación de las partidas presupuestarias actuales el 3 de mayo último con el objetivo, decía, de otorgar un nueve por ciento de aumento a partir del 01 de abril de 2023, otro nueve por ciento a partir del 1 de mayo y nueve por ciento más desde 1 de junio de 2023, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. Todos los meses los judiciales reciben parte del aumento. Terminaron el 2022 con un incremento del 94 por ciento y entraron al 2023 ya con nuevos más aportes a su salario que hasta ahora suman 18,5 por ciento pero con los nuevos tres previsto llegará rondarán el 50 por ciento. El tribunal, sin embargo, dice que la plata no le alcanza y quiere más.
La respuesta de Rossi, a la que tuvo acceso Página/12, fue enviada el viernes y plantea varias cuestiones:
* Como el Poder Judicial, le dice a la Corte, es independiente (algo de lo que les encanta jactarse a los supremos), no le corresponde a la Jefatura de Gabinete «interpretar las necesidades salariales de Magistrados, Funcionarios y empleados, sino establecer las herramientas que permitan atender los requerimientos de las distintas jurisdicciones»
* Hay que tener en cuenta que los aumentos que dispone la Corte luego son aplicados para el Ministerio Público fiscal y el de la Defensa, según surge de sus leyes orgánicas. Todos deben ser «atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante»
* «La coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar», dice. Entonces especifica que el Poder Judicial cuenta con 424.320 millones de pesos mientras que el total de sus «gastos corrientes y de capital asignado» suman 342.959 millones «excediendo dicho monto en $81.361 millones».
*Y agrega: «Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazos fijos al 30 de abril del 2023 por $151.711 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos». Entonces, concluye la nota, la recomposición salarial se podría disponer «dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Vale siempre recordar que todavía una gran mayoría del Poder Judicial no paga impuesto a las ganancias (solo empezaron a tributar quienes ingresaron desde 2017). Al mes de marzo de este año, los escalafones más bajos no ganaban menos de 270.000 pesos; los jueces de primera instancia algo más de un millón de pesos y los de cámara 1,5 millones, igual que los secretarios de la Corte. A eso hay que sumarle los aumentos recibidos y los que recibirán.
Fuente: (Página 12)