El ajuste y la desregulación empujaron a más argentinos a generar su propio sustento. En dos años, creció 55% la población con ingresos por debajo de tres salarios mínimos en el sector informal.
La promesa de libertad económica dejó, dos años después, un país donde millones trabajan más pero para ganar menos. Según un nuevo informe del centro CITRA, al menos cuatro de cada diez personas activas se desempeñan hoy en actividades informales o autogestionadas, y nueve de cada diez de ellas perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos.
En términos absolutos, esto equivale a 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras que intentan sostener su subsistencia en condiciones de creciente precariedad: la población con ingresos bajos dentro del sector informal aumentó un 55,3% en apenas un año. El avance del cuentapropismo de bajo capital, del trabajo familiar sin pago y del empleo doméstico precarizado expone una tendencia común: la del autoempleo forzado como estrategia de supervivencia en un mercado laboral que se achica al compás del ajuste como política de Estado.
La respuesta del oficialismo, sin embargo, es insistir con una nueva reforma laboral que en la práctica ya demostró que la mayor desprotección del trabajador -presentada como “beneficio” para incentivar la contratación- deriva en una profundización de problemas estructurales: lo hecho hasta ahora lejos de crear empleo en buenas condiciones, apuntó a cambios regresivos que «legalizaron» condiciones precarias de contratación lo que, a su vez, no solo afecta las condiciones presentes, sino a la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio, con mayor caída del poder de compra del salario.
Más trabajo, pero sin derechos y con escasos ingresos
A dos años del inicio del actual gobierno nacional el mapa del trabajo muestra una mayor fragmentación y heterogeneidad. Como contracara del trabajo registrado en franco retroceso (-200.000 puestos asalariados registrados desde noviembre 2023) aparece el incremento del cuentapropismo, sobre todo de aquellas actividades que se realizan en total informalidad ante la necesidad de tener un ingreso para la subsistencia cotidiana.
Al respecto, un informe reciente puso sobre la mesa la situación del universo de trabajadores que encuentran expresión en la denominada economía popular y que se han visto obligados, tras las políticas económicas del neoliberalismo menemista y la crisis del 2001, a generar su propio trabajo por las dificultades crecientes de una salida en el mercado laboral formal (cartoneros, cooperativas textiles, agricultura familiar, cocineras comunitarias, limpieza urbana, feriantes, entre otros), llegando actualmente a representar el 27,1% de la Población Económicamente Activa (PEA).
“Dicha población alcanzó los 3,9 millones de personas, y muestra un crecimiento interanual entre inicios del 2025 e igual periodo del 2024 del 6,9%, mientras que la población activa creció 1,4%. Este dinamismo confirma el rol de la economía popular frente a la limitada generación de empleo protegido” puntualizó un documento elaborado por CITRA (CONICET-UBA) que analiza la situación del sector a dos años de gestión de La Libertad Avanza (LLA).
Según el relevamiento al que accedió este medio, la población joven (16–29 años) representó el 25,4% de este sector del trabajo y creció en el último año incluso por arriba del total (+10,9% interanual). Por su parte, la población adulta abarcó el 27,7% del total y se incrementó 5,8%, con un peso central del cuentapropismo de bajo capital. Por su lado, la economía popular representó el 24,2% de la PEA masculina y el 30,9% de la femenina. Mientras que entre varones predomina el cuentapropismo, en las mujeres se combinan empleo doméstico, cuentapropismo y desocupación, reforzando las desigualdades de género.
Además del sostenido incremento de trabajadores sin derechos básicos, un aspecto no menor tiene que ver con la situación de los ingresos. Las cifras son contundentes: el 89,4% percibe menos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) lo que equivale a 3,5 millones de personas que intentan subsistir con menos de 960.000 pesos cada mes. Esto implica un aumento del 55,3% (+1,2 millones de personas) respecto a un año atrás. De hecho, si también se aplica el filtro de ingresos a la población activa, el peso de la economía popular se eleva al 38,4%. Este dato adquiere particular relevancia si se considera que el 71% de la población activa percibió ingresos por debajo de dicho umbral durante el primer trimestre de 2025.
El Salario Mínimo, Mital y Móvil vigente es de apenas 322.200 pesos. Si bien el Gobierno convocó al Consejo Nacional que define su actualización para este 26 de noviembre, lo cierto es que en lo que va de la gestión Milei no se logró acuerdo alguno, por lo que el Ejecutivo terminó definiendo discrecionalmente las subas.
El impacto de esto último no pasa desapercibido: el salario mínimo es 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015, al cierre del gobierno de Cristina Kirchner, según datos de CIFRA-CTA. Como resultado, representa menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado. A este punto, el valor real es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales que aseguren el cumplimiento de las necesidades más elementales según fija la propia Constitución nacional.
Peor aún, la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso más grave que la del año 2001: en julio, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza.
Si se pone el foco en los diferentes rangos etarios, se observa que prácticamente la totalidad de los jóvenes pertenecientes a la economía popular obtuvo ingresos iguales o por debajo de los tres SMVM (94,7%; 836 mil personas). Cabe señalar que el 83,1% de la población activa menor de 29 años no superó este umbral de ingresos. En cuanto a las personas adultas dentro de la economía popular, el 87,8% registró ingresos por debajo de dicho parámetro de referencia (el 66,8% de la población activa mayor de 30 años no superó dicho umbral de ingresos). “El poder adquisitivo de los sectores populares permaneció estancado y fuertemente afectado por los incrementos en transporte y servicios —y en menor medida en alimentos— que superaron considerablemente la evolución de los ingresos, aun contemplando las variaciones del IPC”, señaló el informe del CITRA.
Por su lado, en cuanto a las condiciones de trabajo, el documento refirió que el 52,1% de las y los cuentapropistas no profesionales enfrentaron problemas asociados a la jornada laboral: la sobreocupación creció 3,2% y la subocupación retrocedió 1,8% ya que “el crecimiento del cuentapropismo parece concentrarse en actividades de mayor dedicación horaria o, lo que es lo mismo, en la necesidad de acumular múltiples ocupaciones”.
Las dinámicas difieren por edad: entre los jóvenes creció la subocupación (+27%) y la desocupación temporal (+88%), lo que elevó la inestabilidad al 54,7% del grupo. En los adultos, en cambio, cayó la subocupación (-8,1%) y creció la sobreocupación (4,8%), ubicando a la inestabilidad/pluriempleo en el 51,6%. Por género, los varones mejoraron su inserción con menos desocupación encubierta, mientras que las mujeres evidenciaron un patrón dual: crecieron tanto la ocupación plena como la falta de trabajo en la semana, reflejando mayor fragilidad en su estabilidad laboral.
“La precariedad laboral, que afecta a más de la mitad de la población ocupada, encuentra en la economía popular un correlato claro en la prevalencia del cuentapropismo y del empleo doméstico precarizado, modalidades caracterizadas por bajos niveles de protección social e inestabilidad”, analizaron los investigadores.
Radiografía por provincias
Un mapa de la situación en las seis regiones definidas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC mostró el avance de la informalidad, aunque con características particulares en cada territorio. “El resultado es una estructura heterogénea, pero en todos los casos marcada por bajos ingresos, feminización de los segmentos más vulnerables y persistencia de dinámicas de inestabilidad laboral”, remarcó el informe elaborado por Sonia Balza, Santiago Sorroche y María Inés Fernández Álvarez.
En detalle, en la Región Gran Buenos Aires la economía popular creció arriba del promedio nacional (+10,8%), lo que indicó que “continúa siendo el núcleo más numeroso y dinámico”. El segmento con ingresos menores a tres salarios mínimos alcanzó al 34,3% de la PEA. La sobreocupación creció un 4,8% y la subocupación 3,1%. Por su parte, en la Región Pampeana este segmento del trabajo abarcó el 26,8% de la población activa, y si bien el porcentaje se mantuvo relativamente estable, se observó un fuerte aumento entre quienes perciben ingresos por debajo del mínimo (33,9%) lo que refleja que “aun en contextos de crecimiento limitado, la fragilidad se concentra en los segmentos de bajos ingresos”.
En el caso del Noroeste (NOA) se mencionó que “el aumento de la desocupación y del trabajo familiar no remunerado exhiben una profundización de modalidades más precarias en un contexto regional marcado por el peso de la ruralidad”. La economía popular creció 6,6% y representó el 29,1% de la PEA. El segmento con ingresos bajos se expandió 16,5% y la precariedad alcanzó al 52,3% de las y los cuentapropistas.
Por su lado, en Cuyo, la actividad creció 4,2% e impactó en el 29,5% de la PEA. El segmento con ingresos inferiores a tres mínimos aumentó 28,4%. La participación de la población cuentapropista subocupada o sobreocupada representó el 54,7% de esta fuerza laboral. “La mayor presencia de trabajo no remunerado visibiliza estrategias de reproducción doméstica en un contexto de estancamiento”, destacaron en este caso. En cuanto a la región Nordeste (NEA) la economía popular cayó 1,3%, aunque la sobreocupación se expandió 37,2%.
Por último, en la Patagonia, aunque el universo es más reducido, el crecimiento relativo fue el más pronunciado condicionado por la caída de la población activa. De esa manera “se amplificó el peso de los segmentos precarios, especialmente la desocupación y el cuentapropismo de bajo capital”. La economía popular creció 16,2% y el segmento con ingresos menores qa tres salarios básicos aumentó 32,1%. (El Destape)