Se trata de un proyecto de comunicación que la legisladora entrerriana ingresó a la cámara alta para que se contemple la situación que arrastra hace muchos años la ciudad cabecera de su departamento. Díaz asegura que se torna indispensable encarar inversiones en el servicio de agua potable y al saneamiento, como pilares de una vida digna y saludable. Además, de forma breve y clara, gráfica los serios problemas actuales de infraestructura que afectan directamente un derecho elemental de los y las paceñas, como así también, de todos los entrerrianos.
PROYECTO DE COMUNICACIÓN LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo incluya esta obra de infraestructura sanitaria en el presupuesto 2025, y coordine con el gobierno nacional la obtención de fondos complementarios que garanticen su finalización. La continuidad de este proyecto es fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos de La Paz al agua potable y al saneamiento, como pilares de una vida digna y saludable. En definitiva, se trata de una inversión indispensable para construir una sociedad más justa, equitativa y comprometida con los derechos de todos los entrerrianos.
FUNDAMENTOS
La presente solicitud de inclusión en el presupuesto 2025 de la segunda etapa de la obra de abastecimiento de agua potable y saneamiento para la ciudad de La Paz responde a una necesidad impostergable de infraestructura básica en esta localidad. Dicha obra no solo reviste carácter prioritario en términos de salud pública, sino que su ejecución completa es indispensable para garantizar los derechos humanos fundamentales de acceso al agua potable y saneamiento, derechos reconocidos en la Constitución Nacional (Art. 41) y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1. Situación actual de la obra y necesidades específicas La ciudad de La Paz se encuentra actualmente en una situación de vulnerabilidad y riesgo sanitario debido a que, si bien se ha avanzado en la construcción de una planta de tratamiento de agua, el proyecto está incompleto. En su diseño inicial, la planta permitiría no solo la captación y tratamiento del agua para su potabilización, sino también la distribución eficiente a través de redes y acueductos que cubrirían toda la zona urbana. No obstante, la planta de tratamiento ha quedado aislada en términos de operación, ya que no se han desarrollado las redes de distribución ni las conexiones cloacales necesarias para asegurar el acceso pleno y seguro de la comunidad a estos servicios básicos.
A esta situación se suma la reciente disolución del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), organismo que, en su momento, brindó respaldo técnico y financiamiento inicial para la obra bajo la gestión del Ing. Enrique Cresto. Su eliminación ha dejado la continuación de la obra en un estado de incertidumbre, sin una fuente clara de financiamiento, y ha postergado el acceso de los habitantes de La Paz a servicios fundamentales.
2. Impacto ambiental y riesgo sanitario La carencia de un sistema completo de distribución de agua y de una red cloacal eficiente genera graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente en La Paz. Actualmente, las aguas residuales de la ciudad se descargan sin tratamiento adecuado en cuerpos de agua como el arroyo Caballú y el río Paraná, contaminando el entorno y creando focos de infección que representan un riesgo directo para la población. Este problema estructural ha llevado a un deterioro significativo de la calidad de vida de los habitantes de La Paz, exponiéndolos a enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento, como infecciones gastrointestinales, afecciones dérmicas y otros riesgos sanitarios asociados con la contaminación de fuentes de agua y el inadecuado manejo de desechos.
3. Derechos humanos y normativa aplicable El derecho al agua y saneamiento ha sido ampliamente reconocido por la comunidad internacional. En su Resolución 64/292 de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso a agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado en su Observación General N.º 15 que los Estados tienen la obligación de garantizar a toda persona un acceso adecuado, asequible y seguro a estos servicios.
En el plano local, el derecho a un ambiente sano y a servicios esenciales de agua y saneamiento es un mandato constitucional (Art. 41 de la Constitución Nacional) y constituye una obligación indelegable del Estado en su responsabilidad de velar por el bienestar y la salud pública. La falta de un acceso equitativo y seguro al agua potable en La Paz vulnera directamente estos derechos y representa una situación de desigualdad y marginación inadmisible en nuestra provincia. 4. Inclusión en el presupuesto provincial 2025 La finalización de esta obra requiere el compromiso prioritario del Estado Provincial, no solo por el impacto positivo que tendrá en términos de salud pública y desarrollo social, sino porque representa una deuda histórica con una comunidad que ha esperado por años una solución integral a sus necesidades básicas. La inclusión de esta obra en el presupuesto provincial 2025 permitiría concretar:
– La construcción de tres acueductos principales que garanticen la distribución de agua potable de manera continua y adecuada en toda la ciudad.
– La implementación de un sistema de red cloacal completo que impida la descarga de aguas residuales sin tratamiento, preservando así los recursos hídricos y la salud de los habitantes.
– La mejora general de las condiciones ambientales y sanitarias, alineada con la normativa vigente de protección ambiental y salud pública. Por estos fundamentos solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
