Este lunes se conocerá el fallo judicial en el marco de las acusaciones que arrastra un comunicador radial por calumnias e injurias contra la cúpula de la Cooperativa de Servicio Eléctrico. En un país en donde parece que el poder político está evidenciando su respaldo al sector empresarial, el poder judicial podría dar señales de respaldo a la desprotección del sector popular en el marco de una inmensa desventaja en las asimetrías sociales.
Gerentes que integran la cúpula de poder en una de las instituciones más criticadas por la calidad del servicio que brinda a la población paceña, llevaron al banquillo de los acusados a un periodista. Aducen que se sintieron calumniados e injuriados por supuestas expresiones vertidas en una de las radios FM locales.
El acusado, niega haber formado parte de esas expresiones y en la etapa de alegatos, la parte acusatoria presentó audios de producción propia, no oficiales, es decir, grabaciones y ediciones propias, algi que mayormente suele see descartado por la justicia ya que, las posibilidades de manipulación son incontables, mucho más en estos tiempos de inteligencia artificial.
Además de refutar este procedimiento de producción y presentación de material que intenta ser probatorio de un supuesto delito, el abogado defensor del periodista, se respalda en el Código Penal al citar articulados en los que claramente, deslinda la crítica hacia un funcionario de una institución pública, de una ofensa o ataque personal.
Una vez conocido el desarrollo del juicio, circularon opiniones en la población y queremos poner el foco en par de ellas:
José, un vecino que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado con duras críticas hacia el funcionamiento de dicha cooperativa, asegura que, «una vez que me enteré de los supuestos dichos de Garita (periodista acusado), me sorprendió que lo hayan llevado a juicio porque yo, junto a un grupo de vecinos, hemos expresado lo mismo, con mayor intensidad y quemando cubiertas en la calle, frente a la puerta de ingreso de la cooperativa. Términos como «chorros, » delincuentes», » inútiles», entre otros, formaban parte de nuestras acusaciones y de los cánticos que emitíamos. Nunca nos denunciaron, ni siquiera nos llamaron la atención. Todo se enmarcó en uno de los tantos actos en los que se reproduce la bronca que, es público y notorio, existe hace mucho tiempo con esta institución. Eso no quiere decir que, tenemos algo personal con tal o cual referente de la gerencia, que me imagino, saben las reglas de juego cuando se postulan a conducir un espacio de poder como ese, que dicho sea de paso, sostenemos todos los asociados y en eso radica mayormente muestra indignación».
«También es verdad que, los que se creen intocables intentan usar a la justicia para acallar lo único que expone y hace que se conozca el poder que tienen sobre la economía de la ciudad. Los medios de comunicación, con más o menos filtros, son un espejo de la realidad», asegura este ciudadano que no da su apellido temeroso de posibles represalias.
¿DISCIPLINAR AL QUE MUESTRA LA REALIDAD?
Eso es lo que, según esta posición expresada en nuestro lector, se estaría persiguiendo.
«Cambiar de actitud, tomar medidas, llevar al banquillo a los asociados rebeldes para que todo siga igual», afirma.
Más allá de lo que exprese el fallo del Juez Malvasio, hijo de un hombre que fuera una reconocida figura de los medios de comunicación en La Paz, lo que se abre en esa ciudad es un debate mucho más profundo e interesante en términos de correr velos y exponer los manejos de las estructuras. La cooperativa de servicio eléctrico debe ocupar actualmente, el primer lugar o el segundo como institución de mayor recaudación económica en esa localidad. Hablar de sus aciertos y sus falencias no deja de rozar intereses.
Otra opinión que resulta incómoda por eso elegimos sumarla a éstas líneas:
«Un pequeño grupo burgués conservador que responde a dos o tres súper millonarios, intentan mantener su status quo en La Paz», expresa.
Manifestación tan directas y cruda como para, según la gerencia de la cooperativa en cuestión, llevar al banquillo a cualquiera que la esboce.
«No van a permitir que alguien haga que dos o tres millonarios los saquen de su posición para colocar nuevos testaferros»
«La justicia puede decretar la liberación del yugo opresor que existe en la ciudad de La Paz o seguir haciendo la plancha en un presente que nos hunde en lo más profundo y triste de esta realidad, que es el poder económico oculto tras un servicio esencial», culmina la opinión.
Terminemos esta nota preguntando si hay que matar al cartero. Tal vez el juicio a Luis Garita termina siendo un juicio a toda la ciudadanía paceña que, como asociados a la cooperativa de servicio eléctrico, fueron usados (siempre) en una ciudad pobre, como benefactores económicos de dos o tres privilegiados y un puñado de allegados con muy buenos ingresos.