La movida que comenzó a desplegar el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de encuadrar las paritarias salariales de 2023 en torno del 60% encontró un “rápido y furioso” adherente en el histórico y casi siempre oficialista Roberto Fernández, el timonel de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de choferes de colectivos.
En respuesta al pedido de Massa y de su colega de Trabajo, Kelly Olmos; el titular de la UTA salió a anticipar el visto bueno del gremio a un acuerdo salarial para el primer semestre del año que incluye un ajuste de solo el 31% con una cláusula de revisión a partir de julio. Tras la suba de diciembre del 5,1% que llevó la inflación del año pasado al 94,8%, la marca más elevada desde 1991, el equipo económico necesita cortar la inercia remarcatoria actual y enmarcar, al menos por unos meses, la variación de los precios dentro de la pauta del 60% anual que está prevista en la ley de Presupuesto.
En este marco, el acuerdo abrochado con la UTA le viene de perillas a Massa para utilizarlo como guía y referencia en las negociaciones salariales que se avecinan con los gremios de los ferroviarios, bancarios, textiles, mercantiles, estatales y trabajadores de la sanidad.
El aumento acordado para los choferes de colectivos eleva el salario inicial a $ 210.000 mensuales y dejó al descubierto la particular y curiosa situación en que se desenvuelve el sector del autotransporte público de pasajeros. Las empresas de colectivos, que en un país normal tendrían que haber sido las encargadas de negociar y aprobar las mejoras salariales, se enteraron por los medios del alcance y duración de la recomposición de ingresos que pactaron Fernández y las autoridades nacionales.
En la última paritaria firmada en setiembre pasado, el empresariado y el gremio habían establecido que en el transcurso del primer mes de 2023 iban a celebrar “las negociaciones tendientes a acordar los salarios correspondientes al primer trimestre del año y para el caso de que al 31 de enero 2023 no se arribe a un acuerdo, se otorgará un anticipo a cuenta de $ 20.000 no remunerativo”.
Tras tomar nota de lo anunciado por el líder de la UTA, ahora las empresas dueñas de los colectivos de la región metropolitana del AMBA están a la espera de la convocatoria oficial de las carteras de Transporte y Trabajo para suscribir los acuerdos definitivos que regirán para la primera mitad del año. Antes de eso, Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, tendrán que resolver quién se hará cargo del mayor costo operativo salarial que deberán afrontar las empresas de colectivos: el público usuario con un nuevo aumento tarifario o el Estado con un mayor desembolso de subsidios.
Las tarifas de las líneas urbanas metropolitanas registraron el 1 de enero un aumento promedio del 40% que llevaron el valor del boleto mínimo de $25 a $ 35. Según el sendero de ajustes que fijaron las carteras de Economía y Transporte, los boletos van a a empezar a acumular a partir marzo aumentos cada 30 días que seguirán la variación inflacionaria registrada dos meses antes. Esa nueva hoja de ruta tarifaria para el transporte público está en línea con los compromisos económicos y fiscales que asumió el Gobierno con el FMI y con las metas presupuestarias que aprobó el Congreso.
Si el Gobierno decide trasladar todo el peso de la mejora salarial a los pasajeros, las tarifas deberían aumentar, como mínimo, un 15% que se añadiría al impacto de la inflación pasada. En tanto, si los funcionarios optan por mantener las tarifas solo con las subas basadas en la marcha inflacionaria, los mayores costos salariales de las empresas se tendrán que cubrir con más partidas de subsidios.
Actualmente, el Estado destina a las líneas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, bajo el concepto de “compensaciones tarifarias”, una asistencia mensual que promedia los $ 32.500 millones. En tanto, para las empresas de colectivos del interior del país la ayuda económica nacional alcanza a $ 7.100 millones mensuales.
En caso de que resuelva atender los aumentos salariales íntegramente con subsidios, los giros a empresas metropolitanas deberían elevarse a $ 36.800 millones por mes, mientras que los destinados al interior tendrían que actualizarse a $ 8.100 millones mensuales.
Así y todo, esos niveles de ajustes en los desembolsos fiscales podrían no ser suficientes para poder mantener la prestación de los servicios. Dependerá de cómo termina la jugada de Massa que busca mantener la inflación en torno del 4% mensual hasta abril para que luego, cuando comience a tallar fuerte el clima electoral, las remarcaciones bajen a un ritmo mensual que empiece con el número 3.
Fuente: (letrap)