En pocos días saltó la cotización del dólar oficial (el peso se depreció un 13,2% durante el mes de julio), las tasas de interés experimentaron una importante volatilidad y el Gobierno nacional elevó el endeudamiento estatal. En síntesis, un panorama que lejos de despejar las incertidumbres hace pensar que se insiste en consolidar un modelo basado en enfriar la economía (vía encarecimiento del crédito) y sostener la desmejora en la calidad de vida de la mayoría de la población, sin que se frene la presión cambiaria.
Por Carlos Heller
El sobresalto financiero reciente podría datarse el 10 de julio pasado, cuando el Banco Central dejó de operar las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), que era el principal instrumento con el que los bancos administraban la liquidez de corto plazo. Para reemplazar ese instrumento, las entidades financieras, en una primera instancia, incrementaron los depósitos en cuentas corrientes en el BCRA. Esto llevó a un exceso de liquidez que desmoronó las tasas de interés en moneda local. La tasa de interés para depósitos de más de 1.000 millones de pesos (Tamar) bajó del 34% al 29%.
Ante esta situación no deseada por el Gobierno (dado el potencial desarme del «carry trade» o bicicleta financiera), el Tesoro realizó a la semana siguiente una licitación de LECAPs, que no estaba estipulada. Redujo así la liquidez y convalidó un fuerte aumento en las tasas: las de cortísimo plazo (principalmente operadas por bancos) llegaron a superar el 65% anual, frente a una inflación que el presidente estima del 20% para 2025 y del 0% para mediados del 2026. De este modo, la tasa Tamar cerró julio con una suba que alcanzó el 40%, con su efecto de arrastre sobre el mayor costo de los créditos para las empresas y personas, mientras en la otra punta se aseguraron fuertes ganancias a los operadores de la especulación financiera.
Otra herramienta que utilizó el Banco Central para intentar frenar las expectativas devaluatorias fueron las operaciones de dólar futuro. En parte para moderar el aumento del precio del dólar, pero también para permitir que continúen las operaciones de «carry trade» con elevados rendimientos en moneda fuerte.
Las cuatro M
Es un modelo ya conocido, al que denomino de las 4 M, por José Alfredo Martínez de Hoz, Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei, los dos primeros hacia fines del siglo XX, los otros dos más recientes. Se trata de un esquema que funciona con endeudamiento, tanto interno (mediante las Lecaps) como externo a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos de crédito, a un alto costo para el Estado. Por ejemplo, en este mes de agosto habrá que afrontar un pago de más de U$S 800 millones, es decir, un 40% del desembolso de U$S 2.000 millones que recibirá la Argentina del FMI en estos días.
El Fondo Monetario justificó el respaldo con una mención al «compromiso de las autoridades de salvaguardar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, recomponer las reservas y profundizar en las reformas que favorecen el crecimiento».
Aunque la Argentina no cumplió con la meta de reservas internacionales que impuso el FMI, el organismo aclaró que «sí se cumplieron otros criterios de ejecución y metas indicativas clave». En particular, el Fondo celebró que «la meta de déficit fiscal cero sigue siendo el ancla principal de la política económica». Destacó, además, que «los controles y la disciplina del gasto garantizan el cumplimiento del objetivo de superávit primario del 1,6% del PIB que las autoridades marcaron para este año», a la vez que dan «margen para proporcionar una asistencia social adecuada a los más vulnerables».
Desde luego, no parece lógico esperar que mejore la situación de los sectores populares, teniendo en cuenta la decisión presidencial de vetar las leyes recientes que establecen mejoras parciales en haberes previsionales y para personas con discapacidad.
Se cierra así el círculo de un modelo que reduce los ingresos de los sectores mayoritarios de la sociedad, con el consiguiente menor consumo, que apuesta a una deuda creciente, fomenta la especulación, y alienta importaciones que perjudican a la industria nacional y generan mayor desempleo.
Véase el impacto de esa orientación en el sector industrial. Hoy, 14 de los 16 rubros que analiza el INDEC se encuentran en niveles productivos inferiores a los de 2023 al tomar el promedio enero-mayo, mientras que el nivel general se ubica un 10% por debajo en igual lapso. La utilización de 2023 como base de comparación se justifica para evitar distorsiones, ya que en 2024 hubo una profunda caída de todos los indicadores económicos tras la fuerte devaluación con que inició su gestión el actual Gobierno.
Según alertaron en la Unión Industrial Argentina (UIA), desde marzo pasado el sector pierde entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo mensuales, entre otras razones por la falta de «condiciones estructurales» para situarse en una posición competitiva.
Frente a este cuadro será la ciudadanía la que emita su parecer en las próximas elecciones, en un marco por un lado crítico, pero por otra parte de necesaria toma de conciencia sobre el riesgo que corre la mayoría de la población en la eventualidad de que el oficialismo profundice su modelo regresivo.