Esta semana una sensación de frustración se apoderó de organizaciones ambientalistas de todo el país y de referentes de la academia cuando la Ley de Humedales quedó excluida del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La frustración se arrastra en el tiempo: se trata de una demanda que lleva más de diez años en la Argentina. En 2013 y 2016 proyectos de espíritu similar habían perdido estado parlamentario. Lo mismo sucedió a fines de 2021. La iniciativa –que entre otras cosas busca regular las actividades que se realizan en esos ecosistemas– sólo podría salvarse de volver a foja cero si se ampliara el temario, explican fuentes legislativas. Para algunos de los que la defienden y militan, todo se truncó por un triple lobby ejercido por sectores de la agroganadería, la megaminería y la explotación inmobiliaria.
Qué pasó con la Ley de Humedales
«Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto, que estuvo guardado en un cajón del despacho de un diputado del oficialismo, José Aragón, en la Comisión de Agricultura y Ganadería«, dice a Página/12 la geógrafa e investigadora Patricia Pintos, miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
En agosto de 2020 miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales. En noviembre del mismo año, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Diez textos habían sido unificados. Al perder estado parlamentario la propuesta se encontraba en Agricultura y Ganadería. Debía ser tratada por otras dos comisiones: Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Presupuesto y Hacienda.
«Desde que llegó a Agricultura intuimos que no había una voluntad de darle curso –continúa Pintos–. Fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socioambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley, sobre todo a partir de que el Gobierno la tomara como lema de campaña.» «Sí a cuidar el planeta. Urgente la Ley de Humedales» fue uno de los mensajes del oficialismo en la previa de las legislativas.
Desde Rosario, Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por la Ley de Humedales, expresa, en un tono parecido: «No nos quedaban muchas esperanzas luego de ver el tiempo transcurrido y no ver ningún manifiesto de Alberto Fernández o personajes de referencia dentro del Congreso. En su momento nos recibieron sólo dos diputados: Leonardo Grosso (Frente de Todos, titular de Ambiente) y Enrique Estévez (Partido Socialista). Si no se laburaba dentro de las demás fuerzas no íbamos a tener una ley«. Martínez cuestiona al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por «salir a celebrar» en su cuenta de Twitter que en las extraordinarias estuviera incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas cuando a la par una importante y esperada norma se caía.
«Creemos que el debate se inició por las maniobras que hicimos de cortar el puente: fueron un faro para toda la región», sugiere Martínez. Y recuerda: «Todo ocurrió en un contexto de aislamiento. Mientras nos cuidábamos nos llegaban cenizas por la ventana, fotos de animales muertos, familias que defendían sus casas… teníamos que estar en la calle, decir ‘basta’ aunque fuera con los barbijos puestos. A partir de ese momento se dio una fisura en la sociedad. Fisura que todavía no ha alcanzado a legisladores y gobernantes».
Fuentes legislativas revelaron a este diario que lo que frenó el tratamiento de la ley fue un lobby «fuerte, invisible», no tan expuesto y específico como el que amenazó en su momento la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal. La única manera –muy remota– de revertir el panorama es que el Ejecutivo amplíe el temario de las extraordinarias, para lo cual debería convocarse en conjunto a las tres comisiones por las que debía transitar el proyecto y obtener dictamen para su llegada al recinto. En caso de que esto no ocurra el 28 de febrero se produciría la caída definitiva del proyecto y debería iniciarse de nuevo todo el proceso. En tal caso otra posibilidad es que haya un cambio de giro a Senado, «un gesto de querer avanzar más fácil en caso de que se caiga lo avanzado en Diputados».
Qué es un humedal
Un humedal, explica Pintos, es «un tipo particular de ecosistema«, que se caracteriza «por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado» y que «se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente». Posee una fauna y una flora que le son propias. Constituyen un «patrimonio natural que vale la pena preservar en términos de calidad ambiental» por muchísimas razones: son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, atenúan los efectos de sequías prolongadas. Tienen la capacidad de disminuir el portencial erosivo de las tormentas y de estabilizar las líneas de costa. También, una función depuradora, ya que contribuyen a mejorar la calidad del agua para el consumo y la producción. Fundamental: secuestran dióxido de carbono, responsable directo del calentamiento global.
«Tenemos la idea de que los humedales son los del Delta, pero en cada región del país existen humedales de diversas características. Tenemos las turberas en Tierra del Fuego, los mallines en la Patagonia, los salares de altura en el noroeste, los esteros del Iberá en la mesopotamia», enumera la geógrafa. La amenaza sobre estos ecosistemas proviene de distintos sectores. Entre ellos, la agricultura y la ganadería, el extractivismo urbano, la megaminería (por la extracción de litio en los salares). La lucha por una Ley de Humedales es federal, potente en distintas regiones de la Argentina.
Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental, es fundador de la organización Guardianes del Iberá. Cuenta: «Lo que ocurre en el nordeste argentino es similar a lo que ocurre en el resto de país. En las grandes ciudades, como Corrientes y Resistencia, y en el periurbano, hay una presión inmobiliaria de countries, nuevas urbanizaciones sobre humedales. Y en el ámbito rural se da el avance de modelos extractivistas, monocultivos, usos intensivos del suelo». Agrega que «en todo el nordeste, el único enfoque de conservación que tienen los gobiernos es el basado en áreas protegidas«, como ocurre, por ejemplo, con los Esteros del Iberá. Ese enfoque «no garantiza el mantenimiento de los servicios ambientales que los ecosistemas brindan a las personas ni la conservación de la biodiversidad».
Por qué es importante una ley
«Hace años que buscamos una ley para que haya una mayor transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de sus humedales y realizar un inventario, pero también para abrir espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. El fin es que las comunidades de cada provincia puedan decidir sobre la gestión de estos ambientes tan importantes», explica Spataro. «Los sectores concentrados que obtienen ganancias con la destrucción de los humedales no quieren que haya una ley que ponga en relevancia su conservación. Quieren seguir haciendo un uso intensivo sin que se ponga en discusión en cada provincia si esto conviene a la sociedad, si genera un entramado de desarrollo o si implica ganancia para unos pocos y problemas graves y cotidianos para muchos, que se quedan sin agua, sin buenas pasturas, sin peces para pescar, sin lugares de recreación, actividad turística u oportunidades de un verdadero desarrollo en armonía con la naturaleza», concluye.
Por su parte, Zoe Tojo, de Consciente Colectivo, sintetiza: «Lo más importante del proyecto es que busca generar un criterio a nivel nacional para la protección y el uso sostenible y racional de los humedales. Es una creencia falsa la que sostiene que la ley prohibiría la actividad sobre ellos. El objetivo es que el Estado controle cuáles son las actividades que se pueden realizar y de qué manera. Establece evaluaciones de impacto ambiental y limita todo lo que genera degradación, como quemas intencionales o bloqueos de cursos de agua». Resalta, como Spataro, la creación de un inventario nacional. «No hay un registro sistemático que refleje cuáles son los territorios, qué características tienen, cuánto porcentaje del país ocupan.» Se estima que estos ecosistemas abarcan el 21 por ciento de la superficie del país.
Los proyectos en el Congreso
El primer proyecto para la protección de humedales fue presentado por la exsenadora por Entre Ríos Elsa Ruiz Días (Frente para la Victoria) en abril de 2013. En septiembre del mismo año, el exsenador Rubén Gustiniani (Partido Socialista) presentó otro con el mismo fin. Se unificaron los textos y el debate llegó al Senado. La iniciativa obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados nunca la trató y perdió estado parlamentario en 2015. Fernando «Pino» Solanas volvió a impulsarla en 2016. La misma historia: media sanción, pérdida de estado parlamentario en 2018.
En agosto de 2021, con el proyecto estancado en Ganadería y Agricultura, la Multisectorial de Humedalesrealizó la «Travesía por los humedales», un recorrido en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires para exigir su tratamiento en plenario de comisiones frente al Congreso de la Nación. Durante ese mes el tema se instaló en los medios a propósito de la aparición de los carpinchos en Nordelta: entonces, el Ministerio de Ambiente vinculó a la «invasión» con «el avance de la urbanización sobre los humedales».
Nada alcanzó: hubo petitorios, festivales, tuitazos, marchas, entre otras movidas de la sociedad civil. También hubo una carta dirigida al Presidente, firmada por la Multisectorial y otras 380 organizaciones, cuando el Gobierno anticipó el llamado a sesiones extraordinarias. «La ley a todas luces es necesaria, habida cuenta de los conflictos ambientales de los que todos hemos sido testigos en los últimos dos años, a partir de la quema de pastizales y de humedales en el Delta, que consumieron más de 300 mil hectáreas«, postula Pintos. «Si no consideramos esta crisis socioambiental como una oportunidad para discutir y sancionar una ley tan necesaria francamente no sabemos cuáles pueden ser las condiciones para que finalmente alcance su sanción definitiva. La frustración se repite sistemáticamente. Y es mucho más cara a las expectativas de los grupos que la veníamos impulsando, porque considerábamos que estaban dadas todas las condiciones en términos de conflictividad socioambiental para que se sancionara», agrega.
«Ni siquiera se llegó a votar en el recinto. Es importante que la discusión se dé de cara a la sociedad, pero en este caso se cajoneó en comisiones. Más frustrante todavía. Notamos la indiferencia de todo el arco político: no hay una posición que rescate más la ley», protesta Tojo.
Pese al clima de desilusión, Pintos rescata un aspecto positivo: «Si bien volvemos a foja cero no estamos en la misma situación. Todo este tiempo ha servido para dotar a estos proyectos de ley de mucha densidad, en términos de los alcances, de los sectores contemplados, a los que se piensa como beneficiarios de la ley, como las comunidades locales y los pueblos originarios. Ahora hay una mirada mucho más situada en territorios, diferencias entre los distintos humedales que existen en nuestro país. Es una riqueza que se ha ido ganando en los debates que arrancan allá por 2013″. Martínez asegura que la lucha continuará en las calles, «visibilizando lo que ha pasado», y con una convocatoria abierta a «legisladores interesados en el tema». Justo se acerca el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero.
Fuente: Página 12