Luego de que las tres grandes empresas operadoras móviles argentinas, Telecom, Movistar y Claro, publicaran un comunicado en conjunto rechazando las condiciones exigidas por el Gobierno en el pliego para la licitación del espectro del 5G, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) respondió a las críticas y realizó algunas aclaraciones al respecto, además de reafirmar «el compromiso del Estado de impulsar la tecnología 5G».
En principio, el ENACOM dejó en claro que «el concurso público no tiene como únicos destinatarios a las tres empresas móviles firmantes del comunicado, sino a todo licenciatario TIC que posea más de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 100 millones de pesos».
«Asimismo, el concurso busca la puja entre las empresas mediante acciones y cotizaciones individuales para fomentar la competencia y no el accionar conjunto de las compañías», señala el texto del Enacom.
En su comunicado, las empresas se quejaron de que «el precio asignado a cada uno de los bloques de 100 MHz de la banda de 3.5 GHz es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector«. Además, mencionaban supuestas exigencias sobre la implementación de planes destinados a sectores de bajos recursos, algo que fue desmentido por el Enacom.
«Corresponde señalar que en ningún caso se imponen planes ni se regulan precios, únicamente se establece el compromiso de las compañías de ofrecer a los clientes de bajos recursos, planes accesibles para garantizar la conectividad masiva con tecnología 5G, cuando la cobertura alcance una masividad mayor al 50% de los dispositivos móviles», indica el documento.
La comparación errónea con Brasil
La principal queja de las operadoras móviles radicó en el precio base fijado para la licitación. En ese sentido, el ENACOM señaló que el comunicado de las empresas «realiza una comparación errónea» con el proceso que se llevó adelante en Brasil.
«No resultan comparables las licitaciones citadas, puesto que en la Argentina se ofrece únicamente 5G y en Brasil se licitó 5G y 4G, con incentivos para llegar a coberturas en sitios sin conexión y con grandes obligaciones de despliegue garantizadas con pólizas ejecutables y quita de licencias, y se permitió, además, la participación no solo de compañías TIC, sino también de grupos inversores», indica el texto.
Además, apuntaron que las empresas tomaron ese caso testigo de forma sesgada: «Omitieron en su presentación casos similares en la región como los de Chile o Uruguay, cuyo precio se encuentra en línea con el precio base determinado por Enacom».
«Tampoco sería adecuado que el Estado tomara un valor de referencia similar al de los valores máximos recaudados por las licitaciones de bandas para el 5G, como, por ejemplo, los de Estados Unidos o Canadá», agregaron.