El debate democrático de diputados y diputadas dio esta semana una clara respuesta al oficialismo, que suele señalar la «inoperancia» del Congreso e insiste en sus críticas y descalificaciones, tanto a la política como a los representantes del pueblo.
Por Carlos Heller
Varios proyectos importantes nutrieron la agenda legislativa en la Cámara Baja, entre ellos el de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea, al que dimos media sanción el miércoles. Obtuvo así luz verde una iniciativa de cuidado, sobre todo de jóvenes y adolescentes, pese al operativo que contó con el apoyo de las bancadas de La Libertad Avanza y del PRO para que fracasara la aprobación.
Para imponer la buena política fue necesario constituir una coalición transversal compuesta por legisladores pertenecientes a distintos bloques, lo cual nos permitió conseguir el quorum y resistir el lobby que buscaba trabar el proyecto.
Un acuerdo similar, sostenido por otra coalición legislativa amplia pero de distinta integración, impidió que el oficialismo y aliados alcanzaran el quórum en la sesión convocada para tratar el proyecto de ley «Ficha Limpia», orientado manifiestamente a proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ambos casos el bloque de Unión por la Patria exhibió unidad de criterios, uniformidad y coherencia en la búsqueda de mejorar la vida de los argentinos y las argentinas.
Un día antes, el martes, por falta de quorum se cayó una sesión convocada a instancias de Martín Tetaz, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, para tratar un proyecto de reforma sindical.
Otra sesión, esa misma jornada, fue convocada para considerar el rechazo del DNU 846, que habilita al Gobierno a tomar deuda sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.
Sobre esta cuestión había acuerdo de otro frente legislativo amplio, integrado por representantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y otros bloques.
Si bien no se alcanzó el quorum, la Cámara funcionó en minoría y fui uno de los miembros que expuso en el recinto. Allí alerté sobre la gravedad de que, a partir del DNU 846, el Ejecutivo tenga manos libres para aumentar el endeudamiento del país y para actuar de manera absolutamente discrecional en los temas vinculados a la deuda pública.
El mecanismo alentado por la Casa Rosada tendrá consecuencias muy severas en materia financiera, ya que se modifica otro DNU (el 331 de 2022), que establecía condiciones para canjes de deuda en moneda nacional por otros instrumentos nominados en la misma moneda.
Al habilitar que los canjes se puedan realizar con independencia de su moneda de origen, deuda que hoy está emitida en pesos podría reemplazarse por deuda en dólares.
Sin beneficio
Desde luego, no es lo mismo estar endeudados en pesos que en moneda extranjera. Cabe preguntar entonces, ¿cuál sería el beneficio para la Nación? ¿O la urgencia para que esas decisiones no pasen por el Congreso, que es el responsable de decidir las características y condiciones del endeudamiento del Estado nacional?
En el caso de la deuda en moneda extranjera, el DNU 846 suprime el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, según el cual para poder avanzar en la negociación de este tipo de deuda debe darse la mejora de dos de tres condiciones del endeudamiento.
El decreto cuestionado no solo da carta blanca al Poder Ejecutivo para tomar cualquier tipo de deuda. Además, modifica el criterio de que las deudas se realizan a valor técnico y lo sustituye por el de valor de mercado.
El problema es que el «mercado» al que se alude está integrado por muy pocos jugadores con capacidad de hacer que los títulos cambien de valor según su conveniencia y en contra del interés nacional.
Un primer ejemplo de ello es la conversión del Boncer T2x5, en el marco del artículo 2 del DNU 846, según se informa en la página web del Ministerio de Economía.
La operación consiste en un canje de bonos ajustables por CER, que vencían en febrero de 2025, por otros con similar ajuste y cupón cero, que vencen en junio de 2026. Se cambian así bonos con cupón de intereses por otros sin ese cupón, aunque los intereses no desaparecen sino que van ocultos en el monto de la deuda que se toma.
Lo que advertimos es que este cambio supone dejar abierta la posibilidad de maniobras especulativas en detrimento del país.