Patricia Bullrich está de fiesta. La ministra de Seguridad autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones sin orden judicial. Los cambios en la normativa fueron publicados este martes a través de un decreto que reforma las atribuciones de la fuerza, que ahora tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”. La advertencia de los especialistas y organismos de derechos humanos.
Las 5 claves de la reforma de la Policía Federal
- Habilita el ciberpatrullaje en las redes sociales “sin necesidad de autorización judicial”.
- Autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia.
- Podrá trabajar en la prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal guiada por la información “de manera proactiva” en el marco de políticas determinadas por el Ministerio de Seguridad.
- Modifica los escalafones y busca reducir progresivamente el cargo de suboficiales.
- Actuar en el mantenimiento del orden público y la seguridad “de manera espontánea” ante delitos flagrantes “a requerimiento del Ministerio de Seguridad”.
El decreto 383/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Bullrich y su publicación se rumoreaba desde hacía varias semanas. Uno de los ejes es la supuesta modernización del sistema de ingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programa específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados. El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticas del FBI de los Estados Unidos.
Ahora, la Federal tendrá como misión principal la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos y la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales, y estará autorizada a “desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia”.
Ciberpatrullaje a la carta
El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial autoriza a la Policía Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.
Sin embargo, ese inciso desató la alarma de especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, debido a los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas durante la anterior temporada de Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e intimidación pública.
El caso más resonante fue el de Nicolás Lucero, un joven que el 17 de agosto de 2016 escribió en Twitter un fragmento de la letra de una canción de cancha que decía “Macri te vamos a matar no te va a salvar ni la Federal”. Lucero no sólo fue demorado por la Policía, sino que en 2017 le iniciaron una causa por los delitos de amenazas e intimidación pública. El expediente se cerró en 2018, cuando se demostró que era inocente y que no había tenido interés alguno en acabar con la vida del entonces Presidente.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic cruzó con dureza la nueva disposición y advirtió por los riesgos que puede implicar el patrullaje en las redes. «En este Gobierno es difícil pensar que van a usar el ciberpatrullaje para prevenir delitos” sin control de la Justicia, aseguró.
Incluso, recordó que al inicio de la cuarentena se llevó adelante un seguimiento mediante redes sociales por temor a posibles saqueos, aunque aclaró que entonces debía ser con autorización judicial y que fue informado a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. “Existía una disposición que había sacado Bullrich (en su gestión con Macri). Las fuerzas, como hábito, hacían análisis de las redes. Lo modificamos y cuando terminó la emergencia sanitaria, se acabó esa facultad”, sostuvo, consultada por Página|12.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), dijo a este diario que se trata de un “ciberpatrullaje recargado”. “Lo venimos viendo en muchas causas. En las movilizaciones contra la reforma previsional de 2017 se ordenó abrir los celulares de todas las personas detenidas para revisar las aplicaciones y buscar y rastrear posteos y mensajes que indicaran algún tipo de acuerdo previo, para dibujar el delito de ‘intimidación pública’. Pasó después en las marchas de 2018 contra el Presupuesto”, recordó.
Requisas sin control
Por otro lado, el DNU autoriza la realización de requisas personales sin orden judicial inspeccionando a personas y los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, siempre que existan circunstancias previas que “razonable y objetivamente” permitan “presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, aunque no aclara cuáles podrían ser.
También lo habilita en caso de que “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar” y cuando “se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
Para Frederic, se trata de habilitar un comportamiento “fuera de lo admitido”. “No esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura”, afirmó la exministra de Seguridad. “Este decreto le brinda muchas atribuciones y facultades al Ministerio de Seguridad.
Por su parte, para Verdú el decreto marca “un verdadero cambio de régimen con la destrucción de los derechos y garantías”. “Murieron las libertades democráticas”, afirmó con indignación, y alertó por el nivel de autoritarismo que plantea la reforma de la Federal. “Lo único peor que podría suceder es una dictadura, donde ni siquiera se molestan en dictar una ley o decreto”, señaló.
Otra reforma integral sin pasar por el Congreso
Como es costumbre del gobierno libertario, la reforma de la Federal se salteó al Congreso de la Nación. Además de las requisas y el ciberpatrullaje, la reforma de la Federal establece modificaciones de escalafones y cargos: pone un tope a la cantidad máxima de suboficiales a incorporar por año, que deberá ir reduciéndose progresivamente. Así, los suboficiales irán pasando al escalafón de oficiales, “en tanto su conocimiento, estudios o experiencia así lo ameriten”.
Aunque aclara que «no se podrá detener a las personas sin orden de un juez competente«, el decreto asegura que «si existiesen circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que alguien «hubiese cometido un delito o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiere» y demorada hasta diez horas.
Verdú aseguró que buena parte de la letra del decreto apunta a futuras intervenciones de la Federal en manifestaciones y movilizaciones. Por ejemplo, remarcó un inciso que señala la intervención “espontánea” en delitos flagrantes para mantener el orden público “a requerimiento del Ministerio de Seguridad o, en su caso, de las demás autoridades competentes”.
“Eso nunca estuvo establecido. El asunto es que dice ‘espontánea’. Ya no es un policía que interviene en un delito en flagrancia, sino que el Ministerio de Seguridad le puede decir a la Policía ‘se está cometiendo un delito, metete en tal local partidario o tal marcha y detené a todo el mundo’”, dijo la abogada.
Para Frederic, otra de las claves es que el decreto tiene ambigüedad entre “investigación criminal” e “inteligencia criminal”, sin detallar qué herramientas tendrá para poder desarrollar investigación criminal “que no es lo mismo que inteligencia criminal”, según dijo la exfuncionaria.
“Es un decreto pobre, deja mucho reservado a la discrecionalidad del Ministerio de Seguridad y no tiene ningún aval dentro de la fuerza”, sostuvo, y afirmó que dentro de la Policía existe mucho descontento, que se suma al malestar por cuestiones salariales. (Página 12)