El primer mandatario de nuestro país se defendió en el juicio que le inició Ian Moche, un niño con autismo, por haber sufrido ataques a su persona, alegando que actuó “como ciudadano” y que sus expresiones están amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, especialistas advierten que, en su rol institucional, sus palabras pueden reforzar un clima social de hostigamiento y violencia.
Un ataque que escaló a la justicia
El pasado 1 de junio, Milei calificó públicamente a Moche como “activista” en un tuit que generó una demanda judicial. El niño, reconocido por su labor de concientización sobre el autismo, solicitó que el mensaje fuera retirado por considerarlo ofensivo y estigmatizante. La respuesta presidencial, sin retractación ni disculpa, se centró en defender su derecho individual a expresarse.
Libertad de expresión vs. responsabilidad institucional
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la posición del mandatario desconoce dos elementos clave: la condición de vulnerabilidad del menor y la investidura de quien emite el mensaje. “Un presidente no es un ciudadano más, y sus palabras tienen un peso político y social que excede lo personal”, afirmó.
Organizaciones de derechos humanos subrayan que los discursos desde el poder pueden incentivar reacciones hostiles en la ciudadanía, sobre todo cuando se dirigen contra personas o colectivos en situación de fragilidad.
Violencia verbal y deterioro del debate público
El caso se enmarca en un contexto de creciente crispación social, donde los ataques verbales desde las más altas esferas del poder encuentran eco en redes y calles. Especialistas en comunicación política sostienen que la reiteración de mensajes confrontativos desde la presidencia de Javier Milei, contribuye a normalizar el agravio como forma de intercambio, debilitando los consensos democráticos.
En este escenario, la discusión trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y político: ¿puede un presidente desentenderse del impacto de sus palabras en una sociedad cada vez más polarizada?
Institucionalizar las prácticas violetas hacia los más débiles
Argentina le muestra al mundo cada día miércoles, cómo se puede ser capaz de institucionalizar la violencia física, poniendo vidas en riesgo, cuando se reprime a uno de los sectores más desprotegidos como son los jubilados.
Carros hidrantes, gas pimienta, palos, escudos y postigos de goma se alistan cada semana para reprimir sus reclamos frente al Congreso.
En los últimos tiempos, hemos podido ver imágenes de violencia institucional impactantes como las de la represión de Gendarmería que casi terminan con la vida del joven fotógrafo Pablo Grillo.
La escalada de violencia en la sociedad argentina es una propuesta institucional. Solo hasta escuchar al presidente invitando a odiar más a sectores con los que tiene diferencias, como por ejemplo,el periodismo. Paradójicamente, cuando es denunciado en el caso de violencia contra Ian Moche, el presidente alega haber hecho uso de su libertad de expresión, esa misma que repudia, insulta y ataca cuando es puesta en práctica por la prensa.