«Fue la recesión más corta en un plan de estabilización, duró dos trimestres y la recuperación, más que en V, fue en un cohete para arriba», se entusiasmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde Washington, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó su beneplácito por los «resultados impresionantes» en cuanto a la reducción de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en las reservas internacionales. «La recuperación en la actividad y en los salarios está firmemente encaminada», remarcó la funcionaria, tras confirmar que están en marcha las negociaciones para acordar un nuevo programa con el FMI.
Por Carlos Heller
Esas afirmaciones, lamentablemente, encuentran muy pocos puntos de apoyo. Al contrario, hay un cúmulo de datos reveladores de los aspectos más crudos de la crisis descargada por el Gobierno sobre el grueso de la población, con la seguidilla de recortes del gasto público, tarifazos y desregulaciones que favorecen a unos pocos y perjudican a infinidad de usuarios y consumidores.
El «cohete» del que habla Caputo y la recuperación que «impresiona» a Kozack no pasan, evidentemente, por el mercado laboral. Durante el tercer trimestre de este año se incrementó la tasa de desocupación (6,9%) con respecto a la registrada en el mismo periodo de 2023 (5,7%). Además, se redujo la cantidad de trabajadores registrados y creció la de cuentapropistas, indicios claros de la precariedad creciente.
Otra particularidad, relacionada con la caída real del ingreso de los trabajadores, es el aumento del subempleo demandante, que pasó del 6,8% el tercer trimestre del año pasado al 8,1% este año. Es decir, trabajadores más pobres buscan sumar horas laborales y no lo logran.
Donde se ve que el supuesto repunte no es tal es en cifras como la referida a la Utilización de la Capacidad Instalada de la industria cuyo valor en octubre fue del 63,2%, inferior a la de igual mes de 2023, que fue del 65,3%.
Deterioro
En cuanto a la evolución del PIB, que mostró un avance del 3,9% durante el tercer trimestre, comparado con abril-junio, para observar el cuadro completo hay que precisar dos puntos. 1) Aún nos encontramos un 2,1% por debajo de los niveles registrados en igual periodo del año pasado. 2) El promedio del período julio-septiembre refleja el salto de 13,2% del sector de agricultura y ganadería, pero a la vez se registraron fuertes bajas en tres sectores que aportan el 40% del producto interno bruto: la industria manufacturera (-5,9%), el comercio mayorista y minorista (-6,1%) y la construcción (-14,9%). Estos retrocesos se relacionan en gran medida con la disminución del consumo privado (-3,2% de baja interanual en el tercer trimestre).
En suma, y como consecuencia del modelo que lleva adelante la actual gestión, se observa un fuerte deterioro en la calidad de vida de las familias argentinas y una clara reducción de la actividad de pequeñas y medianas empresas.
Desde la visión libertaria se resaltan aspectos como la «caída» del riesgo país, o la reducción de la brecha cambiaria, y se celebran decisiones como la poda de gastos estatales, de nada menos que el 29% en el acumulado hasta noviembre.
Hay que aclarar que el 37% del recorte correspondió a las prestaciones sociales (jubilaciones –contributivas y no contributivas–, la AUH, las asignaciones familiares, el PAMI, y programas como Potenciar Trabajo, Progresar y alimentarios, entre otros) con un impacto negativo entre los más vulnerables.
Le sigue en importancia la paralización de la inversión pública, con una participación en la merma del 23,7%, que afectó significativamente a gran cantidad de empresas de la construcción y a sus trabajadoras y trabajadores.
Por su parte, la reducción de los subsidios económicos (cuya contrapartida son los aumentos de las tarifas de servicios públicos) aportó un 12,8% del total del ajuste, mientras los gastos de funcionamiento del Estado Nacional contribuyeron con un 12,6% (en este caso, más de dos tercios del «ahorro» tuvo como contrapartida la disminución de los salarios).
Los festejos de Caputo y Kozack seguramente consideran el reciente DNU 1104/24, por el cual el Tesoro Nacional reasignó partidas de ingresos y gastos, y recortó en $492.814 millones lo que estaba previsto destinar al pago de jubilaciones y pensiones regulares.
También deben contabilizarse las menores transferencias a las provincias (-68% interanual en enero-noviembre las «corrientes» y -97% las «de capital»). El ahogo tiene carácter federal y alcances de mediano y largo plazo al postergar obras de infraestructura imprescindibles en cada territorio.
Acaso todo esto sea lo que premia el FMI. Este año estaba pautado que concluyeran las revisiones del acuerdo, según la última renegociación efectuada en 2022 (quedarían pendientes las dos últimas revisiones que debieran haberse realizado en el segundo semestre de 2024).
Recién en 2026 deberán afrontarse los pagos de capital de la deuda que, recordemos, fue contraída en 2018 durante la gestión macrista. Aunque entonces la Argentina superó largamente el límite máximo de endeudamiento, según los estatutos del Fondo, el Gobierno argentino estaría evaluando incrementar los compromisos.
Hasta aquí, lo que se define como «anarco-capitalismo» se parece mucho a expresiones ultraliberales del pasado en el país y en otras latitudes, con efectos inocultables en cuanto a la distribución regresiva de los ingresos, la subordinación a organismos multilaterales de crédito y la erosión del Estado como garante del bienestar de la población y del desarrollo con equidad.