El Pleno del Congreso aprobó este martes las siete mociones de censura contra José Jerí Oré, quien ejercía la Presidencia de la República por sucesión constitucional en su condición de titular del Parlamento.
El Congreso de la República aprobó, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, las siete mociones de censura contra José Enrique Jerí Oré, quien ejercía la Presidencia de la República por sucesión constitucional en su condición de titular del Parlamento desde el 10 de octubre de 2025.
Tras la votación, el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi Capurro, declaró la vacancia del cargo de presidente de la Mesa Directiva y, por ende, el de jefe de Estado.
De esta manera, informó que la elección al cargo de presidente del Congreso se realizará mañana miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m.
Precisó que el plazo para presentar las propuestas de candidatos para ocupar el cargo vencen hoy, martes 17 de febrero a las 6:00 p.m.
¿POR QUÉ CENSURARON A JOSÉ JERÍ?
Las siete mociones de censura presentadas contra José Jerí se sustentaron en presuntas faltas graves en el ejercicio del cargo.
Entre los principales argumentos figura el presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, a raíz de reuniones sin registro institucional con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong, quienes tendrían intereses económicos y negocios en curso con el Estado.
También se cuestionaron presuntas contrataciones irregulares en el Poder Ejecutivo de personas vinculadas a dichos empresarios, así como visitas consideradas impropias de personajes con carpetas fiscales a Palacio de Gobierno.
Otro de los puntos señalados fue la supuesta vulneración de los artículos 58 y 61 de la Constitución, al haberse extendido de manera irregular la concesión del terminal portuario de Matarani a favor de Tisur, lo que —según los congresistas— habría perpetuado un monopolio.
Además, se mencionó el incremento de la inseguridad y delincuencia en el país como parte del cuestionamiento político.
Las mociones sostienen que estas acciones evidencian una grave inconducta funcional y una manifiesta falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Parlamento y, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República.