Defensa rechazó el pedido de información de Diagonales sobre quiénes recibieron los 12 teléfonos de alta gama que el Ministerio adquirió con dinero público. Argumentan que responder “podría ocasionar un peligro a la vida” de los dirigentes. Hace un año, el Gobierno limitó por decreto la Ley de Acceso.
Pocas contrataciones públicas destilan más “casta” que la que realizó Luis Petri hace un año para comprarle 12 celulares de lujo a “funcionarios del Ministerio de Defensa” en el marco de un extenso y costoso Black Friday informado por este medio. Desde entonces, Diagonales presentó pedidos de acceso a la información para saber quiénes recibieron los teléfonos de alta gama, pero el Gobierno sencillamente denegó la respuesta. El argumento fue llamativo: a un año del decreto con el que Javier Milei limitó la Ley de Acceso a la Información, alegaron que dar detalles “podría ocasionar un peligro para la vida” de los dirigentes. ¿Verdad o escándalo?
A fines de 2024, Defensa gastó un dineral para conseguir televisores 4K, más de 150 computadoras, decenas de heladeras y cafeteras y 74 equipos de aire acondicionado. Las compras fueron realizadas a través de licitaciones públicas como la del 15 de noviembre, por US$354.340 (que, como se lee, fue pagada en dólares); la del 19 del mismo mes, por $235.636.579; y otra un tanto particular: la “adquisición de teléfonos celulares para funcionarios del Ministerio de Defensa”, inscripta bajo el número de proceso 35-0008-LPR24 y pagada en $15.347.484 el 7 de octubre de 2024.
La operación suscita de forma natural preguntas como qué motivó semejante gasto y, específicamente, qué funcionarios fueron los que recibieron los equipos – unos modestos Samsung Galaxy A55 5G con 256GB de almacenamiento interno. Con ello en mente, Diagonales presentó un pedido de acceso a la información pública a las autoridades del Ministerio, pero semanas después el reclamo fue denegado sorpresivamente. ¿La razón?: el Gobierno consideró que los datos podrían “ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las personas”.
¿Dónde están los celulares?: Los argumentos de Defensa
Fueron tres recursos en total los que envió este medio al Poder Ejecutivo para esclarecer contrataciones, pero uno solo el denegado parcialmente: casualmente, el que incriminaba a 12 funcionarios como beneficiarios directos de la compra. En su respuesta, la cartera de Petri primero señaló que “motivó la adquisición que los teléfonos celulares son una herramienta de trabajo fundamental, no solo para comunicarse de manera rápida y eficaz sino también para realizar una gran diversidad de actividades a través de las variadas funcionalidades que ofrecen”… Como si eso no fuera ya sabido.
Luego precisó que “el Ministerio no contaba en su flota con equipos de telefonía celular que no hayan alcanzado su estado de obsolescencia tecnológica” y subrayó que “requerían utilizar los dispositivos para la firma digital de documentos electrónicos y para la obtención de OTP (one time password) a través de una aplicación móvil con la cual se habilita la firma digital de documentos”, lo que permite inferir que podrían ser funcionarios de rango relativamente alto.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa bloqueó toda manera de conocer de quiénes se trata. Las autoridades basaron su argumentación en “la excepción prevista en el artículo 8°, inciso j), de la Ley N°27.275”. Es una justificación un tanto inesperada, ya que ese punto le concede un pase libre a la “información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”. No queda claro cómo actúa ese principio en la situación aquí comentada.
La única punta que dio la cartera de Petri al respecto es otro fragmento en el que se sostuvo: “Cada vez que un agente o funcionario cese en sus funciones, se verifica la existencia de eventuales cargos patrimoniales. En caso de que el personal en cuestión tenga bienes asignados, deberá proceder a su devolución”. En la práctica, esa máxima es simplemente incomprobable, ya que el Gobierno impidió saber de qué funcionarios se trata y, por lo tanto, no estarán sujetos a ninguna clase de escrutinio ni revisión posterior desde el exterior del Gobierno.
No, los funcionarios no se pagan su café (ni sus celulares)
Las otras dos respuestas brindadas por el Ejecutivo fueron distintas. En noviembre de 2024, la Jefatura de Gabinete pagó $2.000.000 para comprar un Samsung Galaxy S24 de 256GB a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Tras el pedido de información, el área replicó que el equipo “constituye una herramienta de trabajo esencial” y “reemplazó un dispositivo anterior, tecnológicamente obsoleto”. Además, indicó que al cese de las funciones de su titular “el dispositivo deberá ser restituido o reasignado” ya que “está inventariado en el patrimonio” del organismo.
Una versión similar dio la Escuela Naval Militar sobre el gasto de $1,3 millones para adquirir un celular “de alta gama”, como se especificaba en la licitación. El equipo había sido comprado para “transmitir en redes sociales” las “actividades cotidianas” del sector; en otras palabras, para modernizar al CM de la institución. Ante el pedido de información, el organismo explicó que el teléfono es un Motorola Edge 50 y puntualizó que “no está en poder de ningún funcionario” sino que es utilizado por diferentes empleados y custodiado y resguardado en el área.
En retrospectiva, lejos quedaron aquellas declaraciones realizadas por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo apenas asumió en el Gobierno, cuando dijo que los funcionarios “se están pagando su propio café”. No solo en este artículo ya de por sí se mencionó la compra de varias cafeteras, sino que en el Ministerio de Defensa también disfrutan de celulares de lujo sin ninguna clase de represalia, en incógnito y amparados en una irregular obstrucción a la información pública. Cosas de “casta”.