El séptimo mes del año cerró sin el preciado superávit fiscal y con una caída de la recaudación del 10%, que se vio reflejada en los fondos coparticipables a las provincias. Los desafíos de Frigerio entre la defensa al gobierno de Milei, el relanzamiento nacional del PRO, los problemas de la gestión provincial y las consecuencias recesivas en el humor social. El paro y la marcha docente.
Por Mariano Osuna
hoja de ruta de la Casa Rosada atraviesa momentos culminantes en la transición hacia una tercera fase, definida por el gobierno libertario como una etapa caracterizada por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); la reducción de la política impositiva, especialmente la prometida disminución del Impuesto País, que fue aumentado durante los primeros días de la gestión de Javier Milei; la eliminación de las restricciones para la compra de divisas (cepo cambiario); la supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, demandadas con cierto hartazgo en la Exposición Rural 2024; y la competencia libre de monedas, eufemismo de un proceso de dolarización intermedia. Las dificultades para el acceso al financiamiento externo, especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la mesurada reacción de los mercados a la aprobación del paquete legislativo, la firma del Pacto de Mayo/julio en Tucumán y las últimas medidas macroeconómicas; la decisión de intervención desde el Banco Central en el mercado cambiario que afectó la acumulación de reservas; la demorada llegada y ejecución de inversiones; y la caída de la recaudación nacional, que refleja la vigencia del proceso recesivo de la economía, ratifica las complejidades del segundo semestre en la administración nacional de La Libertad Avanza.
El rebote económico pronosticado para julio/agosto de este año se aleja del horizonte más inmediato. La recaudación impositiva del mes pasado cayó un 10%, dejando como consecuencia directa una rebaja significativa del 18,5% en los fondos coparticipables a las 24 jurisdicciones argentinas, incluidos los recursos en concepto de leyes especiales y de compensaciones. Números que se sostienen, pese al mensaje difundido desde el oficialismo nacional, con la permanencia de las retenciones y del mencionado Impuesto País, que el ministro de Economía, Luis Caputo, elevó desde el 7,5% al 17,5%. En ese panorama, la concreción de ambas promesas, parte de la plataforma electoral de Milei, no asoma como una realidad del tercer trimestre de 2024. Los datos corroboran la continuidad de la recesión, donde el Producto Bruto Interno (PBI) retrocedió a niveles anteriores a 2010 y el consumo de carne per cápita se ubica en registros previos a 1920. La construcción (-20%), atravesada por la paralización casi total de la obra pública; la industria (-13,7%), donde predomina el derrumbe de la comercialización de los equipos y aparatos vinculados al hogar, los muebles, las maquinarias, los productos minerales no metálicos y los productos vinculados a la actividad siderúrgica; y el comercio (8,7%), donde resalta el rubro de alimentos y bebidas, también evidencian las dificultades de las configuraciones económicas y sociales actuales.
Las expectativas oficiales respecto a supuestas inversiones promovidas por el denominado círculo rojo y por grandes firmas internacionales, luego de la aprobación de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, tuvieron una respuesta discreta, a la espera de modificaciones prometidas en la política monetaria, impositiva y tributaria, y de las definiciones de un escenario internacional que mira los comicios de Estados Unidos con especial atención. La implementación del RIGI y la redacción final del conjunto de reformas de la Ley Hojarasca, a cargo del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aparecen como dos piezas claves para la llegada de recursos frescos y de una reactivación económica que estaba planificada para el mes pasado. Según la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, las inversiones cayeron 68,3% en junio de 2024, en el análisis comparativo con el mismo mes de 2023, y 53,3% en la confrontación con mayo de este año. Con ese panorama, el ex funcionario de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri apura la reglamentación de diferentes capítulos del paquete de leyes impulsadas por la Casa Rosada, especialmente en los articulados sobre los blanqueos, las flexibilizaciones y las moratorias para la atracción de recursos frescos, como también respecto a la privatización de las empresas públicas.
Frigerio y la agenda nacional
Sin rebote económico, la Casa Rosada difundió un mensaje de realidad a las demandas de las distintas provincias por la merma de recursos coparticipables, pero especialmente por la incertidumbre y el deterioro de obras educativas, sanitarias, viales y de viviendas, que fueron paralizadas por el desfinanciamiento de la administración nacional, y por los recursos correspondientes a las cajas de jubilaciones de cada distrito. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, que representa la pata más política del Ejecutivo libertario, recibió el jueves pasado a nueve mandatarios de la extinguida alianza Juntos por el Cambio. Con la única excepción del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que argumentó cuestiones de agenda, participaron de la cumbre Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Jorge Macri de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Leandro Zdero de Chaco, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Poggi de San Luis, Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Sadir de Jujuy.
Los caudillos locales desplegaron un extenso listado de pedidos y reclamos de los diferentes territorios, con especial preocupación en la ausencia de un programa de gestión nacional. A la par, exigieron que el Ejecutivo aporte certidumbres sobre la segunda y tercera fase económica, luego del acompañamiento legislativo y político a la hoja de ruta trazada por la Casa Rosada. Allí, después de un diagnóstico de cada gobernador, se elevó la queja conjunta por la falta de un sistema de compensación de las deudas de Nación a las provincias y por la carencia de precisiones respecto a la reactivación de obras licitadas, en marcha, e incluso en etapa de finalización. En esa dirección, más allá de las disidencias en las formas, expresaron los problemas de comunicación política con el Gobierno nacional, pese al rol que los mandatarios del frente fundado por Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) ejercieron para la aprobación de las dos primeras leyes del Ejecutivo conducido por La Libertad Avanza.
En varias intervenciones, en una mesa que se agrandó por la llegada del asesor presidencial, Santiago Caputo, cuestionaron que no haya un trato diferencial con los sectores aliados, que aportaron los votos cruciales en el Congreso para la sanción de leyes. “Fuimos escuchados pero no hubo ninguna respuesta concreta”, afirmaron desde el entorno del Mandatario de Entre Ríos. “Faltan interlocutores con lapicera”, apuntaron desde la Casa Gris de Santa Fe. “No hay gestión”, fue la crítica mortal desde el otro extremo del túnel subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”. Tampoco hubo otras precisiones en el cónclave bilateral de Frigerio con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, más allá de la importancia de la fotografía como hecho político.
En esa misma recorrida por Buenos Aires, el Gobernador compartió un panel con Torres de Chubut y Macri de Capital Federal, en el relanzamiento nacional del PRO, en un acto organizado por Mauricio Macri en el emblemático barrio porteño de La Boca. “En Entre Ríos, en Chubut y en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio. Nosotros no creemos que podemos solos. Convocamos a los mejores y ahí hay una distinción respecto de lo que venía pasando antes”, afirmó Frigerio, integrante de la nueva comisión directiva del partido amarillo, aunque alejado de la guerra desatada entre el ex Presidente de la Nación y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Las transformaciones arrancan con pequeños gestos. Si los hacemos desde el liderazgo del proyecto, siempre tienen más probabilidad de permear al resto”, apuntó Frigerio sobre la idea de cambio, que fue sustancial en la construcción electoral de Cambiemos en 2015.
Frigerio y la agenda provincial
Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, expresó en reiteradas ediciones los desafíos de equilibrio del Gobernador de Entre Ríos en un sinuoso camino entre el apoyo incondicional al Gobierno nacional, la reducción de los fondos coparticipables recibidos y la eliminación de diversas partidas presupuestarias a las provincias, y los objetivos diarios de la gestión local. El discurso de Casa Gris, a tono con las argumentaciones nacionales, se enfocó en la importancia de darle las herramientas necesarias al Ejecutivo de La Libertad Avanza para que realice las reformas estructurales planteadas en su plataforma de campaña. El apoyo sustancial al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, a la Ley Bases, al paquete fiscal y al pacto de Mayo/julio en Tucumán, se fundamentaba en un acompañamiento al norte formulado por la administración de Javier Milei. Una brújula que contemplaba el sufrimiento inicial de un primer semestre de ajuste fiscal riguroso para un ordenamiento macroeconómico y una resignificación del papel del Estado, que permita un rebote económico en V y la fluidez de una mayor cantidad de recursos genuinos en la segunda parte del año.
Sin horizonte previsible en el corto y mediano plazo, el Mandatario de Entre Ríos comienza una nueva etapa, caracterizada por el incremento de los niveles de conflictividad social y por la agonía del período de gracia original después del cambio de mando del sillón de Urquiza. Las mínimas certezas del encuentro con el ministro Francos dejaron como única conclusión que el segundo semestre será más complejo para las finanzas provinciales. Ese fue el mensaje que bajó Frigerio, casi como un pronóstico del viaje dos días después por Buenos Aires, en la reunión de gabinete del martes pasado junto a los ministros provinciales y la vicegobernadora Alicia Aluani. De igual modo, apareció como justificación, sinceramiento o advertencia, durante la primera convocatoria a la reanudación de la instancia paritaria, el pasado 19 de julio, que finalizó sin una propuesta salarial concreta. Esa oferta llegó tres días después y fue rechazada por los gremios docentes, que profundizaron un plan de lucha con distintas medidas de fuerza. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el sindicato más numeroso de los trabajadores de la educación de la provincia, definió en su Congreso Extraordinario la realización de cuatro jornadas de huelga, que tuvieron sus dos primeros capítulos este jueves 1 y viernes 2 de agosto. En simultáneo, el Ejecutivo provincial mejoró la proposición original, con una recomposición que englobó el 5% de incremento con los haberes de julio, la equiparación hasta fin de año de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el pago de 200 mil pesos en cinco cuotas entre agosto y diciembre, donde una de ellas adquirirá carácter remunerativo y bonificable a cuenta de la negociación paritaria de 2025.
La última oferta a los docentes además extendió esa suma fija a los jubilados, ya que la propuesta aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no abarcaba a dicho sector. El ofrecimiento original, respaldado por los sindicatos estatales, estipulaba el 5% para julio, la igualación de la variación de la inflación de agosto y un bono de 120 mil pesos distribuido en tres partes iguales. El rechazo de Agmer y el anuncio de cuatro jornadas de huelga, como también de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), marcaron una distancia sustantiva entre la estrategia de los trabajadores de la educación y la táctica del personal de la administración central. La respuesta del Gobierno provincial fue el descuento de los días de paro y la liquidación de los salarios de julio sin el incremento efectivo, que fue rechazado en la instancia paritaria.
La reacción docente se sintió en la marcha provincial más numerosa de los últimos 20 años contra una política o decisión del Gobierno provincial, que ya venía ofuscada por la suba del 3% de los aportes personales de todos los trabajadores (excepto la policía) para la Caja de Jubilaciones de la provincia y del 3% para pasivos del régimen especial hasta el cumplimiento de la edad ordinaria requerida. “El contexto nacional de desfinanciamiento a la educación y de robo a los bolsillos docentes, tiene el apoyo explícito del Ejecutivo provincial. No sólo ideológico, sino en sus prioridades de gestión”, apuntó uno de los dirigentes históricos de Agmer en diálogo con LA CALLE. “Te proponen el 5% de aumento pero te quitan el 3% de manera ilegal. Después declaran en los medios que nuestros salarios le ganan a la inflación cuando son sueldos de indigencia”, argumentó el representante del gremio docente mayoritario de la provincia. “Como si la situación no fuera grave, todavía nos echan la culpa del déficit de la caja de jubilaciones. Es la política la que debe hacerse cargo de gobernar”, apuntó en diálogo con Punto y Seguido.
La contundencia de la movilización superó las expectativas sindicales y se transformó en la convocatoria docente más concurrida de las últimas dos décadas. La imagen de largas cuadras contra las decisiones del Gobierno provincial en materia salarial y de la caja de jubilaciones resonó en las pantallas de los celulares en Casa Gris. Más en un contexto donde el Ejecutivo se encuentra en la etapa final de la redacción de un proyecto legislativo para la concreción de otras reformas al sistema previsional, como la supresión de regímenes especiales incluidos en el artículo 63 de la Ley N° 8.732. Modificaciones que además comprende la eliminación de la cláusula vigente en el artículo 39 que permite el esquema 3×1 para trabajadores que sobrecumplieron los años de aportes pero no poseen la edad necesaria para jubilarse. “Es el segundo paso de un programa de tres etapas que apuntan al saneamiento y al sostenimiento en el tiempo”, se anticipó a LA CALLE. “El borrador ya lo tienen los sindicatos”, se confirmó sobre el texto que iniciará su tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados, a diferencia de la suba de los aportes, fijada por el Decreto Nº 1576.
La marcha docente, que recorrió las calles Buenos Aires, Urquiza, Corrientes y La Paz de la ciudad de Paraná, pasando por la sede principal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, hasta llegar a la plaza Mansilla, ubicada frente a Casa de Gobierno, marcó la primera protesta sustantiva en el tablero local. A diferencia de otras manifestaciones, como las acciones en defensa de la cultura y la educación pública, surgidas contra las políticas de Javier Milei, la concentración del 1 de agosto se configuró alrededor de las decisiones del Ejecutivo provincial. Con una doble jornada de paro en suspenso para el martes 6 y miércoles 7, Agmer retoma la realización de asambleas, con el objetivo de discutir una respuesta a la última oferta salarial. En el mediano plazo, la previsibilidad hasta diciembre no es un factor secundario, en un contexto que no marca indicios claros de alivio a la asfixia financiera de las cuentas provinciales ni de crecimiento económico de segundo semestre. Por el contrario, sindicatos y funcionarios, resaltan que el panorama tenderá a agudizarse en los próximos meses. El martes, la instancia paritaria tendrá un nuevo capítulo.
¿RIGI local y venta de inmuebles?
Sin una planificación nacional sobre la ampliación de los recursos a las provincias, ni siquiera sobre las deudas de las obras paralizadas, Frigerio apuesta a la red de contactos internacionales consolidados en su paso por el Ministerio del Interior, durante la presidencia de Mauricio Macri. Sus viajes por Alemania y España fueron en esa dirección, como también las reuniones recientes en Entre Ríos con representantes del BID y en Buenos Aires con los embajadores de Estados Unidos, Marc Stanley, y de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Al Qemzi. En paralelo, acelera la adhesión de la provincia al RIGI, fundamentalmente sobre los capítulos destinados al blanqueo de capitales a cambio de beneficios impositivos y tributarios para las empresas, como también del resguardo de futuras sanciones por las maniobras evasivas. También elevó al Poder Legislativo un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), con una redacción que adecúa el texto nacional a los intereses, realidades y posibles inversores en el territorio provincial. La iniciativa de Casa Gris incluye a sectores de la cultura, del turismo, del transporte para diferentes ramas productivas, y de las industrias madereras y avícolas, y descarta el piso de 200 millones de dólares que fija la normativa del paquete fiscal aprobado en el Congreso nacional. En el radar de las inversiones vinculadas al primer subgrupo, el miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad a la propuesta parlamentaria que estimula el financiamiento privado a proyectos culturales y artísticos.
La agenda legislativa de Juntos por Entre Ríos además contempla un proyecto que conforma la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos, con autarquía económica y capacidad de actuar en el ámbito privado y público, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, una de las piezas imprescindibles y de mayor confianza de Frigerio. Junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, representa la pata más política del primer cordón de diálogo con el actual Mandatario, con quien camina a la par desde el segundo mandato de Macri como jefe de gobierno porteño, cuando el actual Gobernador se desempeñó como legislador de CABA (2011-2013) y luego como presidente del Banco Ciudad (2013-2015). La historia posterior es más conocida, cuando fue una lapicera singular del poderoso Ministerio del Interior en la gestión presidencial de Cambiemos (2015-2019).
Volviendo al mencionado proyecto, el oficialismo explica que promueve la constitución de un ente que concentre los distintos bienes del Estado y monopolice su actividad inmobiliaria. Una figura que abarque y unifique distintas funciones de la Unidad de Control de Inmuebles, la Dirección de Tierras Fiscales, la Compañía Entrerriana de Tierras, la Contaduría General de la Provincia y la Escribanía Mayor de Gobierno. No obstante, organizaciones ambientales advirtieron que la normativa habilita la venta de las 188.773 hectáreas de islas que se encuentran dentro del sistema de humedales. “En un contexto de desregulaciones de todo tipo y habilitaciones de todo tipo, incluido la falta de control sobre las fumigaciones, nos parece poco claro el proyecto”, advirtieron desde la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas. “Si no hay una prohibición taxativa sobre la venta de nuestros ecosistemas, que son reservas de agua, flora y fauna, lo frenaremos en la justicia”, anticiparon a LA CALLE. El Ejecutivo desestimó esas críticas, ya que entiende que son áreas protegidas que no tienen ningún punto en común con el espíritu del texto. El desenlace se verá en la discusión legislativa.
El segundo semestre se encuentra en marcha, donde agosto emerge como un periodo clave para los desafíos de Milei y Frigerio en sus gestiones. Final abierto.