El exgobernador de Entre Ríos fue detenido ayer y alojado en un penal de Paraná; le queda todavía un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia; en 2022 fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua.
La justicia de Entre Ríos rechazó hoy un habeas corpus presentado por el exgobernador Sergio Urribarri, que está preso desde ayer en una cárcel de Paraná y pretendía ser liberado.
El pedido del exmandatario fue rechazado porque la jueza Carola Bacaluzzo, que entendió que la vía procesal elegida por Urribarri -el habeas corpus- no era la correspondiente para pedir la liberación, según informó el fiscal entrerriano Gonzalo Badano. El habeas corpus es una acción que prevé una rápida solución judicial cuando la libertad física de una persona se ve atacada o amenazada de forma ilegítima por una autoridad pública. Al exgobernador le queda todavía la posibilidad de recurrir, por el camino tradicional, ante el Superior Tribunal de Entre Ríos la prisión preventiva dispuesta en su contra.
Mientras tanto, sigue detenido junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en una sala de la Unidad 1 de Paraná. Los dos detenidos están juntos, sin otros contactos. Se trata de una cárcel de más de 100 años con 960 internos -260 de ellos, presos federales- y casi sin espacio para nuevos ingresos, dijo un funcionario de la provincia, que confirmó que se está analizando la posibilidad de trasladar a Urribarri a la cárcel de Gualeguaychú, la más nueva de Entre Ríos, que tiene 3000 detenidos. Pero el traslado debería ser ordenado por la Cámara de Casación porque ese tribunal, en el fallo que dictó la prisión preventiva, dispuso que se alojara al exgobernador en la Unidad 1 de Paraná.
Urribarri fue detenido ayer por la mañana por orden de la Casación provincia, que dispuso su “inmediata captura” en la causa en la que está condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Recordemos que Urribarri fue encontrado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo de gobernador, pero como la condena todavía no está firme, técnicamente no comenzó a cumplir su pena. Lo dispuesto ayer por la justicia provincial es una prisión preventiva para evitar que el exmandatario, cuya situación judicial es cada vez más complicada, se fugue. (LN+)