La Mesa de Salud Mental de Entre Ríos lanzó un duro comunicado contra la gestión de Rogelio Frigerio por la implementación de “Ori”, una herramienta de inteligencia artificial. Advierten que es “una forma de encubrir el desfinanciamiento” y exigen respuestas urgentes frente a una crisis que no admite improvisaciones.
Un parche tecnológico frente a una crisis estructural
En medio de una emergencia en salud mental que ya lleva más de un año en la provincia, la respuesta oficial vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, el eje de la polémica es la presentación de “Ori”, un chatbot impulsado por el gobierno entrerriano como herramienta de acompañamiento.
Lejos de generar consenso, la iniciativa encendió alarmas. La Mesa de Salud Mental de Entre Ríos fue categórica: “No es innovación, es una señal preocupante de hacia dónde se está corriendo la responsabilidad del Estado”.
El diagnóstico es claro y no deja lugar a ambigüedades: la crisis requiere presencia, equipos y políticas sostenidas. No aplicaciones.
El trasfondo es ajuste y prioridades
El documento no solo cuestiona la herramienta en sí, sino el modelo de gestión que la sostiene. En ese sentido, advierte que se están priorizando “anuncios marketineros” por sobre transformaciones estructurales, en un contexto donde ni siquiera se garantiza el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
La normativa establece que al menos el 10% del presupuesto del área de salud debe destinarse a salud mental. Sin embargo, desde la Mesa sostienen que ese piso está lejos de cumplirse.
«Esto no es innovación, es disfrazar el desfinanciamiento”, remarcan.
¿Otro ejemplo de un Estado que se corre?
Uno de los puntos más sensibles del comunicado apunta al corrimiento del Estado en su rol de garante de derechos. Allí donde deberían fortalecerse dispositivos territoriales y equipos interdisciplinarios, aparece una respuesta automatizada.
«El sufrimiento no se automatiza. El cuidado no se terceriza”, advierten.
Además, subrayan que existen antecedentes internacionales que alertan sobre riesgos en el uso de inteligencia artificial en contextos de vulnerabilidad psíquica, especialmente en jóvenes.
La crítica no es a la tecnología en sí, sino a su utilización como sustituto de políticas públicas: “No estamos en desacuerdo con el uso de herramientas tecnológicas para prevención o información. Pero la emergencia es ahora”.
Una advertencia que interpela
El pronunciamiento también deja una advertencia política de fondo y tiene que ver con mí que sucede cuando el Estado responde de manera superficial ante problemáticas críticas. Las consecuencias son concretas. Más sufrimiento. Más barreras de acceso. Más riesgos.
En ese marco, la Mesa exigió el tratamiento urgente del proyecto de ley de “Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar en territorios entrerrianos” y pidió una definición pública del Colegio de Psicólogos de la provincia.
El mensaje final sintetiza el clima de época y la gravedad del planteo: la salud mental no puede quedar librada a algoritmos ni a soluciones de bajo costo. Porque, en definitiva, no se trata de modernización. Se trata de prioridades.
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