Luego de la denuncia realizada por el gobernador Rogelio Frigerio ante el descubrimiento de un sistema de supuesto espionaje dentro de artefactos de su oficina, se descubrió que se trata de cámaras que habían sido instaladas por el ex-secretario de la gobernación de Gustavo Bordet, el polémico Edgardo Kueider y que estaban en desuso desde 2019.
El gobierno entrerriano anunció ayer el hallazgo de cámaras ocultas en los despachos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, lo que tuvo trascendencia provincial y nacional, porque se entendía que era una tarea de espionaje. Sin embargo, allegados al exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el exsenador nacional Edgardo Kueider, reconocieron a ANÁLISIS que la colocación de tales cámaras las dispuso personalmente el mencionado exlegislador concordiense a principios de 2018 y se desactivaron en febrero de 2019. La decisión la adoptó Kueider, tanto en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación, como en la oficina del entonces gobernador Bordet, para tener “un control” de los movimientos que se podían producir cuando, fundamentalmente, ellos no estaban, porque se habían observado algunos movimientos extraños.
El propio Bordet le pidió a Kueider que instalara una de las cámaras compradas en su despacho de la Gobernación “porque estaba cansado de encontrar los papeles que dejaba acomodados de una forma, al mediodía, y que estaban de otra manera en horas de la tarde”. De hecho, esa fue una de las cámaras halladas ayer en la oficina de Rogelio Frigerio, lo que generó indignación y rechazo desde el oficialismo y diferentes sectores políticos que, en principio, entendieron que correspondía a una tarea de espionaje de los últimos meses.
El sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, que en su momento se lo llevó el propio Kueider”, detalló la fuente. Y fue enfático sobre un punto crucial: “Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre”, se acotó.
El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque las cámaras permanecieron instaladas, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan”, aseguró el exfuncionario consultado por ANÁLISIS.
Había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario General, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR instalado donde también se guardaba la caja fuerte con los gastos reservados, cuyo video fue difundido el año pasado por todos los canales de TV del país, cuando se estaba investigando a Kueider por las causas en Paraguay (donde actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, en la ciudad de Luque, por la causa de supuesto contrabando de dólares) y por su supuesta relación con la causa Securitas y su vinculación con ENERSA, lo que dispuso la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre afirmó que nunca tuvo que ver con ENERSA, porque no integró jamás el directorio de la empresa, que fue la que más le pagó un canon mensual a Securitas, gerenciado por el empresario Claudio Tórtul, denunciado e investigado por el pago de coimas para renovar los contratos de seguridad.
Lo que más sorprende es que estas cámaras –“aparatitos de unos 10 centímetros de alto”- estuvieran a plena vista durante dos años sin que nadie las detectara. “Está claro que nadie de seguridad de Frigerio se dio cuenta de la existencia de estas cámaras, que estaban a la vista de cualquiera. Solo había que levantar un poco la cabeza y observar unos minutos”, dijo la fuente. Incluso, recordó que cuando Bordet asumió en diciembre de 2015, hubo un operativo de control y se encontraron micrófonos en la oficina del designado ministro de Gobierno de la gestión anterior, Mauro Urribarri. “Estaba claro que las había ordenado Sergio Urribarri, pero no para su hijo, sino para su antecesor, el exministro Adán Humberto Bahl”, se dijo.
Un poco de historia
En enero de 2019, el entonces funcionario provincial Edgardo Kueider se sorprendió cuando en su correo electrónico le llegó un mensaje anónimo con un video adjunto y con una particularidad: a la vez, también se lo enviaban a Sergio Urribarri, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Allí quedaba demostrado que le habían hackeado las cámaras de su propio despacho oficial y le mostraban algunos de los movimientos de dinero que había hecho Kueider en su oficina con diferentes personas. El funcionario tenía allí la caja fuerte de fondos reservados y administraba lo que le correspondía al gobernador Gustavo Bordet.
Kueider se puso pálido porque el único que tenía acceso a esas cámaras de su despacho era solamente él. Las veía únicamente en su teléfono celular. Y el personaje anónimo le acotaba en el correo electrónico: “Tengo esto acá y tengo más”. El video mostraba imágenes de mediados de octubre, noviembre y diciembre de 2018; pero también de enero de 2019. En una de ellas, el funcionario aparecía junto a una de sus colaboradoras directas, en su despacho oficial. En otras, se veía a Kueider contando importantes sumas de dinero de fondos reservados, que le traían sus colaboradores directos.
Por esas casualidades, en febrero de ese año debía renovarse la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia y era la primera vez que peligraba la continuidad de Urribarri como titular. Es más: hubo una especie de pacto entre peronistas y radicales, para no reelegirlo, pero finalmente no se cumplimentó. Y Urribarri siguió siguiendo presidente del Cuerpo.
Kueider entendió que la extorsión era por esa reelección y los únicos que podían hacer ese hackeo eran los del grupo Octógono. El funcionario se comunicó con el procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien se encontraba en Tucumán por esos días y decidió hacer la denuncia judicial. Semanas previas le habían pasado el dato a Bordet, de que iba a tener algunas tareas de espionaje en Casa de Gobierno y en sus movimientos por Entre Ríos y Capital Federal.
Y, a la vez, se reunió con el líder del grupo Octógono, Facundo Cabrera, para que “analizara lo enviado”. Y también le pidió a Cabrera que le organizara una reunión con Urribarri para hablar del tema y ver en qué medida el exgobernador tenía que ver con estos videos, en función de su exigencia cuasi extorsiva de seguir en la presidencia de la Cámara Baja. La reunión con Urribarri se concretó en el edificio de Buenos Aires y Garay, en un departamento de los Octógono. Fueron Urribarri y Cabrera. De entrada, le dijeron “guardemos los celulares” para hablar. Urribarri enseguida se desligó de los videos hackeados y enviados. “Yo no tengo nada que ver, yo estoy para colaborar, esto acá pasa porque alguien quiere hacer un daño para que el peronismo pierda, para que yo y Bordet nos terminemos de pelear”, dijo el exgobernador, a la vez que comenzó a cuestionar efusivamente a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que ya había reemplazado a Mauro Urribarri.
Fue en ese marco que decidieron hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Kueider primero le envió el video y después se sentó a hablar. La principal preocupación del funcionario era que el video cayera en las redes sociales y se armara un escándalo nacional, porque se lo veía al legislador repartiendo dinero de fondos reservados, a quienes habitualmente reciben tales partidas para diferentes tareas.
Kueider fue a Tribunales, hizo la denuncia en Fiscalía, pero la causa nunca avanzó. Siempre se entendió que el urribarrismo estaba detrás y que la gente del grupo Octógono había tenido que ver en ello. La causa terminó archivada porque, de alguna manera, Kueider se asesoró, le dijeron que no había “delito” y que por ende no había que seguir con la denuncia. Pero cometió un error, por lo cual no avanzó el caso: llevó a la Fiscalía un video editado. Nunca quiso dejar el video original, donde aparecía en escenas comprometidas, las que, casualmente, fueron borradas en la edición del entonces funcionario.