La reforma impositiva que proyecta el Gobierno, con la aprobación del FMI, enciende las alarmas entre los gobernadores. Competencia o desfinanciación.

Por Cristian Carrillo

El Gobierno prepara una reforma tributaria, la primera de las tres que se comprometió a llevar adelante con el Fondo Monetario Internacional luego de las elecciones de octubre, junto con la laboral y la previsional. En ese paquete el equipo económico buscará profundizar el desfinanciamiento de provincias que no son amigas. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que dividirán el cobro del IVA entre Nación y provincias. «Cobraríamos 9% de IVA y las provincias pondrán el suyo», aseguró el titular de Hacienda. Caputo aseguró que la medida permitirá una mayor competencia entre las provincias, que buscarán cobrar menores impuestos para atraer la localización de empresas en sus territorios, lo que redundaría –según su explicación– en mayor empleo, consumo y, por ende, mayor volumen de recaudación. Especialistas en materia tributaria advierten que la aplicación de este esquema puede ser un problema cuando se le facture a un contribuyente que actúa en distintas jurisdicciones.

La medida derivará en que las provincias se desfinancien aún más para alcanzar una mejora futura «potencial». Las empresas no se radican o dejan de radicarse por unos puntos de IVA (podría suceder que instalen su centro administrativo, pero no sus plantas de producción). No todas las provincias tienen estructura para recaudar el impuesto y todo se enmarca en una discusión más amplia: la coparticipación.

El Gobierno propala esta medida como una baja del IVA, del 21% actual al 9% que puede seguir cobrando Nación. El extra que se aplique se mostrará como mera responsabilidad de las provincias, las cuales fueron previamente desfinanciadas. Incluso, esta medida les quita una masa coparticipable considerable.

La masa coparticipable bruta se conforma del 100% del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), el 89% del IVA (Leyes 23.966 y 27.432), el 100% de los Impuestos Internos Coparticipables (Ley 26.674), además de otros impuestos menores. El IVA es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el territorio, incluida la mayoría de las transacciones comerciales, con una alícuota general del 21%. Y lo recaudado se coparticipa entre Nación (46%) y las provincias y CABA (54%).

En enero de 2024, las transferencias de coparticipación por IVA aumentaron 14,9%, impulsadas por el incremento sustantivo del IVA aduanero en el marco de la megadevaluación. En febrero y marzo la comparación interanual mostró un incremento atribuible a la mejora del nivel de actividad económica.

En 2024, el IVA recaudó 7,5% del PIB, que se reparten 3,5% para la Nación y 4,0% para las provincias.


Motivos reales

El atraso cambiario mileísta obliga a abordar los severos problemas de competitividad que sufre la producción nacional. «Un paso imprescindible es eliminar Ingresos Brutos y las tasas municipales aplicadas a las ventas», señala un informe de la consultora IDESA.

Argentina tiene varios impuestos a las ventas superpuestos. La acumulación de impuestos gravando el mismo hecho (ventas) impacta sobre los precios no solo por los montos que representan sino también por la costosa burocracia para pagarlos. Para dimensionar el desafío que implica eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales hay que ver cuánto recaudan. Según el Ministerio de Economía, para 2024 se observó que: el IVA recauda 7,5% del PIB, que se reparten 3,5% para la Nación y 4,0% para las provincias. Por su parte, Ingresos Brutos provincial recauda alrededor del 4,0% del PIB. Mientras que se estima que las tasas municipales aplicadas sobre las ventas recaudarían más del 0,5% del Producto. «La manera más práctica y rápida de eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales es que sean absorbidos por un “súper-IVA”. Una primera ventaja es la transparencia que hará explícita la exageradamente alta presión tributaria que se aplica sobre las ventas actualmente oculta en la superposición de los tres tributos. La segunda es que se bajan los costos administrativos de los contribuyentes y del Estado aumentando las posibilidades de bajar la evasión, paso esencial para ir más rápido a la reducción de la presión tributaria. La tercera es que aumenta la competitividad de la producción nacional», señala el informe.

En el último encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Paraná, Entre Ríos, a principios de mayo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el anfitrión Rogelio Frigerio, si bien no conversaron formalmente el tema del súper-IVA, según trascendió, se encendió las alarmas de los funcionarios provinciales ante esta iniciativa

Más allá de las distintas posturas, el objetivo final es desfinanciar a las provincias, más que ponerlas a competir. En todo caso, la competencia es por las limosnas que transfiera Nación a las jurisdicciones amigas.

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