Las detenciones y los procesos por cargos graves a manifestantes tras la marcha del 12 de junio ponen en evidencia la intención del Gobierno de criminalizar la protesta social.
Por Adriana Meyer
«Miren, estas son las armas de los terroristas», decía Marcelo Ortega con el megáfono en una mano y los cuadernos que produce la imprenta recuperada Madygraf en la otra, frente a los tribunales federales de Retiro donde estaba siendo indagado su amigo y compañero, Martín Dirroco. Había sido detenido el miércoles 12 tras la brutal represión a la protesta contra la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Era la noche del viernes 15 y estaba rodeado de los demás trabajadores de esa cooperativa autogestiva, otras agrupaciones sociales, políticas y sindicales, y los familiares de los 33 detenidos por el dictamen del fiscal federal y exfuncionario macrista y sciolista Carlos Stornelli, quien los acusó de una docena de delitos graves –entre ellos incitación a la violencia colectiva y perturbación del orden en sesiones legislativas– en sintonía perfecta con el comunicado del Gobierno de Javier Milei que, minutos antes, los había acusado de «terroristas” que iban a «perpetrar un golpe de Estado».
La multitudinaria y multisectorial manifestación –que había sido gaseada y atacada con balazos de goma de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad– había culminado con detenciones arbitrarias al estilo de la cacería de la represión de 2017, cuando el macrismo intentó imponer la Reforma Previsional. «Es una venganza por aquella vez», dijo la diputada Victoria Montenegro (UP) en la transversal conferencia de prensa convocada en el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) para exigir la liberación de todos los detenidos.
Dirroco recuperó la libertad el sábado 16 a la madrugada y se abrazó largo rato con su compañera Emi y sus amigos, mientras la gente cantaba «libertad, libertad a los presos por luchar». Había acudido a la protesta con un grupo grande de Madygraf, pero se retiraron apenas el gas lacrimógeno se hizo sentir como picazón en narices y ojos. «Nos vamos hacia el Obelisco, y nos sentamos en las plazoletas a descansar, pero los tiros se escuchaban cada vez más cerca, la gente empezó a correr, las calles estaban cortadas así que iban todos hacia el Ministerio de Desarrollo Social», recuerda en diálogo con Acción. «En eso llegan policías en motos, se bajan, empiezan a gritarnos y nos detienen, la gente se desespera y tiran tiros a los que corrían. Me tiraron al piso y me pusieron la rodilla en la espalda. Tenía una mochila y la abracé, me la puse en el pecho para que no me aplastaran con el piso».
Declarar y quebrarse
Los relatos de la mayoría de las personas arrestadas en esas horas coinciden en que estuvieron entre ocho y doce horas en los camiones policiales, con las manos precintadas, sin comida, ni agua, ni comunicación con el exterior. Todos y todas sufrieron maltratos y humillaciones. Cuatro de los varones que fueron alojados en la cárcel de Ezeiza soportaron torturas: los habrían rociado con gas pimienta luego de obligarlos a desnudarse.
«En eso viene un policía joven y nos dice “están hasta las manos”», agregó Dirroco. Durmieron en el piso de la alcaidía de Parque Patricios, recién la segunda noche con una frazada. «El jueves pude ver a mi compañera, y en esas horas nos dijeron que éramos terroristas que atentamos contra el Estado, ahí nos empezamos a asustar». Para justificar los 12 delitos imputados, pasaron a jurisdicción federal todos los que habían sido detenidos por la Policía de la Ciudad.
«En la declaración conté mi vida, trabajo de 8 a 4 de la tarde, tengo una nena de 5 años, mi compañera trabaja conmigo y estudia Profesorado de Arte. Me parecía muy injusto que me acusaran de pegar con las cañas y tirar piedras, hay videos que muestran que nunca hice nada. Me dicen que los testigos que tiene Stornelli son policías, y me quiebro en la indagatoria», cuenta Dirroco, obrero gráfico de 37 años y organizador del sector cultural de la gestión obrera en la ex Donnelley.
El auto en llamas de Cadena 3, medio de comunicación cordobés, fue la luz verde para que las fuerzas policiales y de seguridad desataran una represión desproporcionada, con policías de la Ciudad y gendarmes portando armas de fuego, algo prohibido por ley. Stornelli no hizo descripción alguna específica sobre cada persona, ni precisó horarios, lugares ni hechos concretos, como corresponde a cualquier acusación penal. Tan burdo fue el armado que la jueza federal María Servini tuvo que liberar a la mitad, pero 16 personas permanecieron presas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto: varios estudiantes universitarios, un docente, una empleada doméstica, una militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), un trabajador de Telefé y hasta una sobrina de una Madre de Plaza de Mayo.
La razón invocada por la veterana magistrada para negar la excarcelación a ese grupo fue que la acusación invocaba delitos graves y, a su criterio, podrían fugarse o entorpecer la causa. «Esos delitos son los que inventó Stornelli, sin hechos ni pruebas, es una vergüenza arbitraria», decía la abogada de Correpi, María del Carmen Verdú, en la puerta de Comodoro Py, mientras una multitud abrazaba a quienes salían libres.
Plaza llena
Caía la tarde del martes 18 y una multitud colmó la Plaza de Mayo para exigir la libertad de quienes permanecían con prisión preventiva. Las banderas rojas, celestes, verdes y naranjas de las agrupaciones del peronismo y de la izquierda impedían a los fotógrafos tomar la panorámica de la gran convocatoria que acompañó a las familias en su reclamo. Desde el escenario Carlos «Sueco» Lordkipanidse leía una interminable lista de presencias y adhesiones que iban desde los intendentes del Conurbano hasta las Madres de Plaza de Mayo, pasando por centenares de organizaciones de un amplio espectro del campo nacional, popular y de izquierda. «Milei fascista, vos sos el terrorista», cantaba la gente, y al rato gritaron «presente” con la lectura del listado de todos los detenidos. Marchas similares se replicaron en Rosario y en Mendoza.
«Nació en mi casa, estuve toda la vida con él hasta que se casó, siempre fue abanderado y campeón argentino varias veces de ajedrez, siento muchísimo dolor, pero estoy curtida porque soy grande, tengo 73 años, ya pasé la dictadura militar, y todas estas cosas me remueven esos recuerdos», dijo Cristina, la abuela de Nicolás Mayorga, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). «No es el terrorista que nos quieren hacer creer, no se resistió a la autoridad, no tiró piedras, es padre de familia, colabora en ollas populares y junta ropa cuando hace frío», agregó su mamá, Margarita.
Al cierre de esta nota, la jueza Servini firmaba la libertad de 11 de los 16 y dictaba el procesamiento con prisión preventiva de Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, Roberto de la Cruz Gómez, David Sica y Cristian Valiente. Calarco quedó procesada por incendio y daño agravado, en tanto el resto por intimidación pública y atentado contra la autoridad.
Estos acontecimientos ponen en evidencia que un sector del Poder Judicial sigue bailando al ritmo que marca el Gobierno, en este caso dando un salto exponencial en la represión y criminalización de la protesta social. Las denuncias ante organismos internacionales realizadas por agrupaciones de derechos humanos probablemente no impliquen costo alguno para la administración de Javier Milei. El costo lo pagan en sus cuerpos las personas que padecieron encarcelamiento por ejercer su derecho a protestar en democracia.