La Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de trasmisión sexual. Apunta a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y prevenir muertes evitables. Hubo solo ocho votos en contra, incluido un legislador neuquino que, a su vez, sugiere reinstalar el servicio militar.
El 5 de mayo la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 241 votos a favor y solo 8 votos en contra, el proyecto que trata una nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis e infecciones de transmisión sexual. La iniciativa actualiza la Ley 23798, llamada Ley Nacional de Sida, aprobada en 1990. En su momento fue una ley de avanzada, al declarar “de interés nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población”.
Aquella norma legal, de corte netamente biologicista, da lugar a esta nueva con enfoque de Derechos Humanos, que aborda tanto la situación de personas portadoras del VIH, como de otras infecciones tales como las hepatitis, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. La diputada y autora del proyecto, Carolina Gaillard (FdT), explicó que “es un proyecto de las organizaciones de la sociedad civil que viene a modificar una ley de hace 30 años, viene a cambiar el paradigma del tratamiento del VIH con un abordaje social… plantea un enfoque de derechos humanos e incorpora a las mujeres y personas gestantes, la investigación y capacitación y garantiza calidad de vida”.
En efecto, se trata de una ley fruto de un intenso trabajo legislativo transversal, con la participación activa y el apoyo de más de 200 organizaciones civiles, varios de cuyos representantes presentes en la sesión de la Cámara de Diputados, festejaron su aprobación a viva voz.
El proyecto apunta a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables, como así también cambiar la realidad social de las personas afectadas. Con un abordaje integral desde la salud colectiva, y el foco puesto en brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación, la futura ley ratifica premisas contenidas en la Ley 23798, pero avanza en legislar sobre aspectos esenciales para contribuir a la salud integral de los afectados.
Entre los aspectos centrales del proyecto que obtuvo media sanción en la cámara baja, vale destacar los siguientes:
- Establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada.
- Todas las pruebas para detectar esas patologías deberán ser voluntarias, gratuitas, confidenciales y universales.
- Promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social, entre otros.
- Quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
- La nueva norma legal propone la instalación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
- Impulsa la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
En un interesante debate en el recinto, donde se evidenció el acuerdo generalizado para aprobar esta modificación varios diputados y diputadas se expresaron. El diputado nacional Daniel Gollán (FdT), ex – ministro de Salud de la Nación, manifestó en el recinto que: «Esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional».
«Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico», dijo Gustavo Bacha Bouhid (Frente Cambia Jujuy), ex – ministro de Salud de Jujuy.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que «como diputado nacional yo tengo la esperanza personal, pero también colectiva, de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura y que todos y cada uno estemos aquí para poder celebrarlo».Sobre los retrasos que tuvo la ley en ser tratada, Ferraro dijo que no se pudo aprobar hasta que el activismo «empezó a decir basta, a reclamar con tanta firmeza que algunos mostraron su fastidio, su enojo y que esta Cámara entendió que no tenía más tiempo».
La diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez, destacó el «consenso logrado en forma transversal en la Cámara de Diputados, pero eso se alcanzó porque hay un correlato social afuera», y reivindicó que en esta ley «cambió el paradigma que solo atendía la parte médica y no contempla los problemas sociales»3.
Entre los ocho votantes en contra, se enroló el diputado por Neuquén, Francisco Sánchez (Pro), sin participar en el debate, ni exponer sus argumentos en la sesión del pasado 5 de mayo. Un medio local rescató lo que el diputado expresó en su cuenta de Twiter: «Detrás de la supuesta búsqueda de defender a personas vulnerables, crean más estructura en el Estado, es decir más gastos que salen de los bolsillos del que labura. Por esto voté en contra la nueva ley de HIV. Yo y otros 7»4.
Llama la atención que el mismo diputado que sugiere reinstalar el servicio militar con la intención de «utilizar a las fuerzas armadas como reformatorio»votara en contra de un proyecto de ley claramente a favor de la inclusión efectiva de ciudadanos afectados por enfermedades infecciosas, cuando con ese argumento propicia iniciativas de dudosa efectividad. Sobre el servicio militar, Sánchez sostuvo que: “en muchas ocasiones el servicio militar es una alternativa para los jóvenes sin prospectos a futuro. ‘Vivimos en una sociedad que margina a los jóvenes, no les daba oportunidades y el programa de Servicio Voluntario realizado por Patricia Bullrich, en Buenos Aires, fue muy efectivo para los chicos que lo llevaron adelante. Con lo cual, esa también puede ser una herramienta que puede servir para ayudar a quienes no tienen un rumbo y no tienen claridad cómo continuar su vida’, reflexionó”v.
Entendemos que vale la pena analizar las posturas de los representantes del pueblo, en tanto éstas se proyectan más allá de lo atinente a un proyecto en particular, para delinear un perfil ideológico de potencial aplicación en la gestión pública.
En ocasiones se promueven leyes para atención específica de algunas enfermedades, muchas veces promovidas por el propio complejo médico-industrial, con fines alejados del bienestar integral de la comunidad. Sin dejar de atender ese recaudo, sostenemos que resulta oportuno y pertinente repensar en forma dinámica los marcos legales adaptándolos a las necesidades de la población, especialmente cuando éstas afectan la salud de personas que no sólo corren el riesgo cierto de morir en forma anticipada, sino que por esa causa son víctimas de marginación y discriminación.