Surge de un informe del grupo Economía, Política y Ciencia, y la Federación de Docentes de Universidades; los sueldos de docentes y no docentes están en niveles menores a 2002.
Mientras la crisis de las universidades nacionales las empujó a advertir que peligra el segundo cuatrimestre de cursada para 2,5 millones de estudiantes si no se corrigen las distorsiones introducidas en el financiamiento, el grupo Economía, Política, Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) acaba de presentar un informe elaborado en conjunto con la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) que le pone números a la emergencia en la que se encuentran.
Según este trabajo que, como explicó durante la presentación Daniel Filmus, director del Ciicti, intenta empezar a reparar un faltante de datos sobre el efecto de las políticas educativas, no hay faceta de la educación superior que haya salido indemne de los recortes sin precedente que se están ejecutando en el área.
Solo para resumirlo en cuatro indicadores, en comparación con noviembre de 2023, el presupuesto de la Secretaría de Educación (antes, ministerio) se redujo un 47,6%, el de las universidades nacionales descendió un 19,8% y los salarios docentes perdieron un 29,3% de su valor adquisitivo. Además, las golpeó la reducción del 45,4% en la “función ciencia y tecnología”, ya que el 80% de los investigadores trabaja en universidades nacionales.
“El presupuesto universitario cayó a su valor mínimo desde 2005 (hoy representa el 0,5% del PBI) –dijo Filmus–. Esto no es un ajuste, es una política de exterminio”.
Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y actual director del CIN, subrayó que después de un importante crecimiento del sistema, se están viendo en dificultades “incluso para afrontar los gastos de funcionamiento, el pago de becas y las obras de infraestructura que estaban en marcha se encuentran abandonadas”. Para hacerse una idea de los programas que se deterioran, baste con mencionar que el monto mensual de la convocatoria 2025 de las Becas Manuel Belgrano, cuyo objetivo es brindar ayuda a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan cursar estudios en disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, asciende a 81.685 pesos.
Alpa también destacó que estas políticas promovieron la pérdida de más de 12.000 puestos docentes por sobre lo esperable en el último año y medio, muchos de ellos de profesores calificados, con prestigio y con historia, lo que, por supuesto, afecta la calidad y la excelencia educativa.
“Docentes con vocación, que defienden la universidad pública, pero a los que les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben. En algunos casos ni siquiera les alcanza para cubrir el transporte”, destaca un comunicado del CIN. Y más adelante aclara que “esos cargos tuvieron que ser reemplazados para poder garantizar la cursada de los estudiantes. Pero la premura y la urgencia no es la mejor solución para estos casos. Y deberían saberlo, un recurso humano formado que se pierde no se recupera solo en un acto administrativo, son años de formación. Como deberían saber también que hay carreras nuevas en marcha que para completar sus años de dictado exigen la designación de personal docente a cargo de cada materia. Para esas carreras no hay un solo fondo de financiamiento y, en algunos casos, los que estaban previstos para su puesta en marcha se dejaron de transferir”.
De acuerdo con el informe de EPC, en junio de 2025, los salarios de los docentes e investigadores en universidades nacionales cayeron por octavo mes consecutivo, pierden alrededor de un tercio de los valores que tenían en noviembre de 2023 y, a pesar de eso, continúan deteriorándose sistemáticamente: solo en lo que va de 2025, perdieron un 7,4%.
En la última década, los salarios universitarios llevan perdidos más de un tercio de su poder adquisitivo, con lo que se ubican en niveles inferiores a 2002.
El presupuesto educativo, por su parte, cae brutalmente desde 2023. En 2024, la inversión nacional en educación cayó un 42,7%; y la inversión en universidades nacionales cayó un 22,1% real. Se calcula que este año caerá otros 8,6 puntos.
Sin respuesta de las autoridades, la esperanza de los rectores ahora se cifra en el dictamen logrado en Diputados para la discusión de la ley de financiamiento universitario, que le dará otra chance en los próximos días a esta norma ya vetada por el presidente el año pasado.
Entre sus principales puntos dispone vincular con la inflación la actualización mensual de los gastos de funcionamiento de las universidades, actualización salarial para docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada (se menciona desde diciembre de 2023 y actualizaciones mensuales de salarios (que nunca estén por debajo de la inflación publicada por el Indec); plazos para la convocatoria a paritarias; aumento y fortalecimiento de becas estudiantiles. También propone la creación de un fondo anual de $10 mil millones de pesos (ajustables por IPC) para promover la creación y el desarrollo de carreras estratégicas, como inteligencia artificial y otras áreas de vacancia, incremento progresivo del presupuesto universitario como porcentaje del PBI hasta alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031 y garantizar recursos para mejorar el equipamiento y mantener la infraestructura universitaria. (El Destape)