Con esta medida, los registros liberarán los vehículos aunque tengan deudas, dejando la resolución a las partes involucradas
El Ministerio de Justicia anunció que, desde este lunes, no será necesario tramitar el libre deuda para transferir vehículos usados, eliminando la intervención de los registros automotores y municipios en el proceso.
Este cambio forma parte de un esfuerzo por desburocratizar el sistema de registros automotores. Ahora, será responsabilidad del comprador y el vendedor arreglar cualquier deuda pendiente de patentes o multas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que los registros automotores ya no retendrán ni cobrarán patentes o multas municipales y provinciales. Hasta ahora, los registros tenían acuerdos con los municipios para retener el trámite de transferencia en caso de deudas.
Con esta medida, los registros liberarán los vehículos aunque tengan deudas, dejando la resolución a las partes involucradas. Este ajuste se suma a la eliminación de otros formularios requeridos para la transferencia de autos usados, como el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA).
En mayo, también se eliminó la cédula azul y el vencimiento de la cédula verde, que ahora es el único documento indispensable para circular legalmente. Adicionalmente, se anunció la digitalización de los legajos automotores para agilizar los trámites y eliminar la necesidad de trasladar documentos entre registros, lo que permitirá un ahorro de $1.300 millones mensuales.
Licencias de conducir sin vencimiento Federico Sturzenegger, junto a la diputada Patricia Vásquez, impulsa otro proyecto polémico: licencias de conducir sin fecha de vencimiento. Este proyecto, aún sin borrador oficial, plantea que los conductores solo deberán presentar una declaración jurada y un certificado médico cada cinco años para renovar su aptitud de manejo. Para los mayores de 75 años, la presentación deberá ser anual. Sin embargo, los conductores profesionales seguirán renovando sus licencias regularmente.
El Gobierno baraja la posibilidad de implementar esta medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el debate parlamentario.