El procedimiento fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se secuestraron computadoras, teléfonos, cuadernos con registros e información sobre los empleados.
La estancia de lujo del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, fue allanada este último martes por la justicia federal de Bariloche en el marco de la causa en que se investiga si cuatro jueces federales y funcionarios porteños recibieron dádivas por parte del Grupo Clarín. Se trata de la propiedad donde se alojaron entre el 13 y el 15 de octubre todos los pasajeros del vuelo del Lawfare.
Según pudo reconstruir El Destape, el procedimiento fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y lo supervisó la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez. Se secuestraron computadoras, teléfonos, cuadernos con registros e información sobre los empleados. Uno de los aparatos telefónicos es el de Nicolas Van Ditmar, mano derecha de Lewis y administrador de la estancia allanada, quien fue a recibir a los viajeros al aeropuerto el 13 de octubre. Van Ditmar había declarado como testigo en la causa antes de que se filtraran una serie de chats que dan cuenta de un armado judicial por parte de los involucrados para encubrir el presunto delito de dádivas en el que todo indica que incurrieron. El gobierno nacional, que pide ser querellante en el caso, reclamó que también se lo impute.
El viernes también se había realizado un allanamiento a la empresa Flyzar, que fue la que trasladó a los pasajeros del vuelo del Lawfare. Este primer operativo estuvo al mando de la Policía Federal.
En el caso, hasta el momento, están imputados los 8 pasajeros del vuelo del escándalo y los dos ejecutivos de Clarín que, todo indica, los invitaron a pasar dos noches en lo del magnate británico, tal como se desprende de una serie de chats filtrados. Se trata de:
- Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Tal como lo comprobó la fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, ambos fueron a recibir a los viajantes al aeropuerto, el 13 de octubre.
- El juez de Comodoro Py Julián Ercolini, magistrado emblemático del Lawfare, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa y el desalojo del AFSCA.
- El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials, que como publicó Ari Lijalad en El Destape tiene en la actualidad en su juzgado 82 expedientes vinculados al Grupo Clarín. Se trata de expedientes sobre Telecom, Cablevisión, AGEA, Clarín, Papel Prensa y Artear. Todos son litigios contra el Estado. En 24 de esos expedientes hubo movimientos luego del viaje a Lago Escondido. Además, en su momento, Cayssials anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
- Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño. En el grupo de chats filtrados surge que se encargaba del intento de direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y que se abrió luego de que el 17 de octubre Pagina 12 y El Destape publicaran dos notas sobre el vuelo del Lawfare. Entre otras cosas, Mahiques (h) se movía para conseguir las facturas que le dieran cobertura al delito de dádivas que se estaba por empezar a investigar.
- El juez de la Cámara de Casación, Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Bautista y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis. Otro de sus hijos, Ignacio, fue fiscal de las causas Vialidad y Hotesur.
- El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti.
- Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
- El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
- Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.
El dictamen que la fiscal Etchepare firmó el 6 de diciembre pasado confirma lo que planificaron los mismos imputados en un presunto chat filtrado: que buscaron cubrir con facturas armadas el presunto delito de dádivas. Y que lo hicieron cuando estalló el escándalo del vuelo, tras las publicaciones periodísticas.
Por ejemplo, de acuerdo a ese escrito de la fiscalía, las facturas por el vuelo privado hacia Lago Escondido se fecharon el mismo día del viaje y se pagaron en efectivo. La mayoría pagó 120 mil pesos. Los montos que se mencionan en el chat filtrado coinciden con los de las facturas fraguadas. También con la fecha ya que Mahiques dice haber pagado el 17 de octubre, cuando estalló el escándalo, pero que se fecharon las facturas el 13. Toda esta maniobra se habría armado para tapar que en verdad todos los pasajeros fueron invitados por Casey. La factura de la estadía de Lago Escondido también parece fraguada. La fiscalía ya la tiene y es del 28 de octubre, cuando el viaje fue del 13 al 15. Es decir, se facturó luego de la difusión de la noticia. Las facturas solo fueron para los funcionarios públicos. ¿Qué significa esto que destaca la fiscal Etchepare? Que no hubo factura por la estadía en Lago Esondido para el empresario Tomás Reinke y el exespía Leonardo Bergroth, los únicos no funcionarios del grupo, tal como se coordinó en el chat.
Si la Justicia confirma –tal como surge de los chats filtrados- que la invitación a Lago Escondido fue cursada por Clarín se abre un escenario judicial incierto ya que los jueces Ercolini y Cayssials, por ejemplo, firmaron diversos fallos que beneficiaron al Grupo. Y Juan Bautista Mahiques, desde la Fiscalía General porteña, rubricó antes de viajar un convenio con Pablo Casey, director de Legales de Telecom. Por estas razones, se estima que el viaje del Lawfare provocará diversas presentaciones en tribunales. CFK ya ordenó recusar a Ercolini en una causa en que se investiga maniobras ilegales de la AFIP macrista en su contra.
Mientras avanza la pesquisa en la justicia federal de Bariloche, el caso sigue sin querellantes. La jueza Domínguez debe resolver si hace lugar al pedido del Poder Ejecutivo para ser tenido como tal. Es que a través del ministro de Justicia Martín Soria, el gobierno nacional también denunció a los protagonistas del vuelo del Lawfare. Pide que se investigue el delitos de dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia del gobierno no incluyó a Casey aunque lo menciona como posible involucrado. E incluye a Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis, al que se le secuestró el celular este martes.
Fuente: (El Destape)