El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia expuso en Paraná sobre el proyecto previsional impulsado por el Gobierno provincial y cuestionó algunos de sus artículos más sensibles. Sus observaciones se suman a las crecientes resistencias sindicales, políticas y sociales que enfrenta la iniciativa en la Legislatura.
La discusión por la reforma previsional promovida por el gobernador Rogelio Frigerio continúa sumando actores y elevando la temperatura política en Entre Ríos. Esta vez, en las instalaciones de la Asociación Judicial de Entre Ríos, fue el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, quien decidió involucrarse públicamente en el debate con una exposición organizada por jubilados autoconvocados, donde analizó los alcances del proyecto y expresó fuertes reparos jurídicos sobre algunos de sus aspectos centrales.
La participación del ex magistrado no pasó inadvertida. Castrillón es una de las voces con mayor trayectoria dentro del ámbito judicial entrerriano y sus observaciones adquieren especial relevancia en momentos en que el proyecto comienza a transitar el debate legislativo y enfrenta una creciente resistencia de sectores gremiales, jubilados y parte de la oposición política.
Durante su análisis, Castrillón puso el foco sobre la declaración de emergencia previsional y, particularmente, sobre las facultades que el proyecto delega al Poder Ejecutivo para adoptar medidas destinadas a garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones. Según su interpretación, algunos de esos mecanismos podrían entrar en tensión con principios constitucionales y con derechos adquiridos por trabajadores y jubilados.
El ex titular del STJ cuestionó especialmente la posibilidad de establecer aportes extraordinarios sobre activos y pasivos, así como la eventual aplicación de límites sobre determinados beneficios previsionales. En ese contexto, llegó a calificar algunos de los artículos propuestos como incompatibles con garantías constitucionales y advirtió que podrían derivar en una extensa judicialización si finalmente son aprobados por la Legislatura.
Las declaraciones de Castrillón se producen en medio de un escenario político cada vez más complejo para el oficialismo. El proyecto impulsado por Frigerio contempla cambios profundos en el régimen jubilatorio provincial, entre ellos el aumento gradual de la edad jubilatoria, modificaciones en el cálculo de los haberes y herramientas excepcionales para enfrentar el déficit estructural de la Caja. Desde el Gobierno sostienen que la reforma es indispensable para garantizar la sostenibilidad futura del sistema previsional.
Sin embargo, las críticas no dejan de multiplicarse. Los gremios estatales consideran que la iniciativa representa un ajuste sobre trabajadores y jubilados, mientras que distintos referentes políticos y jurídicos comenzaron a advertir sobre posibles conflictos constitucionales derivados de su aplicación. En ese marco, la intervención de Castrillón aporta un elemento adicional al debate: la mirada de quien durante años integró el máximo órgano judicial de la provincia y conoce de primera mano los antecedentes jurisprudenciales vinculados a los derechos previsionales.
La discusión recién comienza y promete convertirse en una de las principales batallas políticas de 2026. Mientras el Gobierno busca reunir los consensos necesarios para aprobar la reforma, las organizaciones gremiales, los jubilados y ahora también referentes del ámbito judicial intentan instalar una advertencia que ya empieza a resonar en los pasillos legislativos: cualquier modificación del sistema previsional deberá superar no sólo el debate político, sino también el examen constitucional que inevitablemente llegará a los tribunales.
Una nueva ficha en el tablero de la política
La aparición pública de Castrillón en este debate puede leerse también como el regreso de una voz con peso propio en la discusión política entrerriana. No es un dato menor que un ex presidente del Superior Tribunal de Justicia haya decidido involucrarse de manera tan explícita en una de las iniciativas más sensibles de la gestión de Rogelio Frigerio. Eso le agrega volumen político a la resistencia que vienen expresando gremios, jubilados y sectores de la oposición.
La exposición del paceño también deja al descubierto que el debate por la reforma previsional ya no se limita a una discusión técnica sobre números y sustentabilidad financiera. La participación de ex magistrados, constitucionalistas y referentes institucionales anticipa que el proyecto impulsado por el Gobierno provincial será examinado bajo una lupa cada vez más exigente. En ese escenario, diputados y senadores deberán asumir el costo político de una decisión que impactará directamente sobre miles de trabajadores activos y jubilados entrerrianos.