La contratación directa de la empresa VITSA para prestar el servicio de recolección de residuos, impulsada por la gestión del intendente Francisco Azcué bajo el paraguas de la Emergencia Ambiental, sumó un nuevo capítulo judicial. La presentación penal del abogado Mariano Giampaolo reaviva los cuestionamientos sobre un procedimiento que desde su origen fue denunciado por la oposición por la falta de transparencia, la velocidad de su aprobación y el apartamiento de los mecanismos ordinarios de control.
La decisión política de declarar la Emergencia Ambiental para habilitar la contratación directa de una empresa privada continúa generando consecuencias para la administración municipal de Concordia. A más de tres meses de la sanción de la ordenanza, el abogado y exconcejal Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el procedimiento que derivó en la contratación de VITSA Soluciones Ambientales S.A., una firma cordobesa que actualmente presta parte del servicio de recolección de residuos.
La denuncia, dada a conocer por Diario Junio en un informe del periodista Federico Odorisio, solicita al Ministerio Público Fiscal que determine si durante el proceso administrativo y legislativo pudieron haberse cometido distintos delitos previstos en el Código Penal. La presentación, cabe aclarar, constituye una denuncia que deberá ser evaluada por la Justicia y no implica, por sí misma, imputaciones ni responsabilidades penales determinadas.
Una contratación bajo sospecha desde el primer día
El eje de los cuestionamientos apunta a la rapidez con la que se desarrolló todo el procedimiento. Según la denuncia, los camiones de VITSA ya se encontraban en Concordia antes de que el Concejo Deliberante aprobara la Emergencia Ambiental el 19 de marzo, norma que habilitó al Ejecutivo a contratar de manera directa, sin licitación pública.
Ese aspecto ya había sido advertido durante el debate legislativo por concejales de la oposición, quienes denunciaron que la empresa parecía conocer de antemano el resultado de una decisión que todavía no había sido votada. Posteriormente, distintos informes periodísticos revelaron que el contrato fue firmado el mismo día de la aprobación de la ordenanza y que la empresa comenzó a operar prácticamente de inmediato.
La modalidad elegida también despertó críticas de distintos sectores políticos y técnicos, que cuestionaron el uso de una declaración de emergencia para reemplazar una licitación pública en un servicio esencial y comprometer recursos millonarios del municipio por varios años.
Funcionarios y concejales alcanzados por la presentación
Entre las personas cuya actuación se solicita investigar figura el intendente Francisco Azcué, señalado como responsable político de la contratación por haber firmado el convenio con la empresa y autorizado el gasto correspondiente.
La denuncia también menciona a los funcionarios que intervinieron en las distintas etapas administrativas del expediente, entre ellos los secretarios Alejandro López, Pablo Ferreyra, Luciano Dell’Olio y Roberto Ramírez, además del contador municipal Diego Cutro, la tesorera Silvina Rouger, la directora de Compras Patricia Miranda y el director de Recolección de Residuos Julio César Martinoli.
Asimismo, se solicita investigar a los directivos de VITSA Soluciones Ambientales S.A., Diego Walter Rosas y Daniel Domínguez, para determinar cómo se desarrollaron las negociaciones previas y la ejecución del contrato.
La presentación también alcanza a los concejales oficialistas y de La Libertad Avanza que acompañaron la aprobación de la Emergencia Ambiental, así como a la presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, por su intervención durante el tratamiento legislativo.
Más controles y nuevos pedidos de investigación
Las repercusiones institucionales no se limitaron al ámbito judicial. Días después de conocerse la denuncia penal, las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba solicitaron la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que audite el procedimiento administrativo y determine si existieron irregularidades que puedan haber afectado el patrimonio municipal.
Desde el bloque opositor sostienen que el Ejecutivo nunca respondió los pedidos de informes realizados sobre la contratación y que la magnitud económica del convenio amerita un control independiente.
Transparencia bajo cuestionamiento
El caso vuelve a instalar un debate que atraviesa a la gestión de Francisco Azcué desde el inicio del proceso: si la emergencia ambiental respondió exclusivamente a una necesidad operativa o si terminó convirtiéndose en el instrumento elegido para evitar una licitación pública y acelerar una contratación que ya parecía definida.
Mientras la Municipalidad sostiene la legalidad de las actuaciones, la oposición continúa señalando inconsistencias en los tiempos administrativos, cuestionamientos sobre el costo del servicio y presuntas irregularidades en la contratación. Ahora será el Ministerio Público Fiscal quien deba analizar la denuncia presentada y determinar si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal.
Fuente: Informe de Federico Odorisio publicado por Diario Junio, complementado con información publicada por El Diario de Paraná, Diario Concordia y antecedentes periodísticos sobre la contratación del servicio de recolección de residuos en Concordia.