Sin abreviados y sin causas eternas, Emilio Castrillón propone juicio pleno para los funcionarios y sentencia en dos años. Lo expresa en momentos en que se especula con su candidatura a la intendencia de La Paz
El exvocal del Superior Tribunal planteó excluir de la probation y del juicio abreviado a quienes sean investigados por delitos cometidos desde la función pública. La propuesta también busca impedir que una causa penal se convierta en una “parrilla” donde una persona permanezca durante años sin saber si será condenada o absuelta.
Emilio Aroldo Castrillón propuso modificar el Código Procesal Penal de Entre Ríos para que los funcionarios públicos investigados por delitos vinculados con el ejercicio de sus cargos no puedan acceder a la suspensión del juicio a prueba ni al juicio abreviado.
La idea es clara: quien ejerció una función pública y es acusado de haber delinquido desde el Estado debe afrontar un juicio pleno, con producción de pruebas, debate público y una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Pero la propuesta tiene un segundo aspecto igualmente importante. Castrillón planteó que esos procesos deban resolverse dentro de un plazo máximo de dos años, evitando que las investigaciones se prolonguen indefinidamente.
No se puede utilizar una causa penal como una parrilla para mantener durante años a una persona sometida a sospecha, exposición pública y presión judicial. La Justicia debe investigar con seriedad, producir la prueba necesaria y resolver. O existe responsabilidad y corresponde condenar, o no puede acreditarse y corresponde absolver.
Las causas interminables tampoco son sinónimo de profundidad. Muchas veces, el paso del tiempo permite que se pierdan pruebas, se acomoden responsabilidades, se negocien situaciones particulares y se diluya el interés público. En otros casos, mantiene a una persona durante años bajo una acusación que nunca termina de comprobarse.
Por eso, el límite temporal propuesto no debe interpretarse como una ventaja para los imputados, sino como una obligación para el sistema judicial. Los fiscales no pueden abrir expedientes, sostenerlos durante una década y utilizar su sola existencia como una condena anticipada. Deben investigar y llegar a una conclusión.
La iniciativa acierta, además, al intentar cerrar las salidas procesales que permiten que los delitos cometidos desde la función pública terminen mediante acuerdos abreviados. La sociedad tiene derecho a conocer cómo funcionó el mecanismo, quién tomó las decisiones, quién ejecutó las órdenes y quién obtuvo los beneficios.
Sin embargo, para que la reforma tenga verdadero alcance, los fiscales deberán levantar la mira.
En Entre Ríos, las investigaciones suelen alcanzar empleados, funcionarios administrativos, jefes de áreas y algunos niveles intermedios, pero pocas veces avanzan hasta los responsables políticos de mayor jerarquía. No alcanza con llevar a juicio pleno a quienes aparecen en los últimos escalones si quienes diseñaron, autorizaron o protegieron el sistema nunca son siquiera investigados.
Los delitos contra la administración pública no suelen producirse en el vacío. Existen estructuras jerárquicas, decisiones políticas, controles omitidos, firmas, autorizaciones y recorridos del dinero. La Fiscalía debe reconstruir toda esa cadena y avanzar hacia arriba cuando la prueba lo indique.
También hay funcionarios intermedios que, mientras las causas se prolongan, consiguen acomodar su situación, reducir responsabilidades o mejorar las condiciones de una eventual negociación. Precisamente por eso es necesario fijar tiempos claros: para impedir tanto la impunidad como la utilización extorsiva de los expedientes.
La propuesta de Castrillón reúne así dos principios que no son contradictorios: mayor responsabilidad para quien delinque desde el Estado y mayor obligación de la Justicia de resolver en tiempo razonable.
Ni probation ni juicio abreviado para los funcionarios acusados por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Pero tampoco causas eternas, condenas sociales anticipadas ni personas mantenidas durante años en la parrilla judicial.
Juicio pleno, sentencia en dos años y fiscales que levanten la mira hasta llegar a los responsables políticos de mayor rango.
(La Caldera)