El caso vuelve a poner sobre la mesa un principio básico de la convivencia, las normas deberían aplicarse de la misma manera para todos. La situación contrasta con lo ocurrido días atrás en Feliciano, donde el intendente Damián Arévalo reconoció públicamente una infracción, mostró el acta y aseguró que pagaría la multa de su propio bolsillo.
Una imagen difundida en las últimas horas en La Paz generó cuestionamientos hacia el director de Tránsito del Municipio, Mario Leonangeli, luego de que se observara su vehículo estacionado en una situación que, según quienes hicieron pública la fotografía, constituiría una infracción a las normas de tránsito.
La difusión de la imagen abrió inmediatamente una pregunta que excede al hecho puntual: ¿el funcionario deberá afrontar la multa correspondiente como cualquier otro ciudadano?
La cuestión adquiere una particular relevancia por el cargo que ocupa Leonangeli. No se trata simplemente de un vecino que eventualmente pudo cometer una infracción, sino del responsable de un área municipal cuya función central está vinculada precisamente con el cumplimiento y control de las normas de tránsito.
Por eso, más allá de la fotografía y de las circunstancias concretas que deberán determinarse, el episodio instala una discusión sobre la igualdad ante la norma. Porque si las reglas deben cumplirse, también deberían hacerlo quienes tienen la responsabilidad institucional de hacerlas cumplir.
El antecedente de Feliciano
El contraste con lo sucedido la semana pasada en San José de Feliciano resulta inevitable.
El intendente Damián Arévalo reconoció públicamente que había cometido una infracción al circular durante poco menos de una cuadra en contramano. Según explicó, se trató de un error involuntario mientras realizaba trámites propios de la gestión.
Pero lo más significativo fue la actitud que adoptó posteriormente. Arévalo contó que él mismo invitó al personal de Tránsito que se encontraba cerca del lugar, a qué le labre el acta correspondiente y aseguró que abonaría la multa con su propio dinero.
“Nadie está por encima de la ley”, sostuvo el intendente, quien además afirmó que “ser intendente ni funcionario de ningún tipo nos da privilegios ni otorga impunidad; al contrario, exige el doble de responsabilidad”.
En la misma línea, señaló que las normas municipales deben respetarse “sin excepciones” y que, en ese caso, le correspondía asumir la falta y cumplir como cualquier ciudadano.
Es decir, Arévalo no solamente reconoció el error. También aceptó que el cargo que ocupa no lo coloca por encima de las reglas que rigen para el resto de los vecinos.
La pregunta que queda planteada en La Paz
El caso de La Paz presenta ahora una situación que merece una respuesta concreta.
¿Tendrá Mario Leonangeli el mismo comportamiento que tuvo el intendente de Feliciano?
La pregunta no implica dar por acreditada una infracción solamente a partir de una fotografía difundida públicamente. Corresponde que la autoridad competente determine si efectivamente existió una falta y qué sanción corresponde.
Pero si la infracción se confirma, el interrogante es inevitable: ¿se labrará el acta correspondiente y el funcionario pagará la multa como cualquier vecino?
La respuesta tendría además un valor institucional. Porque no es lo mismo que una infracción cometida por un funcionario quede rodeada de silencio, explicaciones o privilegios, a que quien ocupa un cargo público asuma la responsabilidad por sus actos. Mucho más cuando se trata del director de Tránsito.
Dentro de la ley, todo
Hay una premisa que debería ser sencilla de comprender: dentro de la ley, todo; fuera de ella, nada. Y existe otra todavía más importante para quienes ejercen responsabilidades públicas: la ley debería ser pareja para todos.
El episodio de Feliciano mostró un camino posible. Un intendente reconoció una equivocación, aceptó la actuación de los inspectores y anunció que pagaría la sanción correspondiente. Ahora La Paz tiene su propio interrogante.
Si efectivamente hubo una infracción, ¿el Director de Tránsito hará lo mismo?
La respuesta no solamente determinará qué ocurre con una eventual multa. También será una señal acerca de cómo se entiende la autoridad, la responsabilidad y el respeto por las normas en una ciudad donde justamente algunos funcionarios tienen la tarea de garantizar que esas normas se cumplan.