La venta de productos alimenticios de origen animal a través de redes sociales crece al ritmo de una economía que obliga a miles de familias a buscar ingresos por cualquier vía. Pero detrás de una publicación, una oferta tentadora o un pedido que se entrega a domicilio puede esconderse un riesgo sanitario que no siempre está a la vista. Carneadas clandestinas, embutidos sin trazabilidad y alimentos elaborados sin controles bromatológicos ponen sobre la mesa una discusión incómoda: ¿quién controla lo que comemos cuando la comercialización se muda a las redes sociales?

Por Roberto García | Politicaconvos
Hay algo que empieza a repetirse con demasiada frecuencia y que merece mucha más atención de la que está recibiendo. Basta recorrer Facebook, grupos de compra y venta o perfiles comerciales para encontrar una oferta cada vez más amplia de chorizos caseros, salames, bondiolas, morcillas, hamburguesas, milanesas, cortes de carne y otros productos elaborados a partir de animales cuyo origen, condiciones de faena y controles sanitarios muchas veces se desconocen.
No se trata de una impresión aislada. Es una modalidad de comercialización que viene creciendo y que se vuelve especialmente visible cuando se acercan las fiestas de fin de año, una época en la que aumenta la demanda de alimentos, se multiplican las ofertas y muchas familias encuentran en la elaboración casera una posibilidad de generar ingresos.
El problema no es que una familia venda comida para sobrevivir. El problema aparece cuando esa actividad involucra productos de origen animal que nunca pasaron por un circuito sanitario habilitado, cuando no existe trazabilidad de la carne utilizada y cuando nadie puede garantizar qué condiciones tuvo el animal antes de convertirse en alimento.
Porque hay una diferencia enorme entre comprar una docena de empanadas elaboradas en una cocina que cumple las condiciones bromatológicas y adquirir un embutido producido con carne de un cerdo que pudo haber sido faenado sin inspección veterinaria, sin análisis de laboratorio y sin documentación sanitaria.
En el primer caso pueden existir riesgos derivados de una manipulación inadecuada. En el segundo, además, puede estar comprometida la propia sanidad del animal y la inocuidad de la materia prima.
Y esa diferencia puede ser determinante para la salud e incluso para la vida de quien consume.
La triquinosis no es una advertencia teórica
Argentina conoce demasiado bien las consecuencias de mirar para otro lado frente a la producción y comercialización de alimentos de origen animal sin controles.
La triquinosis es uno de los ejemplos más dolorosos. Se trata de una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres infectada con larvas de Trichinella, especialmente cuando se consume cruda o insuficientemente cocida, o en forma de chacinados y embutidos.
Lo verdaderamente preocupante es que un cerdo infectado puede no presentar síntomas y su carne puede conservar un aspecto, olor y sabor absolutamente normales. No hay manera de reconocer el peligro mirando el producto.
La detección requiere un análisis de laboratorio mediante la técnica de digestión artificial. Ni la salazón ni el ahumado garantizan la eliminación del parásito.
El SENASA viene advirtiendo sobre esta problemática y recomienda adquirir productos únicamente en establecimientos habilitados, verificar su rotulación y evitar alimentos de origen desconocido.
Incluso cuando se realiza una faena domiciliaria para autoconsumo, la carne debe ser sometida al análisis correspondiente antes de su consumo. Y hay un dato que no admite interpretaciones: los productos provenientes de la faena casera no pueden destinarse a la comercialización.
Es decir, no estamos hablando de una exigencia burocrática inventada para complicarle la vida a un pequeño productor. Estamos hablando de una barrera sanitaria que existe porque del otro lado hay personas que pueden enfermar gravemente.
Los antecedentes de brotes de triquinosis en distintas provincias deberían alcanzar para entender que el riesgo es concreto y que no se resuelve con una recomendación publicada en redes sociales cuando el problema ya está instalado.
Las leyes existen. El problema está en quién controla y cómo
Argentina tiene un marco normativo sanitario que, al menos en sus principios, no deja demasiados espacios para la improvisación.
La Ley Nacional 18.284 establece la vigencia del Código Alimentario Argentino, que regula las condiciones higiénico-sanitarias de elaboración, conservación, transporte y comercialización de alimentos. Sus disposiciones alcanzan a quienes producen, elaboran, fraccionan, conservan, transportan y expenden productos alimenticios.
La Ley 22.375 establece el régimen de habilitación y funcionamiento de establecimientos donde se faenan animales y se elaboran o depositan productos de origen animal. A su vez, el Decreto 4238/68 contiene el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, con exigencias específicas para los establecimientos y los procesos de faena y elaboración.
También existe la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria e ineludible de quienes participan en la cadena agroalimentaria respecto de la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de los productos.
En Entre Ríos, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) tiene un papel central. La Resolución 1693/2020 establece registros provinciales para establecimientos y productos alimenticios que se comercializan dentro del territorio entrerriano. Además, la normativa contempla las habilitaciones bromatológicas correspondientes al ámbito municipal y los requisitos para los diferentes alcances de comercialización.
Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que existe una ausencia absoluta de legislación.
Lo que sí existe es una zona de debilidad entre la normativa y su aplicación cotidiana. Un vacío operativo y de fiscalización que se vuelve especialmente evidente cuando la comercialización se realiza mediante perfiles personales, grupos cerrados, publicaciones que desaparecen después de concretada la venta y entregas particulares a domicilio.
Las redes sociales no crean una excepción sanitaria. Vender por Facebook no transforma una actividad comercial en una operación ajena a las obligaciones bromatológicas.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿cuántas de esas publicaciones son detectadas, cuántos vendedores son inspeccionados y cuántos productos pueden rastrearse hasta conocer su verdadero origen?
¿Quién verifica si la carne proviene de un frigorífico habilitado? ¿Quién controla las condiciones de elaboración y conservación? ¿Quién responde si un consumidor termina internado por haber comprado un producto contaminado?
Allí aparece una de las grandes contradicciones de esta nueva economía informal: la capacidad de ofrecer y distribuir alimentos parece crecer mucho más rápido que la capacidad de fiscalizarlos.
El comercio habilitado paga por cumplir. El informal compite desde otra realidad
Hay otro aspecto que tampoco puede quedar afuera de esta discusión: la desigualdad que se genera entre quienes cumplen las reglas y quienes comercializan por fuera de ellas.
Un carnicero habilitado, una fábrica de chacinados, una rotisería o un pequeño establecimiento elaborador deben afrontar alquileres, impuestos, tasas, servicios, habilitaciones, controles, condiciones edilicias, equipamiento, personal y exigencias sanitarias.
Deben invertir para mantener la cadena de frío, garantizar la procedencia de la materia prima, cumplir con las condiciones de elaboración y responder ante los organismos de control.
Mientras tanto, alguien puede ofrecer productos similares desde su perfil personal, producirlos en un espacio que no está habilitado, evitar buena parte de esos costos y competir directamente por precio.
No es una competencia en igualdad de condiciones.
El comerciante formal no solamente paga más. También asume responsabilidades y costos que forman parte de las garantías que debe recibir el consumidor.
Y aquí hay una cuestión que merece atención: defender los controles no significa defender únicamente a los comerciantes establecidos. Significa defender a quienes invirtieron, cumplen las normas y trabajan dentro de un sistema que pretende garantizar alimentos seguros.
El problema tampoco se limita a la carne. En los últimos años se multiplicaron los emprendimientos familiares de panificados, pastas, comidas preparadas, conservas y otros productos. Muchos pueden desarrollarse perfectamente dentro de esquemas de habilitación y acompañamiento sanitario.
Pero cuando hablamos de carne, embutidos y derivados de animales que pudieron haber sido faenados sin inspección, la dimensión del riesgo cambia sustancialmente.
Una prenda de vestir o un par de zapatos vendidos informalmente pueden representar un perjuicio económico, una competencia desigual o un problema de calidad. Un alimento contaminado puede provocar una intoxicación, una enfermedad grave o incluso la muerte.
No se puede medir con la misma vara.
La economía del sálvese quien pueda y las responsabilidades del Estado
Sería demasiado sencillo señalar a una persona que vende salames por Facebook y convertirla en la responsable de todos los males. Hay que mirar el contexto.
La situación económica empujó a miles de hogares a buscar alternativas para completar sus ingresos. Personas que perdieron empleos, trabajadores cuyos salarios no alcanzan y familias que encontraron en la producción casera una forma de llegar a fin de mes.
Aparecieron emprendimientos de todo tipo. Mujeres que venden tortas, familias que preparan viandas, trabajadores que producen pastas, panificados y comidas para entregar a domicilio. También personas que elaboran embutidos y comercializan carneados de procedencia incierta.
Detrás de muchas de esas actividades hay necesidad, esfuerzo y voluntad de trabajar.
Pero la necesidad económica no puede convertirse en una autorización para poner en riesgo la salud de terceros. Y tampoco puede ser la excusa para que el Estado se desentienda de sus responsabilidades.
El desafío de las políticas públicas debería ser doble: acompañar a quienes necesitan generar ingresos y garantizar que esa producción se desarrolle dentro de condiciones sanitarias seguras.
Capacitar, simplificar trámites, generar espacios comunitarios de elaboración habilitados, facilitar el acceso a análisis de laboratorio y establecer mecanismos de regularización para pequeños productores son algunas de las herramientas posibles.
La alternativa no puede ser elegir entre permitir cualquier cosa o perseguir indiscriminadamente a quien necesita trabajar.
El Estado que decomisa churros, pero no alcanza a controlar Facebook
Hay una imagen que permite dimensionar la contradicción.
En distintos lugares del país se han visto operativos contra vendedores ambulantes, con decomisos de mercadería a personas que ofrecen churros, tortas fritas, sándwiches, paltas o productos similares en la vía pública. Las razones pueden estar vinculadas con habilitaciones, ocupación del espacio público o condiciones bromatológicas.
Sin embargo, mientras esos vendedores quedan expuestos a la intervención directa de los inspectores y las fuerzas de seguridad, las redes sociales funcionan como enormes vidrieras comerciales donde se ofrecen alimentos de todo tipo, muchas veces sin que resulte sencillo identificar quién los produce, dónde se elaboran o bajo qué controles.
No se trata de sostener que un vendedor ambulante debe quedar exento de las normas sanitarias. Se trata de preguntarse por qué el control parece mucho más visible sobre quien tiene un puesto en una esquina que sobre quien comercializa cientos de productos desde una cuenta digital.
La diferencia entre una publicación de Facebook y un puesto callejero no debería ser la posibilidad de quedar fuera del radar del Estado.
Y aquí aparece una discusión que va más allá de la bromatología. ¿Estamos construyendo un Estado que se retira de la prevención, pero conserva o intensifica su capacidad de intervenir cuando la irregularidad ya está a la vista?
Un Estado que puede actuar con rapidez sobre determinadas actividades, pero que todavía no encuentra mecanismos eficaces para controlar circuitos comerciales digitales que pueden representar riesgos concretos para la salud pública.
Las plataformas digitales también tienen una responsabilidad que merece ser discutida. No pueden ser consideradas espacios completamente ajenos a las consecuencias de las actividades comerciales que facilitan. Es necesario avanzar en mecanismos de colaboración con las autoridades sanitarias, identificación de vendedores y respuesta ante denuncias debidamente fundamentadas.
Las fiestas de fin de año y un riesgo que puede terminar en una guardia hospitalaria
La proximidad de las fiestas vuelve todavía más urgente esta discusión.
Diciembre es un mes de reuniones familiares, celebraciones, mesas compartidas y compras de alimentos para encuentros multitudinarios. También es una oportunidad comercial para quienes producen y venden alimentos.
Los chacinados, embutidos, carnes preparadas y otros productos de origen animal tienen una demanda importante. Y en ese escenario, las ofertas por redes sociales pueden resultar especialmente atractivas por sus precios y promociones.
Pero detrás de una fotografía de un salame, una bondiola o una bandeja de carne no aparece necesariamente la información que debería acompañar a cualquier alimento.
No sabemos dónde fue faenado el animal, si hubo inspección veterinaria, si se realizó el análisis correspondiente, cómo se elaboró el producto ni bajo qué condiciones fue conservado.
El consumidor termina comprando confianza donde debería existir una garantía sanitaria verificable.
Y cuando esa confianza falla, las consecuencias no quedan limitadas a una mala experiencia de compra. Pueden terminar en un hospital, en una familia atravesada por una enfermedad y en una investigación sanitaria que comienza cuando el daño ya está hecho.
La prevención es precisamente lo que debería evitar que lleguemos a ese punto.
No se trata de impedir que la gente trabaje, sino de impedir que el riesgo se convierta en negocio
Hay una discusión que las autoridades sanitarias, los municipios, la Provincia y los organismos nacionales no deberían seguir postergando.
La comercialización de alimentos por redes sociales llegó para quedarse. Pretender que desaparezca o que pueda controlarse con los mismos mecanismos de hace veinte años sería desconocer la realidad.
Lo que hace falta es una política de fiscalización adaptada a esa nueva modalidad comercial. Con controles sobre los establecimientos, identificación de los responsables, trazabilidad de los productos, inspecciones, canales accesibles de denuncia y coordinación entre las áreas de bromatología, defensa del consumidor y los organismos sanitarios.
También hacen falta políticas que permitan que los pequeños emprendimientos se formalicen sin quedar atrapados en costos y trámites imposibles de afrontar.
Pero hay una línea que no puede cruzarse: ningún argumento económico puede justificar la comercialización de carne proveniente de animales que nunca fueron sometidos a los controles sanitarios correspondientes.
Porque el Estado no está solamente para cobrar impuestos, decomisar mercadería o sancionar cuando una infracción se vuelve visible. Su primera responsabilidad, cuando hablamos de salud pública, es prevenir.
Y en un país que ya conoce las consecuencias de los brotes de triquinosis y de otras enfermedades transmitidas por alimentos, mirar hacia otro lado frente a los circuitos informales de comercialización de carne sería una irresponsabilidad.
En tiempos de necesidades extremas, el sálvese quien pueda parece haberse convertido en una regla cotidiana. Pero hay algo que no podemos naturalizar: que la necesidad de unos termine poniendo en riesgo la vida de otros.
Porque los alimentos deberían garantizar la vida, no convertirse en una amenaza. Y porque cuando el Estado llega después de una intoxicación, de una enfermedad o de una muerte, ya no estamos hablando de control sanitario. Estamos hablando de una prevención que llegó demasiado tarde.
Fuentes normativas y sanitarias: Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino); Ley 22.375 (régimen de habilitación de establecimientos faenadores); Decreto 4238/68; Ley 27.233; Resolución ICAB 1693/2020; recomendaciones y alertas sanitarias del SENASA sobre triquinosis.






