La diputada nacional Marcela Pagano, presentó ocho pedidos de informes para conocer los detalles de las contrataciones del Estado con la empresa TNGROUP S.A. La investigación periodística señala que se alquilarían alrededor de 30.000 equipos y que, durante 2025, la firma habría facturado más de $21.400 millones. La comparación entre el costo del alquiler y el precio de compra de las máquinas abrió interrogantes sobre el uso de los recursos públicos.
El discurso de austeridad y reducción del gasto público del gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo cuestionamiento. Esta vez, el foco está puesto en un millonario esquema de contratación para el alquiler de fotocopiadoras en distintas dependencias del Estado nacional, que involucra a la empresa TNGROUP S.A., vinculada al empresario Alejandro Trasmonte.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes dirigidos a diferentes organismos públicos para conocer en profundidad cómo se realizaron estas contrataciones, cuántos equipos fueron alquilados, dónde están instalados y cuánto dinero se destinó a sostener el servicio.
La dimensión económica del caso surge de una investigación periodística difundida por Canal 9 y C5N, que posteriormente tuvo repercusión en distintos medios. Según los datos publicados, entre 2017 y la actualidad el Estado habría pagado a TNGROUP alrededor de $29.750 millones, cifra que, actualizada a valores de agosto de 2026, equivaldría a unos $110.900 millones.
Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención corresponde a 2025: solamente durante ese año, la empresa habría registrado operaciones por $21.412 millones con distintas reparticiones estatales.
Una fotocopiadora cada seis empleados públicos
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la cantidad de equipos que estarían comprendidos en las contrataciones. De acuerdo con los datos difundidos, el Estado nacional tendría alquiladas aproximadamente 30.000 fotocopiadoras, frente a una planta de alrededor de 180.000 empleados públicos.
La proporción planteada por los investigadores es contundente, una máquina cada seis trabajadores. La cifra despierta interrogantes, particularmente en un contexto en el que el propio Gobierno impulsa políticas de digitalización y despapelización de la administración pública. Pero la discusión no se limita a la cantidad de equipos. También alcanza a la conveniencia económica de los contratos.
Según el ejemplo presentado por el periodista Tomás Méndez, una contratación de 17 equipos durante doce meses alcanzaría los $41,8 millones. Esto representa aproximadamente $2,4 millones anuales por máquina, mientras que el valor de compra de un equipo de características comparables se ubicaría en torno a los $1,4 millones.
Es decir, el costo de alquilar durante un año sería superior al precio de adquirir el equipo, una comparación que abre interrogantes sobre los criterios económicos utilizados para justificar estas operaciones. No obstante, para establecer una comparación definitiva también será necesario conocer qué prestaciones incluyen los contratos, como mantenimiento, insumos y servicio técnico.
Ocho organismos bajo la lupa
Los pedidos de informes impulsados por Pagano están dirigidos a ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el INCUCAI, la Oficina Nacional de Contrataciones de Jefatura de Gabinete, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La legisladora reclama documentación completa sobre los procedimientos administrativos, incluyendo expedientes, pliegos, ofertas, evaluaciones, adjudicaciones, contratos y órdenes de compra.
También solicita información sobre la cantidad y ubicación de los equipos, sus números de serie, las actas de instalación y recepción, los informes de funcionamiento, los registros de mantenimiento y los comprobantes de cada pago realizado.
El objetivo es determinar si las cantidades contratadas se corresponden con los equipos efectivamente instalados y si los servicios facturados fueron realmente prestados.
Un acuerdo marco que multiplicó las contrataciones
Otro elemento relevante es el mecanismo administrativo que permitió ampliar las operaciones de la empresa con distintas dependencias estatales.
Según una investigación publicada por REALPOLITIK, la decisión administrativa 902/2024, firmada durante la gestión de Guillermo Francos en Jefatura de Gabinete y Diana Mondino en Cancillería, habilitó un acuerdo marco para servicios de impresión, copiado y digitalización.
Este instrumento permitió que diferentes organismos contrataran a proveedores seleccionados mediante órdenes de compra, sin necesidad de desarrollar una licitación independiente para cada operación.
El relevamiento periodístico señala que TNGROUP concentró una parte importante de las contrataciones realizadas mediante ese mecanismo.
La discusión, por lo tanto, también alcanza a las decisiones administrativas que hicieron posible la expansión de este esquema durante la actual gestión nacional.
Austeridad para algunos, millones para otros
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede el alquiler de fotocopiadoras: cómo administra el Estado los recursos públicos y cuáles son los criterios que justifican determinadas contrataciones.
Mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso centrado en el recorte del gasto, la eliminación de estructuras y la reducción de costos de funcionamiento, los números difundidos sobre este servicio plantean preguntas que necesitan respuestas documentadas.
No alcanza con conocer cuánto se contrató. También resulta necesario saber por qué se eligió alquilar en lugar de comprar, cuántos equipos se utilizan efectivamente, qué prestaciones incluyen los contratos y qué mecanismos de control se aplicaron.
Por ahora, los montos y las cantidades expuestos constituyen información periodística que deberá ser contrastada con los expedientes y las respuestas oficiales.
Los pedidos de informes de Marcela Pagano apuntan precisamente a poner la documentación sobre la mesa y establecer si detrás de estas contrataciones existió una administración eficiente de los recursos públicos. Cuando un gobierno convierte la austeridad en una de sus principales banderas, también debe estar dispuesto a explicar cada peso que sale de las arcas del Estado.