Las declaraciones en sede judicial, los escritos presentados por ex autoridades y la aparición de nuevos documentos vuelven a poner bajo la lupa a quienes condujeron el Senado entrerriano durante más de una década. La figura de Adán Bahl aparece cada vez más vinculada al esquema de contrataciones investigado por la Justicia.
La denominada “Causa Contratos II” volvió a sacudir el escenario político y judicial entrerriano luego de las recientes actuaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, que profundizan la investigación sobre el presunto desvío sistemático de fondos públicos a través de contratos irregulares en la Legislatura provincial.
En las últimas horas tomó especial relevancia la declaración de Maximiliano Argento, exfuncionario municipal y hombre de estrecha confianza del exvicegobernador y actual senador nacional Adán Humberto Bahl, quien debió comparecer ante los fiscales para brindar precisiones sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones temporarias en el Senado provincial.
Según trascendió, los investigadores intentan reconstruir cómo operaba el mecanismo administrativo que permitió durante años la utilización de contratos legislativos presuntamente destinados a financiar estructuras políticas, nombramientos cruzados y designaciones de personas vinculadas al poder. La causa también apunta a determinar el grado de responsabilidad de quienes tenían la firma y el control político de las cámaras legislativas.
En ese marco, el nombre de Bahl volvió a ocupar un lugar central. Documentación incorporada al expediente y difundida públicamente expone decretos, recategorizaciones y designaciones que beneficiaron a integrantes de su entorno político y familiar, mientras la fiscalía analiza si existió un esquema sistemático de utilización irregular de recursos estatales.
La investigación también alcanza al exvicegobernador José Eduardo Lauritto, quien presentó un escrito ante los fiscales a través de su defensa técnica. Allí, según trascendió, se sostiene que el Decreto 123 firmado durante su gestión establecía mecanismos de control y regularización administrativa sobre las contrataciones legislativas. Sin embargo, para sectores vinculados a la causa, ese argumento abre un interrogante todavía más delicado: si existían normas claras sobre las responsabilidades administrativas, cómo pudo sostenerse durante años un circuito de contratos bajo sospecha sin conocimiento de las máximas autoridades políticas.
La denominada megacausa “Contratos Truchos” ya había dado un salto institucional semanas atrás, cuando la Justicia notificó formalmente a ex autoridades legislativas como Sergio Urribarri, José Orlando Cáceres y otros dirigentes históricos del peronismo provincial para que designen abogados defensores en el marco del legajo que investiga las responsabilidades políticas del esquema.
Mientras tanto, dentro del peronismo entrerriano crece la preocupación por el impacto político que podría generar el avance judicial de una causa que amenaza con perforar el histórico blindaje que durante años protegió a los principales nombres de la estructura legislativa provincial. Lo que en un principio parecía circunscribirse a operadores administrativos y contratos “fantasma”, hoy comienza a acercarse peligrosamente al núcleo de decisiones políticas que gobernó la Legislatura entrerriana durante más de una década. (Con info de El Portal de Ricardo David)