El fiscal Ernesto de Aragón decidió imputar a las agrupaciones que cortaron las arterias principales y accesos a la capital provincial. Hasta ahora, hay seis identificados.
En el marco de la movilizaciones llevadas este miércoles en la ciudad de Córdoba por parte de Unidad Piquetera y el Polo Obrero, el fiscal Ernesto de Aragón resolvió imputar a los manifestantes que cortaron arterias principales y rutas de acceso a la capital.
El fiscal consideró como «deliberada» la decisión de las organizaciones sociales de bloquear completamente las calles de la ciudad, tras el habeas corpus que empezó a regir desde la semana pasada, que lo prohíbe.
De esta manera, De Aragón iniciará acciones penales al considerar que se constituyó un delito.
«El proceso se inicia con las actuaciones penales, donde habrá imputaciones penales para citar a declarar. Si corresponde, se cita a juicio o no», explicó.
«Desde hace tiempo, sostenemos la legitimidad del reclamo aunque implique transitar por la vía pública. Pero en este caso, desde que se anunció la marcha hasta su desarrollo, no había un reclamo sino la intención de obstaculizar las vías de circulación como medio de protesta», agregó el fiscal.
Según pudo saber este medio, analizarán las cámaras de seguridad para identificar a todas las personas que bloquearon las calles.
Por estas horas, hay por lo menos seis personas identificadas y acusadas de «obstruir las vías de circulación».
Entre los imputados, se encontraría el dirigente del Polo Obrero Córdoba, Emanuel Berardo, que pasadas las 14.30 de este miércoles, dijo que no fue notificado.
«No fuimos notificados. Respecto al habeas corpus, nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura. Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre», dijo Berardo.
Y añadió: «Veremos con nuestros compañeros, que son abogados, este tema de la imputación. No estamos en ninguna ilegalidad, en todo caso será una contravención».
«El derecho a la protesta, la alimentación, la salud y la educación de los pibes debe ser garantizado. Si no son garantizados, se debe reclamar para que se garantice», finalizó.
En tanto, De Aragón dijo que se ha identificado a varias agrupaciones, aunque no precisó cuáles.
Fuente: (Cadena 3)