El diputado provincial y precandidato a gobernador se reunió con Andrés “Cuervo” Larroque y puso en discusión el modelo de provisión de alimentos que impulsa el Gobierno de Entre Ríos. Comparó el esquema entrerriano con el sistema bonaerense y reclamó priorizar a los proveedores locales.
El debate por el nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares de Entre Ríos sumó una nueva voz política. El diputado provincial y precandidato a gobernador Enrique Cresto cuestionó la decisión del Gobierno de Rogelio Frigerio de modificar el esquema vigente y puso el foco en el destino de los recursos públicos destinados a la alimentación de los chicos.
Cresto hizo pública su posición luego de mantener una reunión con Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, encuentro en el que, según expresó, analizaron la situación social y económica que atraviesa el país.
A partir de esa conversación, el dirigente entrerriano planteó una comparación entre los modelos de ambas provincias.
“Mientras Buenos Aires sostiene un sistema de alimentación escolar con menús establecidos, planificación nutricional, controles y participación de las escuelas en las compras, en Entre Ríos el Gobierno decidió centralizar la provisión de alimentos en una empresa de Buenos Aires”, señaló Cresto.
El Gobierno entrerriano anunció durante julio un nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares, con el argumento de avanzar hacia un esquema unificado y con cambios en la modalidad de funcionamiento.
La modificación generó cuestionamientos de sectores vinculados a los proveedores locales y de organizaciones sindicales. Una publicación de julio señaló que pymes entrerrianas manifestaron preocupación porque el nuevo esquema desplazaría a empresas locales y otorgaría la contratación a una firma radicada en Buenos Aires.
En agosto, ATE Entre Ríos también cuestionó el nuevo sistema y mencionó específicamente a la empresa Teknofood, además de advertir sobre posibles consecuencias laborales y nutricionales. Se trata, en este caso, de la posición expresada públicamente por el sindicato, que además informó sobre una medida cautelar que frenaba el avance de la concesión.
Dos modelos y una discusión de fondo
Para Cresto, la discusión excede la modalidad de compra de alimentos. En su planteo aparece una cuestión vinculada al desarrollo económico provincial: qué ocurre con el dinero que el Estado destina a garantizar la alimentación de miles de estudiantes y qué impacto tiene esa decisión sobre los proveedores y trabajadores entrerrianos.
“Nosotros creemos que la plata de los entrerrianos tiene que quedarse en Entre Ríos, generar trabajo para nuestros proveedores y, fundamentalmente, garantizar una alimentación digna y de calidad para nuestros gurises”, sostuvo.
La definición sintetiza una de las líneas que Cresto viene planteando en su posicionamiento político de cara a 2027: defender una mirada provincial sobre los recursos públicos y reclamar que las decisiones del Estado tengan también un impacto directo sobre la producción, el empleo y el consumo dentro de Entre Ríos.
En ese sentido, el debate por los comedores escolares vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende la provisión de alimentos: cuando el Estado entrerriano compra, ¿debe priorizar la centralización y la contratación de grandes proveedores o utilizar ese gasto público como una herramienta para fortalecer a quienes producen, trabajan y tributan en la provincia?
La respuesta forma parte de una discusión política que recién comienza y que, con la mirada puesta en 2027, promete ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda entrerriana.