La CONADU confirmó un paro nacional para el 27 y 28 de agosto. Los gremios reclaman el envío de fondos previsto por la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los haberes, mientras advierten por la pérdida de poder adquisitivo y la salida de docentes e investigadores.
Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán un paro nacional de 48 horas el 27 y 28 de agosto en todo el país. La medida responde al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y por la situación salarial de quienes trabajan en el sistema.
La huelga fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, en medio de una disputa que combina reclamos gremiales, judiciales y políticos alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue ratificada por el Congreso después del veto presidencial, pero su aplicación todavía genera controversias.
Uno de los principales puntos del conflicto es la falta de transferencias presupuestarias a las casas de estudio, pese a que existen fallos judiciales que ordenan cumplir con lo establecido por la legislación que volvió a ser respaldada por el Poder Legislativo.
La falta de esos recursos repercute directamente en el funcionamiento de las instituciones públicas. Según el planteo de los gremios, también afecta las partidas destinadas a los salarios del personal académico y a los programas de becas para estudiantes.
En paralelo, el reclamo salarial ocupa un lugar central en la convocatoria. La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura formal de la paritaria. Además, sostiene que esos incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada.
De acuerdo con las estimaciones de las organizaciones gremiales, los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de aquel momento, plantean que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
El deterioro afecta con mayor fuerza a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también genera dificultades entre los trabajadores con cargos de dedicación exclusiva.
A este escenario se suma otra preocupación dentro del sistema universitario. Autoridades y representantes del sector advierten por la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado, debido a las diferencias de ingresos frente al sector privado y a instituciones del exterior.
Según el planteo del ámbito universitario, esa brecha salarial provoca un drenaje de recursos humanos que impacta tanto en la calidad educativa como en la producción científica y tecnológica nacional.
El paro del 27 y 28 de agosto se concretará mientras continúa demorada la aplicación efectiva de la ley. Frente a la falta de respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo, las organizaciones sindicales mantienen abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha.