El Ministerio de Economía sostuvo que «el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».
El Gobierno nacional anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración del ex presidente Mauricio Macri.
El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue elevado al Congreso e incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.
La iniciativa -que lleva como título «Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresó al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente.
Este nuevo programa viene a reemplazar “el fallido programa Stand By acordado en 2018, por un nuevo programa de Facilidades Extendidas”, agregó el comunicado.
Minutos después del anuncio realizado por el Gobierno, el FMI también salió a confirmar el entendimiento, al que calificó de «pragmático y realista».
El Palacio de Hacienda sostuvo que «el nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo».
«El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034», detalló la cartera que conduce Martín Guzmán.
Aseguró que el acuerdo alcanzado, logrado tras más de un año y medio de negociaciones, contempla «la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica».
«En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas», señalaron.
A lo que agregaron que «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas».
«Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales», recalcaron desde el Palacio de Hacienda. También remarcaron que «el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional».
«Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609», añadieron y ratificaron la decisión de «lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso», revisiones que «abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales».
Esquemas tarifarios
El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un esquema tarifario de los servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con «criterios de justicia y equidad distributiva», incluirá la política de segmentación y no superará el nivel de los salarios, para lo cual convocará a una nueva audiencia pública a realizarse a fines de abril próximo.
Así, se contempla en el acuerdo que el Gobierno argentino cerró con el staff del Fondo Monetario y que en formato de proyecto de Ley remitirá al Congreso para aprobar los términos del refinanciamiento de la deuda por US$45.000 millones, cuyos anexos incluyen compromisos y textos técnicos que darán lugar a un nuevo programa de facilidades extendidas.
Tras alcanzar el entendimiento, la cartera económica informó que el acuerdo atiende la «gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía», por lo que reafirmó que el Gobierno está «comprometido en procurar el logro de los objetivos económicos y fiscales más amplios».
En ese marco de estrategia energética, la administración del presidente Alberto Fernández está determinada a «lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso».
De esta manera se dispondrán revisiones a los cuadros tarifarios vigentes que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, y cuyas actualizaciones a partir de nuevos parámetros serán motivo de una nueva audiencia pública que será convocada para fines de abril próximo.
La redefinición de estrategia en materia tarifaria de servicios energéticos se da en momentos en que desde el 1 de marzo entraron en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios -resultantes de las correspondientes audiencia públicas- de entre el 17% y el 20% promedio, porcentuales que serán incluidos para el cálculo de los incrementos totales a aplicar en el actual año calendario.
Las nuevas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiere, para lo cual se acordaron tres parámetros que son parte del texto del acuerdo con el organismo multilateral de crédito.
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por el expresidente Mauricio Macri en junio de 2018, tal como ya había adelantado el presidente Alberto Fernández en su mensaje a la Asamblea Legislativa.
Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, audiencia pública mediante, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 para «una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago», aseguró el Palacio de Hacienda.
Ese esquema, agregó, se enfocará en «el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios».
La cartera económica precisó a comienzos de la tarde que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles. El primero de ellos, el de usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago. El segundo de usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior. Y para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior, índice que en 2021 fue de 53,4%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios que mantengan algún porcentaje de subsidio.
La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI, con potencias mayores a 300 kW), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
Las discusiones sobre los ajustes tarifarios insumieron gran parte del último tramo de las negociaciones con el FMI, debido al peso que tienen los subsidios energéticos en el déficit fiscal.
En la Presidencia de Macri se buscó reducir el gasto en subsidios, pero a costa de aumentos tarifarios que en los cuatro años de gestión oscilaron el 3.000%.
En el final de la administración macrista se retomó el congelamiento que -con ajustes menores- se inició tras al fin de la Convertibilidad hasta finales de 2015, y que fue continuado por el actual presidente Alberto Fernández, con una interrupción parcial en 2021, cuando se procedió a ajustes del 9% en la tarifa de electricidad.
La contracara de ese mantenimiento del esquema tarifario fue la elevación del gasto en subsidios a niveles que llegaron a superar el total del déficit primario.
Al respecto, los subsidios para el sector energético pasaron de $186.294 millones en 2018 a $1.046.300,5 millones en 2021, con un incremento en tres años del 461,6%, según datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Pero subsanar ese problema implica un aumento de tarifas que, según el porcentaje aplicado, podría incidir en forma negativa en el poder adquisitivo de la población, en especial los sectores socialmente más vulnerables, tal como ocurrió entre 2016 y 2018.
Ese aspecto fue atendido en las negociaciones con el FMI y finalmente se pudo acordar que, salvo los sectores de mayor capacidad económica, la mayoría de la población no tenga que pagar aumentos superiores a la variación salarial.
Fuente: Minuto Uno