La Libertad Avanza debió postergar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado ante la falta de respaldos para conseguir el dictamen. El oficialismo cuenta con ocho de las diez firmas necesarias y todavía negocia con legisladores aliados. Las diferencias por las listas colectoras y las condiciones impuestas por los gobernadores complican el avance de una iniciativa clave para el armado electoral de 2027.

El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés en su estrategia legislativa. La Libertad Avanza no consiguió reunir los apoyos necesarios para emitir dictamen sobre la reforma electoral que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y tuvo que postergar el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
La decisión llegó después de una reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, donde quedó expuesta la dificultad para cerrar los acuerdos con los bloques dialoguistas. La comisión pasó a un cuarto intermedio y continuará el debate este miércoles, mientras el oficialismo intenta conseguir las adhesiones que todavía le faltan.
El oficialismo cuenta hasta el momento con ocho de las diez firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría. Los seis integrantes de La Libertad Avanza y los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez conforman ese primer respaldo.
La dificultad está en conseguir las dos firmas restantes entre los legisladores que mantienen posiciones abiertas o condicionan su acompañamiento a modificaciones del proyecto.
Entre los nombres que concentran las negociaciones aparecen el correntino Carlos Camau Espínola, el radical catamarqueño Flavio Fama, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Beatriz Ávila, aunque sus posiciones y las instrucciones de los gobernadores de sus provincias no son coincidentes.
Las colectoras, el precio del acuerdo con los gobernadores
Uno de los principales obstáculos de la negociación está relacionado con la incorporación de listas colectoras o de adhesión al proyecto oficialista.
La Casa Rosada dejó de lado la eliminación definitiva de las PASO, que no encontraba suficiente respaldo, y comenzó a negociar una alternativa para suspenderlas. A cambio, incorporó la posibilidad de habilitar listas de adhesión, un mecanismo reclamado por gobernadores aliados que permitiría vincular candidaturas legislativas provinciales con una candidatura presidencial.
Sin embargo, la modificación también generó resistencias. No todos los sectores aliados están dispuestos a acompañar el proyecto en esos términos y existen diferencias incluso dentro de La Libertad Avanza.
Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, manifestó reparos sobre la incorporación de las colectoras, aunque desde su entorno dejaron trascender que acompañará la iniciativa y conducirá el debate parlamentario.
El PRO, por su parte, confirmó su disposición a respaldar la suspensión de las primarias, pero también expresó objeciones respecto de las modificaciones electorales y la rapidez con la que el oficialismo pretende avanzar.
Los números que todavía no cierran
La dificultad del Gobierno no termina en la comisión. Para conseguir la media sanción en el Senado necesita reunir 37 votos, una mayoría que todavía no tiene garantizada.
De acuerdo con las estimaciones publicadas por La Nación, antes de conocerse el respaldo del PRO el oficialismo contaba con 31 votos asegurados. El acompañamiento anunciado por ese espacio mejoró las perspectivas libertarias, pero no alcanzaría por sí solo para garantizar la aprobación.
En otras palabras, el Gobierno necesita transformar los acuerdos políticos en votos concretos y evitar que las diferencias entre los gobernadores y sus representantes parlamentarios terminen bloqueando la iniciativa.
El debate también encuentra resistencia en Unión por la Patria. Desde ese espacio cuestionan la intención de modificar las reglas electorales a pocos meses de un nuevo proceso electoral y defienden las PASO como una herramienta para garantizar la competencia interna de los partidos políticos.
Una reforma electoral atravesada por la disputa de 2027
Detrás de la discusión legislativa hay una disputa que excede la organización de las elecciones primarias. La suspensión de las PASO modificaría el escenario en el que las fuerzas políticas deberán resolver sus candidaturas y alianzas para 2027.
Para el oficialismo, la iniciativa representa una oportunidad para ordenar su estrategia electoral y evitar que las primarias se conviertan en un escenario de competencia interna que complique sus acuerdos políticos. Al mismo tiempo, la incorporación de las colectoras aparece como una moneda de negociación con los gobernadores que buscan conservar margen de maniobra en sus respectivos distritos.
Pero la postergación del dictamen deja en evidencia una dificultad política para Javier Milei: incluso con el respaldo de sectores que habitualmente acompañan sus iniciativas, el Gobierno no consigue avanzar sin negociar modificaciones y concesiones.
La reforma electoral quedó así atrapada entre las necesidades de la Casa Rosada y los intereses de sus propios aliados. Y mientras el calendario electoral de 2027 comienza a instalarse en la agenda política, el oficialismo descubre que modificar las reglas del juego requiere algo más que voluntad presidencial: necesita construir mayorías que, por ahora, todavía no tiene.