El próximo Congreso del Partido Justicialista de Entre Ríos promete algo más que una discusión partidaria interna. Detrás de las tensiones por expulsiones, sanciones y alineamientos políticos, empieza a asomar un tema mucho más delicado: el cuestionamiento al funcionamiento institucional del PJ y las denuncias vinculadas al sistema SIRA, el esquema de importaciones nacionales que vuelve a quedar bajo la lupa judicial federal.
Según pudo reconstruirse, uno de los ejes centrales del conflicto interno está relacionado con los planteos que desde hace tiempo vienen realizando Domingo Daniel Rossi y el abogado Carlos Guillermo Reggiardo respecto de la falta de internas partidarias, la no convocatoria en los plazos establecidos y el incumplimiento en la constitución de órganos partidarios conforme lo resuelto por el propio Congreso del PJ.
Esos cuestionamientos no quedaron solamente en discusiones políticas. Varias de las objeciones derivaron en presentaciones formales e incluso en una denuncia penal que hoy adquiere una dimensión inesperada tras conocerse que el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi volverán a investigar el sistema de importaciones de la República Argentina durante el gobierno anterior.
De acuerdo con los primeros trascendidos nacionales, el presunto perjuicio económico bajo análisis rondaría los 7.500 millones de dólares, una cifra que algunos dirigentes entrerrianos ya comparan con “150 causas de contratos truchos juntas”, en referencia al escándalo de corrupción que sacudió a Entre Ríos y que todavía mantiene derivaciones judiciales y políticas abiertas.
En ese contexto, dentro del peronismo entrerriano crece la preocupación por el impacto político que podrían tener nuevas investigaciones federales sobre estructuras de financiamiento, vínculos empresariales y mecanismos administrativos utilizados durante los últimos años. Algunos sectores consideran que las expulsiones y disciplinamientos internos buscan anticiparse a futuros escenarios judiciales y cerrar filas antes de que reaparezcan expedientes sensibles.
Las críticas de Rossi y Reggiardo apuntan específicamente a que el PJ provincial habría dejado de funcionar conforme su propia carta orgánica, evitando la participación interna y concentrando decisiones en estructuras reducidas de conducción. Según sostienen, esa falta de institucionalidad no sólo vacía al partido de debate político real, sino que además impide mecanismos de control interno sobre decisiones sensibles.
La reactivación de la investigación federal sobre el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), amenaza ahora con proyectar nuevamente sobre la política argentina un esquema de presuntas autorizaciones discrecionales, privilegios económicos y posibles retornos vinculados al comercio exterior. Y en Entre Ríos, donde el recuerdo de los contratos truchos todavía permanece fresco, muchos empiezan a preguntarse si el próximo Congreso del PJ podrá discutir solamente expulsiones o si terminará inevitablemente atravesado por un debate mucho más profundo sobre corrupción, poder y funcionamiento institucional. (La Caldera)