El giro kirchnerista del Frente de Todos con el nombramiento de Silvina Batakis en Economía fue recibido con calma por la CGT, que en su primera reunión de análisis de la crisis interna optó por concentrarse en su mayor preocupación: forzar el cumplimiento del Gobierno al compromiso de Alberto Fernández por cubrir un rojo de 35 mil millones de pesos de sus obras sociales. La “mesa chica” de la central, infrecuentemente con la participación de todos sus espacios representativos, abrió un período de espera para reforzar esa negociación y medir los primeros pasos de la nueva ministra antes de convocar a su Consejo Directivo.

El encuentro en la sede del gremio de estatales UPCN contó con la presencia de los tres secretarios generales, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, así como del dueño de casa y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez; Mario Manrique (mecánicos, Smata), Sergio Romero (docentes de UDA), Mario Caligari (número dos de la Unión Tranviarios Automotor), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Rodolfo Daer (Alimentación), Argentino Geneiro (Gastronómicos) y Jorge Sola (personal del seguro). El debate arrancó dos horas más tarde de lo previsto por la concurrencia de varios dirigentes a la jura de Batakis.

En orden de prelación los gremialistas acordaron que en la nueva etapa del Gabinete económico pondrán sus esfuerzos en proteger el modelo sindical, las negociaciones paritarias y la sustentabilidad de las prestadoras de salud sindicales. En cuanto a los salarios se confirmó el rechazo de la CGT a las sumas fijas universales que propugna Cristina de Kirchner. No obstante la vicepresidenta, a diferencia de otras ocasiones, no fue objeto de la ira de los dirigentes.

Desde que Daer acudió a un encuentro con la expresidenta en el Senado el encono del sindicalismo más tradicional se aplacó.

Promesas

Aunque se ausentó José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el especialista en la problemática de las obras sociales, los reclamos por fondeo a esas entidades estuvieron a lo largo de toda la charla. Como reveló este diario se trata de exigirle a Alberto Fernández el cumplimiento de una promesa que arrastra del año pasado y que en 2022 representa unos 35 mil millones de pesos en concepto de cobertura de las prestaciones de educación y transporte para los afiliados discapacitados de las obras sociales.

A tal punto el tema está al tope de las preocupaciones de los dirigentes que incluso las metáforas elegidas en las charlas de ayer parecían inspiradas en la materia: “aunque sea con muletas, el Presidente tiene que llegar al final de su mandato”, avisó el referente de un gremio de servicios. Otro sindicalista, para no adelantar una sentencia negativa contra Batakis por su cercanía a Cristina, apuntó: “esperemos a ver para dónde cojea el rengo”.

Por Pcv

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