Mientras la administración de Javier Milei busca reducir al menos 20.000 puestos de trabajo en el Estado nacional mediante un régimen de retiros voluntarios, durante octubre oficializó más de 50 designaciones de funcionarios. Un relevamiento publicado por Perfil reveló que el 81% de esos nombramientos contó con excepciones a los requisitos de contratación, formación y experiencia. La contradicción vuelve a poner bajo la lupa el discurso de austeridad y reducción del gasto público.
El discurso de achicar el Estado y reducir el gasto público vuelve a quedar frente a una contradicción difícil de disimular. Mientras el Gobierno de Javier Milei pone en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a reducir la planta de trabajadores de la administración pública nacional, durante octubre oficializó más de 50 designaciones de funcionarios en distintas áreas del Ejecutivo.
La información, publicada por el diario Perfil a partir de un relevamiento de los registros del Boletín Oficial, expone una particularidad que profundiza el debate: el 81% de esos nombramientos estuvo alcanzado por excepciones a determinados requisitos de contratación, entre ellos las condiciones mínimas de formación y experiencia profesional exigidas por la normativa vigente.
El dato adquiere mayor dimensión en un contexto en el que el oficialismo presenta la reducción de personal estatal como una de las principales herramientas para ordenar las cuentas públicas y avanzar hacia un Estado más pequeño.
Retiros voluntarios para los trabajadores, designaciones para la estructura política
El régimen de retiros voluntarios quedó establecido mediante el Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial. El mecanismo habilita a trabajadores de planta permanente y empleados con contratos por tiempo indeterminado a solicitar su desvinculación entre el 1 y el 30 de noviembre.
El objetivo anunciado por el Ejecutivo es reducir al menos 20.000 puestos de trabajo en la administración pública nacional. Quienes adhieran recibirán una gratificación económica por su salida y, según las condiciones establecidas, no podrán reincorporarse al sector público nacional durante ocho años.
Sin embargo, mientras se invita a los trabajadores estatales a abandonar sus puestos, el mismo Gobierno avanzó con decenas de designaciones en cargos jerárquicos y dependencias oficiales.
De acuerdo con el relevamiento de Perfil, más de 40 resoluciones incluyeron autorizaciones excepcionales para designar personas que no reunían los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Esas exigencias contemplan, según la categoría, títulos universitarios, especialización profesional y experiencia laboral acreditada de entre tres y seis años en funciones similares.
A esto se suma que varios nombramientos quedaron exceptuados de las restricciones establecidas por el Decreto 934/2025, que limita las nuevas contrataciones dentro del Estado nacional.
Los nombres detrás de las designaciones
Entre los nombramientos oficializados aparece el de Javier Nicolás Prizito, quien quedó a cargo de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital de la Secretaría de Vocería Presidencial. Su designación contempla excepciones tanto a los requisitos de formación y experiencia como a las restricciones generales de contratación.
También se oficializó la designación de Cecilia Candela Rivero al frente de la Dirección Nacional de Relaciones con las Provincias de la Jefatura de Gabinete, mediante una resolución firmada por Diego Santilli.
El relevamiento también expuso situaciones particulares en diferentes organismos. En la Jefatura de Gabinete, el 92% de los nombramientos analizados presentó dispensas, mientras que en el Ministerio de Capital Humano las excepciones alcanzaron al 75%. En el área de Salud, el porcentaje de designaciones que no cumplían alguno de los requisitos llegó al 80%.
Los números permiten observar que las excepciones no fueron situaciones aisladas, sino una práctica extendida en buena parte de las incorporaciones oficializadas durante octubre.
ATE denuncia despidos encubiertos
El plan de retiros voluntarios también generó fuertes cuestionamientos sindicales. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificaron la iniciativa como un mecanismo de despidos extorsivos y advirtieron sobre las consecuencias que puede tener para miles de trabajadores.
El sindicato cuestiona especialmente las condiciones en las que se plantea la adhesión, la pérdida de la estabilidad laboral y la imposibilidad de regresar a la administración pública nacional durante ocho años. Además, advierte que los puestos que queden vacantes no podrán cubrirse durante al menos dos años.
Para la organización gremial, no puede hablarse de una decisión plenamente voluntaria cuando los trabajadores enfrentan un escenario de incertidumbre laboral y deterioro de sus condiciones de empleo.
La austeridad, una discusión que excede los números
La discusión ya no pasa solamente por cuántos empleados públicos pretende reducir el Gobierno, sino también por qué Estado está construyendo y cuáles son las prioridades de su política de personal.
Porque si el argumento central es que no hay recursos para sostener la estructura estatal, resulta inevitable preguntarse cómo se explica que, mientras miles de trabajadores son convocados a retirarse, se continúen oficializando designaciones de funcionarios y se flexibilicen requisitos que el propio Estado establece para ocupar determinados cargos.
La motosierra parece tener dos velocidades. Una para los trabajadores que sostienen cotidianamente el funcionamiento de los organismos públicos y otra para una estructura política que continúa encontrando espacio para nuevas designaciones.
La promesa de terminar con los privilegios de la política vuelve así a chocar con una realidad que merece explicaciones. Reducir el Estado no puede convertirse en una consigna selectiva en la que el ajuste recae sobre los trabajadores mientras las excepciones y los nombramientos siguen formando parte de la maquinaria oficial.