Médicos, enfermeros, enfermeras y choferes del Hospital 9 de Julio esperan desde hace cuatro meses el pago de viáticos correspondientes a traslados ya realizados. El reclamo viene siendo planteado desde hace tiempo y, según los trabajadores, todavía no encuentran una respuesta concreta. El planteo también alcanza a las autoridades del hospital y al diputado provincial Bruno Sarubi, a quienes reclaman gestiones para destrabar una situación que impacta directamente sobre sus familias.
La situación que atraviesa parte del personal del Hospital 9 de Julio de La Paz vuelve a poner sobre la mesa una problemática que excede a una institución y que durante los últimos meses también tuvo expresiones en distintos puntos de Entre Ríos: trabajadores de la salud que cumplen con sus tareas, realizan traslados, cubren guardias y sostienen servicios esenciales, pero deben esperar durante semanas o meses para percibir conceptos vinculados con ese trabajo.
En La Paz, el reclamo concreto apunta a los viáticos adeudados desde hace cuatro meses a personal que participa de los traslados sanitarios. Médicos, enfermeros y choferes sostienen que los viajes fueron realizados y que, por lo tanto, no se trata de una tarea pendiente sino de un servicio que ya fue efectivamente cumplido.
La situación genera preocupación especialmente entre los trabajadores que deben afrontar combustible, alimentación, gastos familiares y el deterioro general del poder adquisitivo.
El pedido apunta directamente a quienes tienen responsabilidades institucionales. La dirección del Hospital 9 de Julio, el director Dr. Fabio Paladino, la Jefa de Personal María Elena Cejas y el Diputado Provincial Bruno Sarubi son señalados por los trabajadores como quienes deberían realizar todas las gestiones que estén a su alcance para encontrar una solución y garantizar el pago de lo adeudado.
Un reclamo que tiene antecedentes en toda la provincia
El problema de La Paz no aparece aislado dentro del sistema sanitario entrerriano.
En mayo de 2025, el Sindicato de Choferes Oficiales de la Provincia de Entre Ríos —SCOPER— había declarado el estado de alerta y movilización y denunciado, entre otros puntos, la falta de viáticos, el exceso de horas de trabajo, las guardias pasivas y la falta de reconocimiento de tareas efectivamente realizadas. En aquella oportunidad, el gremio también advertía que los choferes, por tratarse de un servicio esencial, no podían recurrir a un paro tradicional sin afectar la atención de los pacientes.
El reclamo volvió a tener repercusión durante agosto de este año. Representantes de los choferes de ambulancias fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud provincial para abordar diferentes demandas del sector.
También se conoció durante ese mes el reclamo de choferes del Hospital San Blas de Nogoyá por el pago de guardias y la necesidad de encontrar soluciones para garantizar los traslados y las derivaciones. Las autoridades sanitarias analizaron alternativas relacionadas con los códigos remunerativos y la disponibilidad de recurso humano.
Es decir, existe una discusión provincial previa sobre las condiciones laborales de quienes conducen ambulancias y realizan traslados sanitarios. Lo que ocurre ahora en La Paz vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión elemental: quienes sostienen un servicio esencial también necesitan que sus derechos laborales sean respetados en tiempo y forma.
Cuando el trabajador también termina siendo señalado
Hay otro aspecto del reclamo que merece especial atención.
Quienes realizan los traslados sanitarios no solamente afrontan jornadas extensas y responsabilidades laborales importantes. También quedan muchas veces expuestos a las críticas cuando una derivación no llega a destino en el tiempo esperado, cuando existen dificultades durante el traslado o cuando las condiciones del sistema impiden brindar una respuesta inmediata.
Choferes, médicos y enfermeros terminan siendo, en numerosas oportunidades, la cara visible de problemas que exceden sus propias posibilidades de decisión. Y mientras tanto, continúan viajando. Porque hasta el momento, aseguran los trabajadores, ninguno de ellos dejó de realizar los traslados cuando un paciente necesita ser derivado.
La explicación es sencilla y, al mismo tiempo, contundente: primero está la salud del paciente. Esa decisión habla de compromiso profesional, pero no debería convertirse en una excusa para naturalizar el incumplimiento de obligaciones laborales.
El compromiso no puede convertirse en abuso
Durante los últimos meses también se multiplicaron en Entre Ríos los reclamos de trabajadores de la salud por salarios, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo. En abril, personal de enfermería y trabajadores de distintos efectores públicos reclamaron una recomposición salarial y denunciaron aumento de carga horaria, acumulación de francos y falta de personal.
Un informe publicado en agosto por ANÁLISIS volvió a describir un escenario marcado por mayor demanda, menos recursos, sobrecarga laboral y dificultades organizativas dentro de distintos efectores de la provincia.
En ese contexto, el reclamo de La Paz adquiere una dimensión que merece ser escuchada. No se está pidiendo un privilegio. Se está reclamando el pago de un concepto correspondiente a tareas que ya fueron realizadas.
Los trabajadores cumplieron con su parte. Ahora corresponde que quienes tienen responsabilidades administrativas y políticas cumplan con la suya.
El compromiso y la vocación de médicos, enfermeros y choferes no pueden utilizarse como una garantía permanente para postergar pagos. Porque detrás de cada viático hay un trabajador y detrás de cada trabajador hay una familia.
Y si el sistema sanitario necesita que esas personas estén disponibles cada vez que una ambulancia debe salir, también necesita garantizarles condiciones laborales dignas y el pago en tiempo y forma de aquello que les corresponde.
En La Paz, cuatro meses de espera ya parecen demasiado.