Se trata de Marcelo Hertzriken Velasco, quien insistió ante la Fiscalía federal de Bariloche ser tomado como querellante. Acusa al CEO dl Grupo Clarín Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, de recibir supuestas dádivas del empresario inglés expropiador del Lago Argentino, Joe Lewis.
La filtración de los chats entre funcionarios judiciales, un ministro del PRO y empresarios de medios de comunicación motivó una nueva presentación en la Justicia federal, ésta vez con pedidos de detención.
En diálogo con Radio 10 (ver abajo), Marcelo Hertzriquen Velasco, el abogado que presentó semanas atrás una denuncia en Bariloche a través de la cual se dio inicio a una investigación por el viaje a Lago Escondido ocurrido a principios de octubre pasado, confirmó este martes que pidió a la Justicia que detenga a los participantes que no tienen fueros, y arbitre las medidas necesarias para proceder al desafuero de los jueces que participaron y así detenerlos con prisión preventiva.
El planteo fue presentado ante la Fiscalía federal de Bariloche. Ahí es donde está radicada la causa a cargo de la fiscal María Cándida Etchepare, que según surge de la filtración que se conoció el fin de semana habría recibido indicaciones del fiscal general de la CABA, Juan Mahíques, sobre cómo manejar la investigación.
Se trata del tercer planteo que presenta el abogado que de entrada buscó convertirse en querellante con el argumento de que «como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometió».
En concreto, el abogado le pidió a la Justicia la detención del administrador de la estancia de Joe Lewis Nicolás Von Ditmar, del especialista en comunicación Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín Pablo Casey y del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Los señala por «entorpecimiento investigativo» y pide que sean llamados a indagatoria «toda vez que han ofrecido dádivas cuyo valor promedia los U$D 5.000/10.000 por cada uno, ya sea como autores o partícipes necesarios».
Hertzriquen dejó en claro que se los debe detener porque a su criterio que estén en libertad implica un «riesgo procesal».